El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.

Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.

El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

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“Este proyecto de ley no es final, es el camino para empezar el ordenamiento en la posesión y titulación de tierras que termine generando seguridad, tanto jurídica, para las inversiones y la producción”, indicó el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, con relación a la propuesta del Poder Ejecutivo, que crea el Registro Unificado Nacional (RUN).

“Si bien para mí la principal riqueza del país son las personas, los paraguayos y a lo mejor la segunda gran riqueza es nuestra tierra terriblemente fértil y productiva, pero así como es una de las principales riquezas tenemos un problema importante que es la titulación y que plantea muchos conflictos respecto a la tenencia de la tierra y como consecuencia, trae la inseguridad jurídica”, dijo en una entrevista con el programa “Fuego Cruzado” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La propuesta ya cuenta con media sanción del Senado y será evaluada este miércoles por el pleno de la Cámara Baja como uno de los puntos resaltantes del orden del día. “Este proyecto de ley será un tremendo beneficio para el país y su espíritu es absolutamente bueno, existen componentes que están siendo debatidos, pero creo que hay un pensamiento, si no es unificado, es claramente mayoritario inclinado hacia su relevancia e importancia”, sostuvo.

La iniciativa remitida por el gobierno de Santiago Peña propone unificar la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección General de Servicios Nacionales de Catastro, dependientes del Poder Ejecutivo, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. El documento indica que el RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

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Entre sus principales objetivos se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, establecimiento de una cartografía única para el país y la reducción de costos para el Estado.

Con relación a la reforma de la Carrera del Servicio Civil, propuesta también impulsada por el gobierno de Peña y que ya cuenta a la vez con la aprobación del Senado, Latorre indicó que el documento aún no fue discutido en la mesa directiva de la Cámara Baja ya que fue aprobado por el Senado la semana pasada; pero al igual que todos los proyectos que son presentados se buscará un amplio debate en la Cámara Baja.

“Todavía no leí, pero según como fue aprobado en el Senado, tuvo muchas modificaciones al proyecto original, ahora nosotros tendremos la oportunidad de analizar todos esas propuestas y evaluar todas esas modificaciones”, manifestó.

Detalló que este proyecto tiene un plazo de 3 meses para ser estudiado en la Cámara Baja, antes de que tenga sanción automática. Remarcó que el plenario tiene un amplio trabajo de aquí a fin de año, ya que existe una extensa agenda de diversos temas a ser analizados antes del inicio del receso parlamentario, que se dará el próximo 20 de diciembre.

Asimismo el parlamentario defendió las propuestas presentadas por el Ejecutivo al parlamento, tanto las que fueron aprobadas y las que figuran en tratamiento argumentando que generan importantes transformaciones para el Paraguay.

En otro momento, Latorre se refirió a sus recientes encuentros con el nuevo embajador de Israel, Amit Mekel, así como reuniones con representantes de la Unión Europea. Destacó en primer lugar el gran relacionamiento que tiene con el presidente del parlamento de Israel, Amir Ohana, que recientemente visitó el país y que por invitación suya también tuvo la oportunidad de visitar este país y las comunidades afectadas por el atentado terrorista del año pasado.

En el marco de la gran cooperación que mantienen Israel y Paraguay, el diputado dijo que este fin de semana llegó al país para la embajada de Israel en Asunción, un experto en aguas. Paraguay es el segundo país en el mundo en contar con la cooperación de un experto en el ámbito siendo un país prácticamente desértico. El profesional estará aportando sus conocimientos para el Chaco paraguayo.

“En cuanto a la Unión Europea, fuimos claros en cuando a la defensa de los principios y valores, entendiendo que queremos construir en base al respeto, y condición de aliados; queremos construir sin condicionamientos planteando nuestro modelo de desarrollo sostenible, pero sin hacernos responsables de la contaminación que otros hicieron al mundo y que nosotros no lo hicimos, desde la lógica que Paraguay es un país con energía 100 % renovable”, explicó.

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El próximo 19 de noviembre seguirá el juicio oral y público para siete acusados por narcotráfico, vinculados a la incautación de 1.375 kilos de cocaína hallados en la estancia El Tigre del Chaco. La audiencia oral se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas. Mientras que la fiscala del caso es Ingrid Cubilla.

En el juicio están siendo juzgados Waldemiro Ymas González, Porfirio Osorio Villagra, Pablo Roble Benítez, Porfirio Chávez Núñez, Albino Núñez Peralta, Édgar Cantero y Terecio López Morel.

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De acuerdo a la acusación fiscal, los procesados son miembros activos de una asociación criminal que se encargaba del acopio y custodia de la carga de sustancias estupefacientes. A su vez, comercializaban de la siguiente manera: el lugar de origen de la droga sería Perú e ingresaba al territorio nacional vía Bolivia hasta el establecimiento El Tigre.

El Ministerio Público refiere que los acusados conocían la existencia y tenían el dominio de las sustancias incautadas, ya que fueron sorprendidos en flagrancia dentro del establecimiento El Tigre. Los bidones de acetato de etilo encontrados en el lugar son un solvente utilizado en la conversión de la cocaína básica en clorhidrato de cocaína.

Los antecedentes del caso refieren que el 24 de febrero del 2021, la Unidad Penal Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Boquerón y Alto Paraguay, a cargo de Andrés Arriola, realizó un procedimiento en el establecimiento rural denominado El Tigre, lugar en el que se encontró un total de 1.375 kilogramos de cocaína, además de vehículos, una avioneta de procedencia boliviana y tambores que contenían acelerantes para el polvo blanco.

El establecimiento está ubicado en la localidad de Agua Dulce, limítrofe con Bolivia. El procedimiento se realizó conjuntamente con personal de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles conexos, así como también del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

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La jueza de Garantías, Diana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrentan Eduardo Suárez y María José Arce de Suárez, acusados por estafa, cuyas víctimas son los exjugadores de fútbol Rodrigo “Popi” Muñoz, Osmar Molinas y Juan Manuel Salgueiro, quienes compraron de los acusados departamentos en construcción que nunca fueron entregados.

Ahora se deberá realizar el sorteo correspondiente para saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a los dos acusados. Asimismo, se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

El Ministerio Público pidió que el caso se discuta en un juicio oral y público debido a que cuenta con suficientes elementos de prueba para llegar a una sentencia condenatoria.

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La fiscalía acusó a Pablo Suárez, uruguayo, y a su esposa María José Arce, quienes en representación de la firma SUAR SA, supuestamente, vendieron departamentos a construir en el barrio Santísima Trinidad. Ambos fueron denunciados por los jugadores de fútbol Juan Manuel Salgueiro, Rodrigo “Popi” Muñoz y Osmar Molinas.

A Muñoz le vendieron supuestamente dos departamentos del edificio Cibera Park, que SUAR SA debía construir y entregar al jugador en setiembre del 2016. El arquero uruguayo pagó la totalidad de US$ 256.760. Las escrituras del dominio tendrían que haber sido transferidas en enero del 2017, pero no sucedió, según consta en la acusación.

Manuel Salgueiro entregó la suma de US$ 194.040 por dos departamentos del mismo edificio Cibera Park, pero que no fueron construidos, según la denuncia. Los inmuebles debían ser entregados al jugador en noviembre del 2016. Por último, Osmar Molinas también fue víctima de la estafa.

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