El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, enfrentará un juicio oral y público por el hecho punible de cohecho pasivo agravado o pedido de coima. Así lo resolvió el juez penal de Garantías, Yoan Paul López, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo vía telemática.
La audiencia preliminar se pudo llevar a cabo tras suspenderse en varias ocasiones por chicanas que se presentaron en el presente proceso penal contra el exalto magistrado. Ahora se tendrá que sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que tendrán a su cargo juzgar al exministro Bajac.
Igualmente, una vez conformado el tribunal colegiado, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público, en el que se podría dar un hecho histórico, que es la condena a un exministro de la máxima instancia judicial.
Acusación
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios para sospechar que Bajac, en ese momento siendo uno de los ministros que juzgaron en el juicio “Cal Agro SA s/ resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios por Resp. Contractual”, habría solicitado la suma de G. 3.700 millones más 50.000 dólares a Felipe Nery Páez y a Liduvina Rodríguez Mendieta.
La Fiscalía cuenta con testimonios de Páez y de Rodríguez Mendieta, además de grabaciones de llamadas telefónicas y filmaciones, en audio y video, del procedimiento fiscal-policial que se realizó el 5 de julio del 2018.
Las grabaciones fueron con autorización judicial y se pudo captar a Páez y a los funcionarios judiciales Rafael Ramírez y Carlos Lesme, en ese tiempo dependientes de Bajac, quien era integrante de la máxima instancia judicial.
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Piden justicia para paraguayo asesinado en Argentina por guardia de estación de tren
Familiares de Miguel Morínigo, paraguayo residente en Argentina, que fue asesinado el 2 de diciembre del 2023 mientras volvía de su lugar de trabajo por un guardia, denunciaron este martes que hasta ahora las investigaciones no avanzan y que el supuesto autor sigue libre con total impunidad.
El terrible hecho quedó grabado en imágenes de cámaras de seguridad de la estación de Villa Lugano, donde se puede ver como la víctima, de 46 años, iba caminando sobre la vereda en una parada de trenes y fue interceptado por el guardia Elías Colmán. El hombre se desempeñaba como albañil y estaba regresando de su lugar de trabajo.
El guardia de la estación aparentemente lo increpó, pero la víctima decidió seguir su camino, al ser ignorado, el atacante decide empujarlo, pese a que Miguel estaba rengueando y con dos bolsones en las manos. Tras ser empujado y agredido, Miguel intentó lanzar algunos golpes para defenderse, pero el funcionario le da un golpe fatal a la altura del rostro, lo que hace que la víctima se desplome. Morínigo quedó tendido en el suelo y presentó muerte cerebral, mientras el acusado alegó que lo encontró en el banco.
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Piden cambio de carátula
“Estamos pidiendo que se cambie la carátula del caso de mi hermano. La causa ahora está en la Cámara 5 de Apelaciones y pedimos que se haga justicia por Miguel”, explicó Lucy Morínigo, hermana de la víctima, en entrevista con La Nación/Nación Media.
La familia, que se encuentra en el vecino país, se reúne todos los días y sale a las calles para pedir justicia, para que el supuesto autor de crimen sea puesto tras las rejas. Lucy afirmó que las pruebas están a la vista y que el hombre igual mintió a las autoridades con relación a cómo ocurrieron los hechos.
Sigue libre
“El autor del terrible crimen de mi hermano sigue libre. Pedimos que Colmán sean acusado por homicidio culposo o alevoso, queremos que sea cambiada la carátula del caso que figura como preterintencional (significa más allá de la intención)”, puntualizó para La Nación.
Agregó que el hombre tras dar el golpe fulminante a su hermano manipuló el cuerpo e incluso le revisó, por lo que sospechan que le sacó la tarjeta de pase para el viaje. Además, llamó tarde a la ambulancia para sus correcta asistencia y mintió a los oficiales que llegaron al sitio.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
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Policía Antisecuestro busca certificación internacional para brindar mayor seguridad
El Departamento Antisecuestro de Personas, dependiente de la Policía Nacional busca obtener una certificación internacional para pasar de una policía reactiva a una por procesos, enfocada en la meta de brindar seguridad a la ciudadanía, informó este miércoles el jefe de dicha unidad, Nimio Cardozo, a Paraguay TV.
El director policial explicó que están trabajando con el financiamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para certificarse en agosto próximo con la Norma Internacional ISO 9001:2015, que tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad en general.
En tal efecto, están ajustados a unos estándares internacionales, los cuales significan que todos los procesos investigativos son transparentes, auditables y están sometidos a cualquier empresa internacional que pueda venir a ver que lo que están haciendo se ajusta al estándar de calidad.
“Con este resultado los beneficiarios serán los usuarios finales, es decir, las personas que necesitan de los servicios y de la protección de los agentes. Nosotros tenemos que trabajar enfocados en la ciudadanía. Los policías deben cumplir con las satisfacciones de los ciudadanos que son todos los paraguayos y paraguayas y extranjeros que vivan en nuestro territorio”, expresó.
Enfatizó que lo que buscan con esta certificación internacional es pasar de una policía reactiva a una policía por procesos. “Hoy en día nosotros somos una policía reactiva, lo que pasó en Ciudad del Este, en Encarnación, la policía reacciona ante una situación en especial. En cambio, cuando el trabajo es por procesos, además de adelantar esos escenarios posibles se pueda prever y se pueda tener un plan de contingencia en caso que aparezca”, comentó.
Indicó que esto hará una gran diferencia, y por ello están trabajando en este proceso de transformación, a través de la certificación. “El certificar una norma técnica implica también cambiar la mentalidad y que se vean los resultados. Las certificaciones internacionales respaldan los conocimientos y habilidades tecnológicas, en las programas de productividad, desarrollo y creación de contenido más utilizados y reconocidos a nivel internacional”, concluyó.
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Senadora apelará resolución que la obliga a desbloquear de X a abogada
Tras la resolución del juez Rubén Darío López que obliga a la senadora Norma Aquino “Yamy Nal” a desbloquear de X a la abogada Alejandra Peralta Merlo, la legisladora adelantó que apelará esta resolución judicial. La parlamentaria se sostiene en que tiene potestad de restringir su cuenta a quien considere pertinente dado que ella no es fuente de información pública.
“Mañana estaríamos presentando el recurso de apelación. Un juez no puede desconocer la ley, el sentido de la misma y es claro yo no soy fuente de información pública, según lo que dice la ley de transparencia N° 5282, entonces lastimosamente se debe subsanar el error cometido”, aseveró Aquino en conversación con La Nación/Nación Media.
Asimismo añadió, “si ellos se mantienen en esto que no está bien, voy a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”. Para la senadora, este fallo judicial deja un mal precedente puesto que obliga a los funcionarios públicos de cualquier jerarquía a someterse al amedrentamiento a través de redes sociales.
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“Lo que hoy se produjo fue un adefesio jurídico que sienta un precedente horrible para la justicia porque quiere decir que si de por ahí hay una persona que te está molestando en tu perfil personal, le tenes que aceptar y no bloquear porque de lo contrario te pueden hacer un recurso de amparo”, cuestionó.
Aquino recordó que hay una diferencia entre un perfil personal y una cuenta institucional, por lo que ella puede restringir sus redes sociales para ciertas personas si así lo desea. La senadora afirmó que se ceñirá a lo dispuesto por el juez y que desbloqueará momentáneamente a la abogada Peralta Merlo, esto en tanto, se resuelve el recurso de apelación.
“Yo persisto en mi postura en que está equivocada esta señora, imagínense que esto se siente como jurisprudencia, esto atenta contra al derecho a la privacidad de las personas. Creo que es la primera vez en que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inclusive periodistas de varios medios me han dado la razón por primera vez”, expresó.
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