La Policía Nacional debe cumplir con el pedido realizado por el fiscal de Salto del Guairá, Cristian Bartomeu, quien solicitó la expulsión de los invasores de la ganadera Pindó S.A., ubicada en Curuguaty, que fue violentada por más de 150 personas hace 8 años y que han causado destrozos y pérdidas multimillonarias a la referida firma.
Antes de los sucesos delictivos y criminales, la empresa fue una próspera agroganadera, dedicada al cultivo de soja y la cría y venta de ganado vacuno de la raza Brangus. Tras estos años de ocupación, ataques, saqueos y persecuciones de todo tipo, las consecuencias son catastróficas. La estancia está totalmente ocupada, saqueada y esta situación de zozobra por ser prácticamente una zona liberada se ha extendido a todas las zonas aledañas a la estancia en cuestión.
La orden de expulsión que se tiene que ejecutar se presentó en la Comandancia de la Policía Nacional el 20 y 21 de febrero de este año y hasta la fecha las autoridades aún no han dado respuesta al pedido formulado por el Ministerio Público.
Por su parte, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la firma Pindó, señaló: “Tuvimos dos reuniones, una con el viceministro de Seguridad y otra con el ministro del Interior, Euclides Acevedo y este nos derivó con el comisario López Palma y el citado jefe policial nos habló una vez y luego ya ni el teléfono nos atendió”.
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Agregó además que “hace cinco años que venimos exigiendo a las autoridades policiales que cumplan la orden de expulsión, pero hasta el momento no se pudo ejecutar. Hemos sido violentamente despojados totalmente de nuestro inmueble el 4 de diciembre del 2019, cuando donde más de 200 hombres atacaron la estancia Pindó, quemaron todo lo que encontraron y desde esa fecha nosotros no podemos acercarnos al establecimiento”.
Igualmente, se encontraron varios delitos contra el medio ambiente que están siendo investigados por el Ministerio Público, pero hasta el momento no tuvo mucha respuesta de parte de las autoridades.
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