Un oficio judicial firmado por la abogada Elvira Franco González, Jueza de Paz titular del distrito de Villa Morra, llegó hoy a los señores Eduardo “Pipo” Dios y Nelson Valenzuela, ambos panelistas del programa El Repasador, que se emite por Canal 13.

En una parte del escrito que lleva fecha 2 de octubre de 2020, la jueza dispone la prohibición de “lanzar descalificativos humillantes y que afecten la dignidad de la Sra. Marly Eliana Figueredo López, en su condición de mujer" y amenaza que cualquier incumplimiento a esta disposición, será considerado como desacato y penalizado en consecuencia.

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Marly Figueredo, actualmente imputada por lavado de activos, en el proceso que se le sigue a su esposo, el senador Rodolfo Friedmann y otras cuatro personas más, denunció por violencia contra la mujer a las dos personas mencionadas, en un claro intento de censurar sus opiniones vertidas en los medios de comunicación.

Consultado acerca de esta medida, Eduardo “Pipo” Dios, expresó que nadie ha atacado a Marly Figueredo por su calidad de ser mujer, sino por ser una persona imputada, procesada, acusada de lavado de dinero y cómplice en el robo de meriendas escolares, por poseer bienes comprados con dinero de la empresa que proveía las meriendas escolares mientras su esposo era gobernador (de Guairá). Ella es atacada simplemente por su actuación delincuencial, no por ser mujer precisamente”.

“Si quiere ponerse bigotes, que lo haga y entonces atacaremos al señor Marly Figueredo, no hay ningún problema si eso es lo que desea. La medida dispuesta por la jueza no tiene sentido y es evidente que no tiene la menor idea de la ley que aplica, pues la Constitución Nacional (CN) garantiza el derecho a la libertad de expresión, mientras que la jueza cita leyes de menor de rango, por eso no tiene ningún sentido”. agregó “Pipo”.

Con respecto a la actuación judicial, el denunciado expresó, “Esta señora jueza debería aprender a aplicar correctamente las leyes y no a prestarse a la mafia del ‘pulpo’ Friedmann. No la conozco y espero que no le tenga miedo a Friedmann ni que sea parte de su mafia. En vez de dedicarse a asuntos muchos más urgentes e importantes, pues seguramente tiene acumulado su Juzgado de Paz de papeles, se presta a censurar a la prensa”.

Calificó como censura previa lo dispuesto por Franco González. “Esto es una censura previa y un ataque directo a la libertad de prensa por parte de la mafia de Friedmann, quien no nos va a hacer callar jamás y vamos a seguir cada día más duro. Es mejor que se acostumbren o que dejen de ver televisión o que devuelvan lo robado, esa sería una opción”, dijo.

“Si devuelven lo robado, este badulaque de Friedmann y su señora, capaz que nos podamos olvidar de ellos, pero mientras eso no ocurra o no vayan preso hasta pagar por lo que hicieron, esto no va a parar”, agregó.

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Finalmente, Eduardo Dios expresó: “Veremos si corresponde o no denunciar a esta jueza al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la mala aplicación de la ley. Esto es censura previa y vamos a denunciar internacionalmente este intento de mordaza”.

La imputación contra Rodolfo Friedmann Alfaro y Marly Figueredo detalla parte del dinero derrochado a costa del almuerzo escolar de Guairá. Semanas antes de su boda, el político obsequió una lujosa camioneta a la exmodelo a un costo de USD$ 109.000.

De acuerdo al acta de imputación, el 26 de diciembre del 2016 el ahora exministro del MAG y por aquel entonces gobernador de Guairá habría adquirido el rodado de la firma Mercedes Benz, tipo GLE 350D 4L, año 2017, color negro.

Para ello, entregó primero USD$ 50.000 o su equivalente en guaraníes, a través de un cheque con cargo del Banco Interfisa a la Concesionaria Condor S.A.C.I.

La camioneta fue el regalo de cumpleaños para la exmodelo, cuyo aniversario de nacimiento es el 27 de diciembre.

El Artículo 26, que hace referencia a la libertad de prensa, expresa cuanto sigue: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”.

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