“Hasta el momento no tenemos respuesta de la Fiscalía de Ybycuí y de las autoridades policiales en la investigación por el asesinato de mi padre de 88 años de edad”, dijo Bernardina Barrios, hija de Anastacio Barrios, asesinado a tiros durante un asalto domiciliario ocurrido en la compañía Arazaty, a unos 12 kilómetros de la referida ciudad.
Barrios expresó que “el fiscal del caso es Marcelo García de Zúñiga, a quien pedimos que siga investigando el asesino de mi padre”. Acotó que “hace tres años que nosotros pedimos justicia porque hasta el momento no tenemos resultado efectivo en el presente caso”.
Añadió que es difícil pedir justicia en Paraguay e incluso considera que podría ser "algo imposible”. “Esperamos tener retorno de las autoridades investigativas”, concluyó la mujer.
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Antecedentes
El hombre fue atado de pies y manos al tiempo de ser herido a balazos. La esposa, Baudelia Pereira de Barrios, también de 88 años, fue brutalmente golpeada. La misma sostuvo que los autores fueron cinco sujetos fuertemente armados, que ingresaron a su casa en forma violenta.
El hecho ocurrió en octubre del 2017 en horas de la tarde, pero la policía tuvo conocimiento varias horas después. Al parecer los criminales presumían que la pareja de ancianos tenía dinero guardado.
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Filtración Ostfield: esperan que no caiga en saco roto y se haga justicia, indicó Eduardo González
El secretario general y director de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, espera que, con la filtración de los documentos del exembajador Marc Ostfield, el gobierno norteamericano tome alguna medida al respecto y lo sancione, retirándolo al menos del servicio diplomático.
En comunicación con La Nación/Nación Media, González indicó que esta filtración confirma lo que ya venían denunciando: que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en contubernio con el exembajador Ostfield, operó para perjudicar a su adversario político, Horacio Cartes.
“Lo mínimo que podría recibir es que se le saque del servicio diplomático, por su lamentable actuación, para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir en el país”, sostuvo.
Sostuvo que todos estos hechos deben ser investigados acá en el país. Recordando que está en curso la imputación al expresidente Abdo y todos sus colaboradores que fueron ministros de la oposición en su gobierno.
“Este proceso tiene que llegar a su fin y que se haga justicia, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Esperamos que todo esto no queden en saco roto, para que nunca más ningún embajador vuelva a tener injerencia en asuntos internos del país”, acotó.
Consecuencias nefastas
En otro momento de la entrevista, señaló que ni durante la pandemia las empresas del grupo Cartes habían sido tan afectadas como sí lo fueron con la sanción impuesta por Estados Unidos, durante el gobierno de Mario Abdo en alianza con el exembajador Marc Ostfield.
Ratificó que, con esta información, se confirma lo que ya venían sosteniendo sobre la utilización del aparato estatal para perseguir al enemigo político, y es lo que se conoce como terrorismo de Estado.
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Caso Odebrecht: justicia peruana dará a conocer sentencia contra el expresidente Humala
La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.
El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.
Acusación
La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Fuente: AFP
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Ante irregularidades denunciadas por víctimas, senador planteará crear un registro de pagarés
El senador de la bancada “Yo Creo”, José Oviedo, anunció que presentará un proyecto de ley que crea un registro de pagarés, a fin de buscar una solución a los problemas de las víctimas, atendiendo que la Corte Suprema de Justicia ha informado que no podrá suspender los embargos que pesan sobre ellas.
En charla con varios medios de prensa, desde la Cámara Alta, señaló que acompañó una de las audiencias públicas realizada recientemente sobre este tema de la Mafia de los pagarés, en la que tuvo la oportunidad de escuchar testimonios desgarradores que expresaban que no se está pudiendo detener esta situación. A raíz de esto, indicó que ya está trabajando en algunas propuestas legislativas.
“La Corte Suprema ha sacado un comunicado en el que decía que cada afectado se haga cargo de su problema, y eso es lo que no están pudiendo hacer, los afectados ya no pueden hacerse cargo de sus problemas. Nosotros desde el Poder Legislativo vamos a tener propuestas de leyes. Por ejemplo, vamos a plantear un Registro de Pagarés, que establezca que si el pagaré no está registrado no podrá tener efectos”, precisó.
Mencionó que en lo personal recibió denuncias sobre usos indebidos de esos pagarés, pero no pudo dimensionar todo lo que venía arrastrando por debajo; como sí lo pudo ver el abogado Rolón Luna, que fue quien descubrió y puso a conocimiento público toda esta mafia de los pagarés. “Vamos a tener propuestas legislativas, pero también debemos tener en cuenta que la Justicia no se está haciendo cargo. No están reconociendo su cuota de culpabilidad en todo este esquema”, remarcó.
Respecto a esa complicidad judicial, el legislador señaló que es necesario auditar todos los juzgados del país. “En las audiencias públicas hemos escuchado muchas quejas contra los Juzgados de Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Villa Hayes, que han sido los juzgados los que han llevado más casos vinculados a la mafia de los pagarés, pero seguramente en todos los juzgados habrá implicados, entonces se deberían auditar todos los juzgados del país”, enfatizó.
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Freddy Krueger, Peaky Blinders, El Cuartel de la Feas: las mafias narco en Ecuador
- Guayaquil, Ecuador. AFP.
Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.
La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.
Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.
Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.
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Sin grandes capos
En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.
Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.
Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.
La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.
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Bandas especializadas
De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.
Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.
Fusiones
En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.
“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.
Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.