El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.

Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.

Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.

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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.

Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.

“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.

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El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) consta de dos grandes matrices: desarrollar más seguridad jurídica y continuar con el sistema de modernización del Estado, puntualizó ayer Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia, a través de una entrevista de la Vocería del Gobierno, en que también fue abordado el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón.

“Se decidió que el Poder Judicial esté a cargo del registro y se encargue de llevar los procesos. Además, se empezó a trabajar de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y Judicial, logrando lo que nunca antes se vio en un proyecto: que la iniciativa esté firmada por dos poderes del Estado”, señaló Moreno, recordando que uno de los problemas del registro es la existencia de tres ventanas burocráticas para el ciudadano: una en el Poder Judicial, a través del Registro Público; otra bajo el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Geodesia; y otra bajo el Ministerio de Economía, con la Dirección de Catastro.

Por su parte, el ministro de la CSJ indicó que, en principio, dentro de lo que resta del mes de setiembre, el Senado estaría concluyendo la revisión de la normativa para avanzar el proceso legislativo. “La norma no será efectiva hasta un año después y durante ese tiempo realizaremos un trabajo muy grande para la unificación de la tramitación. Lo que propició este proyecto es el problema de los inmuebles, de modo tal a poder solucionarlo”, refirió Martínez Simón.

El Registro Unificado Nacional (RUN) permitirá conocer las cantidades de titulaciones superpuestas de terrenos. “El proyecto es muy claro en dejar en manos del Poder Judicial, como corresponde constitucionalmente, la resolución de estos conflictos. La propuesta tiene más de 200 artículos y ahora está a consideración del Poder Legislativo”, recalcó el magistrado.

El tribunal de Apelación integrado por María Belén Agüero, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas ratificó la prisión preventiva del músico Pablo Benegas, imputado por abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensa. Semanas atrás, la jueza de Garantía Cynthia Lovera decidió confirmar la prisión de Benegas.

Los camaristas mencionaron que la defensa del imputado no ha presentado elementos nuevos que ameriten la modificación de la medida de prisión preventiva. También mencionaron que existe el peligro de fuga de parte del procesado, por lo que corresponde que siga privado de su libertad.

La jueza de Garantía Lovera ratificó la prisión del músico atendiendo que existe peligro de fuga y peligro de obstrucción, teniendo presente además la gravedad del hecho imputado. Este fallo judicial se apeló y se ratificó la prisión preventiva.

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El Ministerio Público inició una investigación penal contra el referido cantante por existir sospechas de abuso sexual contra dos niñas y a raíz de eso ambas víctimas tuvieron que ser internadas de urgencia.

El suceso fue denunciado el 10 de noviembre del año pasado por personal de blanco del Hospital Barrio Obrero, hasta donde llegaron las niñas para una atención médica. Las víctimas mencionaron lo sucedido a una profesora del Centro Comunitario Chacarita. Una vez inspeccionadas en el centro asistencial, los médicos constataron que una de ellas tenía cocaína en su sistema, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio Público.

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El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.

La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.

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