El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.

La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.

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De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

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Desde Pozo Hondo (Boquerón), a más de 700 kilómetros de Asunción en ruta, desmintieron una publicación del diario Abc Color de hoy miércoles, que asegura que la reciente presentación del Gobierno de una ambulancia para la comunidad chaqueña solo fue una “entrega ficticia” o “actividad pantalla”. En contacto con La Nación/Nación Media, Alberto Jaime dijo: “Se explicó y se dijo muy bien el día de la entrega que la ambulancia iría a Mariscal (Estigarribia) para que el chofer de la zona se capacite, así como también la doctora y la licenciada”.

El poblador pozohondero echó por tierra el falso relato publicado por el medio capitalino con el objetivo de desprestigiar al gobierno de Santiago Peña, al afirmar que la entrega de la ambulancia que el mandatario realizó el pasado 15 de octubre en el Puesto de Salud de Pozo Hondo “fue solo un acto simbólico”, alegando tendenciosamente que el vehículo no se encuentra en este momento en dicha localidad.

“Sí es cierto que la ambulancia no estaba, pero es porque el chofer fue a capacitarse. En la semana retornaría (a Pozo Hondo). No entiendo por qué se sacó esa información; estamos muy agradecidos con el presidente Santiago Peña y la ministra de Salud, María Teresa Barán”, comentó Jaime. Aprovechando la visita del jefe de Estado, junto a la ministra Barán, el 15 de octubre también se hizo la presentación de dos profesionales sanitarios que brindarán servicio en Pozo Hondo, la doctora Raquel González y la obstetra Digna Colmán.

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En tanto, la directora de la XVI Región Sanitaria de Boquerón, Esther Bogado, también negó rotundamente las acusaciones publicadas por el diario del grupo Zuccolillo. “El conductor de la ambulancia, quien es de la zona, está completando su capacitación en primeros auxilios y manejo de emergencias. Una vez que concluya, la ambulancia será devuelta a Pozo Hondo. Es un proceso habitual para garantizar la seguridad y calidad del servicio”, comentó la doctora en entrevista con Hoy Digital.

Bogado aclaró que este conductor fue elegido por los pobladores y fue contratado por el municipio de Mariscal Estigarribia. Mientras que el personal de blanco, que fue contratado por el Ministerio de Salud para la zona, igualmente están en proceso de capacitación para poder brindar atención integral a la comunidad. “Siempre hemos trabajado de esta manera, asegurando que el personal esté bien capacitado antes de asumir sus funciones”, agregó.

Por otra parte, Alberto Jaime indicó que desde la XVl Región Sanitaria de Boquerón se está trabajando de manera constante por brindar mejoras sanitarias para la localidad del decimosexto departamento del país. “Agradecemos al Gobierno por acordarse de nosotros, los chaqueños, quienes durante muchos años fuimos olvidados y ahora estamos siendo tenidos en cuenta. Hay gente con malos pensamientos y a quienes no les gusta nada y son libres de expresarse, pero desmiento lo que se quiere instalar”, ratificó el poblador de Pozo Hondo a LN.

Jaime, quien es hijo del fundador de Pozo Hondo, puntualizó que desde la semana entrante los profesionales de Salud estarán trabajando de manera integral en la zona. Recordó que la atención se debe enfrentar a largas distancias y el logro en la localidad es significativo, por lo cual lamenta el intento mediático de desmerecer el avance a través de este tipo de “fake news” (noticias falsas).

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Medios de comunicación de los grupos Zuccolillo y Vierci usaron información sensible y privada de la familia del senador Gustavo Leite para la opereta comunicacional que llevan adelante en su intento por tapar el escándalo de los fondos que manejan organizaciones que se dicen sin fines de lucro.

• Unidad de Investigación Nación Media

La opereta políti­co-comunicacio­nal llevada ade­lante por los medios de los grupos Zuccolillo y Vierci, aliados a sectores de la oposición y oene­gés que buscan impedir la transparencia, ha lle­gado a ribetes muy pocas veces vistos.

Si bien el espíritu del fun­dador de Abc Color, Aldo “Acero” Zuccolillo, era el de “dar palo”, nunca per­mitió que se utilizaran cuestiones del ámbito pri­vado de las personas para esa misión, algo que bajo el mando de sus herederos parece quedar olvidado.

Por su parte, el diario Última Hora, propiedad de Antonio Juan Bautista Vierci, siempre se jactó de ser el único medio en Paraguay en contar con un código de ética, pero en la víspera dio pasos que nunca podrían ser tolera­dos por manual alguno.

Primero Última Hora y luego –horas después– Abc Color, publicaron sendas notas en las que relataban que el hijas­tro del senador Gustavo Leite cuenta con orden de captura, debido a que se escapó de un centro donde estaba recibiendo un tra­tamiento.

Ambos medios de comuni­cación hurgaron y publi­caron los motivos por los cuales el joven se encon­traba en el lugar. El diag­nóstico o el motivo por el que el joven se encontraba en el lugar carecía total­mente de relevancia para el debate público y ter­minó exponiendo cuestio­nes del ámbito íntimo de una persona privada que no cumple función alguna dentro del Estado.

El manual de ética elabo­rado por el Instituto Idea establece una serie de “recomendaciones para cobertura respetuosa de las personas”. En el mate­rial establece: “No publi­car detalles o datos de la historia clínica de una persona sin su consenti­miento, ya que esta infor­mación es considerada como sensible, de carác­ter privado”.

La Fundación García Már­quez, en su consultorio ético, también abordó temas relacionados a la salud de las personas en reiteradas oportunida­des. Por ejemplo, se remi­tieron consultas sobre un alcalde de Bolivia que había hecho declaracio­nes públicas en las que reveló el nombre y el diag­nóstico de una persona.

La respuesta fue bastante clarificadora: “Si está ase­gurada la salud de las per­sonas, no se justifica la publicidad hecha por el ministro ni una eventual réplica por parte de los medios de comunicación”

“Está de por medio, en efecto, el derecho del enfermo a su intimidad”, agrega.

“Se llama íntima aque­lla parte de la vida per­sonal que se quiere man­tener fuera de la mirada ajena. Las enfermeda­des suelen ser considera­das como parte de la vida personal que se sustrae al conocimiento público; esta es la razón por la que los médicos consideran que el manejo discreto de los datos sobre las enfer­medades de sus pacien­tes hace parte de sus deberes éticos y explican su secreto profesional”, finaliza el documento.

Es decir, los medios del grupo Zuccolillo y Vierci sobrepasaron todos los límites al publicar los antecedentes clínicos del hijastro del senador Leite. Una nueva etapa de la ope­reta quedó expuesta.

Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de grandes corporaciones de oenegeros exponen la hipocresía del esquema político-comunicacional opositor y su intención de distraer la atención pública de los millonarios movimientos realizados.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Una opereta políti­co-comunicacio­nal se ha puesto en marcha en los últimos días con el objetivo de desacredi­tar al senador Leite (ANR), integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que busca transpa­rentar los fondos de estas organizaciones. La estrate­gia comenzó con un audio fil­trado que intentó sugerir una supuesta pelea entre Leite y el presidente Santiago Peña. Este audio sirvió también para desviar la atención del supuesto tráfico de influen­cias de Enrique Salyn Buzar­quis, senador liberal, y de las posibles irregularidades en la CBI.

El 3 de octubre, Abc Color, del Grupo Zuccolillo, lanzó un ataque mediático sobre los vínculos de Leite con la Asociación Civil Comuni­dad Cenáculo, presentando su relación como un secreto, lo que resultó ser falso. Una simple búsqueda en Google revela que en 2021 el canal GEN ya había entrevistado a Leite como tesorero de la oenegé, y que, en 2023, el Arzobispado de Asunción difundió imágenes de una reunión entre Leite y el car­denal Adalberto Martínez.

Inmediatamente, medios aliados como Telefuturo, Monumental y Última Hora (del Grupo Vierci) replica­ron la noticia. Este tipo de coordinación ya se había visto antes, como en mayo de 2022, cuando los medios de ambos grupos publicaron en conjunto el informe ilegal de Seprelad para atacar a Hora­cio Cartes.

Después de que los medios instalaran la narrativa de la “organización secreta”, acti­vistas y políticos opositores se unieron al ataque. El diputado Raúl Benítez pidió la salida de Leite de la CBI, a pesar de haber defendido la existen­cia de esta misma comisión cuando investigaba al expre­sidente Cartes. También soli­citó informes a Itaipú sobre un aporte de G. 233 millones a la Comunidad Cenáculo.

Otro que se sumó fue el perio­dista Benjamín Fernández Bogado, quien en el pasado se presentó como exalumno de Harvard sin serlo y que tam­bién ha recibido fondos de oenegés. Incluso la activista María Esther Roa, vinculada a organizaciones beneficiadas con fondos del extranjero, se unió al ataque.

En una conferencia de prensa, Leite presentó la procedencia de los fondos que recibió la Comunidad Cenáculo, aclarando que fueron transparentes. Sin embargo, los mismos que se oponen a la ley de transpa­rencia lo criticaron por no ser suficientemente claro. Entre ellos, Última Hora enfatizó que la Comunidad Cenáculo recibió aportes de Tabesa e Itaipú, pero omi­tió mencionar que Antonio Vierci, dueño del medio, también realizó donacio­nes a la misma organización.

Además, medios como El Sur­tidor y su satélite La Precisa, que se presentan como inde­pendientes, también arreme­tieron contra Leite. La Pre­cisa criticó a Leite porque la Comunidad Cenáculo recibió fondos privados y públicos, ignorando que ellos mismos reciben millonarios fondos del extranjero.

La Comunidad Cenáculo recibió G. 2.000 millones en cinco años, lo que generó indignación entre algu­nos sectores, pero no hubo la misma reacción ante las millonarias sumas que reci­ben otras oenegés. Por ejem­plo, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), dirigido por María Victoria Rivas, una crí­tica de la ley de transparen­cia, recibe financiamiento de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de la Unión Euro­pea. Sin embargo, en su web no se detallan los montos exactos ni las personas con­tratadas localmente.

El CEJ fue una de las varias oenegés beneficiadas con la repartija de USD 58 millones realizada por Usaid. Solo esta organización recibió USD 1,5 millones de un solo finan­cista, es decir, diez veces más que el dinero recibido en cinco años por Comuni­dad Cenáculo del Paraguay. Y la lista sigue (ver infografía).