El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió esta mañana suspender de forma preventiva en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo a la jueza multifueros de Neuland, Lourdes Margarita Sanabria Bernal, por haber solicitado a una abogada la suma de G. 6.000.000 para realizar una constitución del juzgado. Para dicho procedimiento, la Corte estipuló a través de una acordada los parámetros para que se pueda cobrar y de acuerdo a la información que se maneja, la magistrada solo tenía que percibir la suma de G. 1.700.000 aproximadamente.

El presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, mencionó que llegó una denuncia grave y con elementos de pruebas que consiste en un audio en el que se le escucha a la jueza, quien sería protegida del criticado integrante del Jurado de Enjuiciamiento Adrián Salas, solicitar una alta suma de dinero para realizar la constitución en una zona del Chaco.

Con base en dicho elemento, los altos magistrados decidieron suspender sin goce de sueldo a la misma mientras dure el presente proceso disciplinario o se dicte resolución.

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Igualmente, la Corte decidió remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que el referido órgano pueda analizar la grave conducta y si así lo consideran también enjuiciar y suspender en sus funciones a Sanabria. Del mismo modo, la máxima instancia judicial remitió los antecedentes del presente caso al Ministerio Público, que podría iniciar una investigación penal por supuesto cobro indebido de viático. En caso de ser así, la magistrada se expone a una imputación.

También el pleno de la Corte decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo al actuario judicial de Neuland Hugo Ortiz, ínterin dure el presente proceso disciplinario o se dicte resolución del levantamiento de dicha medida cautelar de conformidad al fundamento expuesto.

El departamento de Boquerón está atravesando momentos difíciles debido a los escándalos por supuestos hechos de corrupción, en vista de que días atrás la fiscala Josefina Aghemo imputó al actuario judicial del tribunal de apelación Carlos Domínguez, quien antedató la hora de la presentación de un escrito judicial en un caso en el que están en juego 12 mil hectáreas de tierras en el Chaco.

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