El agente fiscal Pablo Zorrilla investiga las circunstancias del fallecimiento de la ciudadana brasilera Sheiza Ayala (22), quien se había sometido a un procedimiento quirúrgico estético en una clínica de Pedro Juan Caballero, que presuntamente no tendría la habilitación para funcionar.
El Ministerio Público citará a Danilda Ruiz Díaz, quien habría realizado la cirugía en la clínica que operaba de manera clandestina, aparentemente.
Ayala habría fallecido varios días después de la cirugía. La mujer vivía en Ponta Porá, Brasil y supuestamente se trasladó hasta la ciudad paraguaya solamente para el procedimiento quirúrgico.
Según las pesquisas, la ahora fallecida habría escrito manifestando algunas complicaciones poscirugía, sin embargo, le respondieron que todo era normal. Posteriormente, la víctima fue internada debido a esas complicaciones y finalmente perdió la vida, supuestamente a causa de una embolia pulmonar.
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El agente fiscal remitirá oficio al Ministerio de Salud Pública sobre los antecedentes de dicha profesional médica a fin de conocer la intervención administrativa desde esa cartera de Estado y el registro de la misma. Así también, sobre la falta de habilitación de la clínica donde se habría realizado la operación.
La investigada habría protagonizado un caso similar el año pasado y en dicha ocasión fue imputada por homicidio culposo. En ese contexto está pendiente una audiencia preliminar para la mujer, con fecha 20 de noviembre de este año.
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Se suspendió la audiencia preliminar de 21 acusados que por dinero ofrecían cargos en el IPS
A pedido del Ministerio Público se suspendió la audiencia preliminar para 21 personas acusadas por supuesta estafa y asociación criminal, por el proceso penal del esquema formado para solicitar dinero a cambio de contratos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).
El representante del Ministerio Público, Orlando Paiva, asumió desde este martes la unidad fiscal que pertenecía a su colega Sandra Ledesma, razón por la cual solicitó la suspensión de la audiencia preliminar. Ante este hecho la magistrada de Garantía, Alicia Pedroso, fijó para los días 11, 12 y 13 de marzo la realización de la diligencia judicial.
Los acusados son:
- Zulma Verónica Villalba Colmán
- Eduvigis Espínola
- Fátima Patricia Agüero Stehlik
- María Luján Aguilera Chaparro
- José Manuel Agüero Stehlik
- Carlos Barreto Ocampos
- Jennifer Karina González
- José Genaro Santacruz Frutos
- Reina Torres Vda. De Duarte
- Rodolfo Ramón Velázquez Caje
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Los acusados para quienes se pidió juicio oral son:
- Yolanda Teresa Balbuena Martínez
- Jorge Manuel Ferreira
- Edgar David Amarilla
- Lourdes Rocío Agüero Stehlik
- Carolina Martínez Escurra
- Blas Antonio Verón
- Fátima Adelaida González
- Hilario Velázquez Santacruz
- Jorge Felipe Saboredo
- Cynthia Adriana Caje Cabral
- Juana Anastasia Torres Coronel
De acuerdo al Ministerio Público, los acusados formaron un esquema de reclutamiento de personas, a quienes solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15.000.000 por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional, según la acusación.
El presente proceso penal tuvo su inicio luego de la recepción del escrito de denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS. Ante la denuncia, el Ministerio Público realizó varios procedimientos, logrando la detención de las personas nombradas más arriba.
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Desvinculan a médica forense por mal desempeño en sus funciones, en Canindeyú
Desde el Ministerio Público informaron sobre la desvinculación de una médica forense luego de que descubrieron que alteró informes en cuatro casos, dos de ellos por aparente violencia familiar y otros dos casos de supuesto abuso sexual en menores. La profesional era contratada y estaba cumpliendo funciones desde hace seis meses como médica de la Fiscalía en Canindeyú.
Se trata de la doctora Angelina Da Cruz, quien se desempeñaba como médica forense del Ministerio Público y la desvinculación se debe a una mala praxis. La medida fue tomada tras un pedido de la Jueza Penal de Garantías de la localidad de Katueté y remitida a medicina legal en el que expone el actuar de la profesional. El pedido fue con relación a cuatro casos en los que la médica realizó inspecciones.
El doctor Pablo Lemir, explicó que en uno de los casos fue por violencia familiar, en el que ella inspeccionó al supuesto agresor y a la víctima. En el libro de procedimientos del centro asistencial hizo constar que el agresor no tenía lesiones, pero no fue así y en el caso de la víctima deja constancia de una serie de lesiones que no se visualizan en las evidencias.
“Tomaba partida, porque en su diagnóstico médico legal indicaba violencia intrafamiliar y eso no es un diagnóstico. El médico debe registrar los elementos de diagnóstico que permitan posteriormente al fiscal imputar y al juez juzgar. Debemos dar elementos, no tomar partido y ambas cuestiones estaban mal hechas”, detalló Lemir, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Casos de abuso
Agregó que otro de los casos eran de dos menores que fueron víctimas de supuesto hecho de abuso sexual, en el que el diagnóstico fue abuso sexual, que no corresponde a un diagnóstico médico. Además, de abuso psicológico y trastorno mental leve, que solo puede emitir un psicólogo o psiquiatra.
“Una adolescente y una niña, el primer error es que la médica solicita que sean llevadas a su domicilio particular para ser examinadas. En un lugar donde no se cuenta con todas las herramientas para corroborar el abuso. Ella debía hacer solo el examen físico y señalar las lesiones, poner el grado de sospecha de un abuso sexual, tomar evidencias como fotografías”, aseguró.
Lemir apuntó que se realizó el pedido de desvinculación a la Fiscalía General de Estado, porque se trata de una médica forense contratada. “Este tipo de procedimiento facilita la anulación de las pruebas. En los casos de abuso significa la pérdida del acceso a la Justicia y no podemos permitir que esto pase”, puntualizó.
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Roban caños de cobre y dejan sin suministro de aire acondicionado a un sector del Hospital Nacional
Directivos del Hospital Nacional de Itauguá denunciaron el robo de caños de cobre de siete acondicionadores de aire, cuyos compresores están instalados en la azotea del edificio. La Policía investiga el llamativo hurto que se produjo pese a que el centro asistencial cuenta con personal de vigilancia privada.
Los investigadores confirmaron que a la terraza se puede acceder a través de un pequeño pasillo al que solo tenía acceso el personal autorizado, bajo supervisión de los guardias privados. El robo afectó el sistema de ventilación de todo el hospital el lunes, en medio del intenso calor que azotaba al país.
Según las autoridades, técnicos de la empresa que proveyó los aparatos habían realizado un mantenimiento, por lo que es curioso que no hayan reportado las fallas.
“Se percataron que unos aparatos de aire acondicionado dejaron de funcionar y al revisar estos aparatos se percataron que habían desaparecido los caños de cobre que salen del compresor de aire. Y por ese motivo están dejando de funcionar en unas secciones el aire acondicionado”, señaló el subcomisario Miguel Ayala a los medios de prensa.
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Comentó que el personal de la comisaría jurisdiccional acudió al sitio y se constató la veracidad del hecho. “Efectivamente, faltaban estos accesorios de esos compresores de aire, siete en total. En el lugar había una cantidad considerable de compresores de aire que alimentaban el hospital, 20 a 30 aproximadamente; pero de 7 aparatos fueron los que se hurtaron”, informó.
El agente policial dijo que le llamó la atención que “estos aparatos están ubicados en la parte posterior del tercer piso, en la terraza del edificio, y que solo hay una escalera para acceder a ese lugar”.
Aseveró que hasta ahí solamente podían acceder los funcionarios y el personal de seguridad del nosocomio. “De hecho, constatamos también que el hospital tiene personal privado, así como el acompañamiento del personal policial, y no se percataron de ninguna actividad extraña o personas extrañas que acudieron al lugar. De hecho, esa parte del edificio no es de acceso público”, remarcó.
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Supuesta desaparición de gemelos: familia no tiene idea de qué ocurrió con los bebés, afirma fiscal
Esta semana, una mujer denunció la supuesta desaparición de un par de gemelos recién nacidos, pero desde varios hospitales no tienen registro sobre controles prenatales o que hayan recibido en la sala de parto a la supuesta madre. Desde el Ministerio Público investigan el caso y confirmaron que la familia no tiene idea de qué ocurrió con los bebés, pero buscan esclarecer el hecho.
La mujer fue identificada como Andrea Giménez, de 22 años, que llegó hasta el Hospital de Clínicas el pasado 20 de enero, y aseguraba que estaba embarazada. Allí constataron que no estaba en gestación, pero que sí presentaba un sangrado. La paciente no contaba con una carpeta de controles prenatales y solo presentó el resultado de una ecografía.
“Todos los familiares tienen el mismo lineamiento de que la mujer asistió al Hospital de Itauguá en fecha 16 de diciembre del 2024, así como también del 6 al 14 de enero, donde había quedado supuestamente internada. Volvió a asistir el día 20 de enero y habría sido derivada al Hospital de Acosta Ñu, luego a Clínicas”, detalló el fiscal Gerardo Chamorro, en “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que ayer recibió la denuncia del hermano de la víctima y hoy tomó declaración al padre, madre y tía de la mujer. “Según el testimonio de ellos, hubo una confusión de lo que pasó en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) entre el 9 y 10 de enero, en donde ella subió y fue intervenida y estuvo ahí por más de 15 horas. Fue desde ahí que tuvo dolor de vientre”, expresó.
Aseguró que supuestamente en la mañana del lunes 20, la paciente fue hasta el centro asistencial de Itauguá y que a la media mañana fue hasta el Hospital de Acosta Ñu y de ahí fue llevada hasta el Hospital de Clínicas. “En este último le hacen unos estudios y le dicen que no hay ningún bebé en el vientre. Los familiares refieren que ellos no saben si los bebés fueron robados, o sea que, no tienen idea de lo que ocurrió con los bebés”, aclaró.
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Obtienen documentos
Chamorro apuntó que tras la denuncia, desde el Ministerio Público recorrieron todos los hospitales citados por los declarantes para poder constatar qué fue lo que sucedió y lograron obtener registro de asistencia del Hospital de Caacupé, de HNI y también del Acosta Ñu. “Estos documentos serán analizados para poder esclarecer qué fue lo que realmente pasó”, relató.
Señaló que actualmente el caso está caratulado como innominado ya que la familia no acusó a ningún profesional que haya atendido a la mujer. “No tenemos personas a quien atribuir el supuesto hecho que también está a determinar. Los familiares refieren que ellos no saben qué pasó con los bebés y es lo que estamos abocados a esclarecer”, puntualizó.
No presentaron ecografía
Con relación al caso de la ecografía que aparentemente fue descargada de internet, el fiscal afirmó que la familia no presentó ninguna documentación que avale que la mujer haya estado embarazada, lo que sí presentaron fueron dos videos cortos de la supuesta panza de la embarazada, pero no tiene rostro.
“Ayer jueves le requerí al denunciante (hermano de la víctima) las documentaciones y para el día de hoy viernes no pudo arrimar. Lo que sí presentaron fueron dos videos cortos del vientre, pero no muestra el rostro de la persona. Referente a la ecografía, ya pude advertir esa circunstancia, pero a mí no me presentaron esa ecografía para poder analizar e investigar”, apuntó.
Hasta el momento, la víctima no pudo declarar ante la Fiscalía porque sigue hospitalizada y ninguna de las personas que declararon pudo confirmar sobre las semanas de gestación. “Los familiares no pudieron puntualizar las semanas de gestación, hablan que estaba en los meses de tener, pero no tienen una certeza cierta. La pareja de la mujer fue llamado a declarar, pero no compareció”, acotó.
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