Los abogados Gerardo Benítez y María Graciela Vera solicitaron el desbloqueo de las cuentas bancarias de la empresa Essa (Eventos y Servicios). Asimismo, los profesionales del derecho piden al juzgado la designación de un administrador judicial para la referida firma. El pedido se tendrá que analizar y resolver.
De acuerdo al escrito presentado en el juzgado, “la empresa necesita seguir con su movimiento financiero para el funcionamiento diario de su actividad comercial y el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuyas copias de contratos se encuentran agregadas en el escrito presentado”.
Igualmente, señala que “la medida no solo afecta a la empresa y a sus empleados, sino a derechos y obligaciones de terceros que no son parte en este proceso”, por lo que los citados profesionales del derecho están tratando de lograr el desbloqueo de la cuenta.
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Corte debe destrabar caso
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia deberá destrabar el proceso penal que soporta el senador de Colorado Añetete, Rodolfo Friedmann, imputado por varios delitos.
El caso fue a parar a la máxima instancia judicial debido a que la abogada Laura Figari apeló la confirmación en el caso del juez José Delmás. Una vez que se destrabe el presente proceso el expediente tendrá que bajar para que el magistrado pueda admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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La persecución fue tan grotesca que ni a nuestros abogados se les permitió la defensa, apuntó Ortiz
La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.
Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.
Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.
Filtración de documentos
Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.
“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.
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El problema no fue con EE. UU.
El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.
“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.
Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.
“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.
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Uso ilegal de software: itti Saeca pone fin a etapa de mediación con el Banco Atlas
A través de sus redes sociales oficiales, la firma itti Saeca informó este domingo que tomó la decisión de poner fin a la etapa de mediación con el Banco Atlas. La empresa mantiene un pleito judicial con la entidad bancaria, perteneciente al grupo empresarial de la familia Zuccolillo, por el uso ilegal de su software para sus operaciones.
“itti ha dado por concluido el procedimiento de mediación ante graves inconsistencias detectadas en la documentación que motivaron su realización, hecho que ha sido comunicado el jueves 3 de abril a la mediadora designada por el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay”, indica la firma.
Tras denunciar la irregularidad de la entidad bancaria en el uso del software de itti para sus operaciones, la firma de tecnología financiera empezó a recibir ataques mediáticos de dicho grupo, pese a que la postura en el conflicto judicial apostaba por una conciliación.
“Ejerceremos todos nuestros derechos, prerrogativas, acciones y garantías en defensa de nuestros derechos de propiedad intelectual, tanto en foros nacionales como extranjeros donde gozamos de legitimación para reclamar”, señala la empresa en un comunicado.
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El banco Atlas se fusionó con el banco Familiar, por lo que se requería de una unificación del core bancario, que también debe ser aprobado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para concluir con el proceso. Desde el 2024 Atlas fue realizando cambios del software de itti que, de acuerdo al contrato, tienen un costo que no se abonó.
La empresa itti viene reclamando el pago de estas actualizaciones, requeridas también para terminar el proceso de fusión entre las entidades. Sin embargo, Atlas recurrió judicialmente para evitar el pago de la deuda.
“Ratificamos, asimismo, nuestra posición acerca del uso que está haciendo el Banco Atlas de nuestro software ITGF es irregular y debe ser saneado de un modo tan urgente como inmediato, encontrándonos como siempre predispuestos a alcanzar un acuerdo razonable que corrija su proceder y devuelva la tranquilidad al sistema financiero”, sostiene.
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Abogados destacan que Hernandarias cuente con dos fiscales más y proponen sede propia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la sede regional del Ministerio Público en Ciudad del Este, el fiscal adjunto de Alto Paraná, doctor Jorge Sosa, mantuvo una reunión con representantes del Círculo de Abogados de Hernandarias, encabezado por su presidente Ernaldo Gamarra y con autoridades municipales de la misma ciudad.
Los letrados destacaron la designación de dos fiscales más en la unidad zonal de Hernandarias, que el gremio reclamó en reiteradas oportunidades, ante las dificultades que generaban contar con solo dos agentes para una gran demanda que tiene la citada ciudad y demás comunidades vecinas dependientes de dicha jurisdicción.
Con las nuevas designaciones, Beatriz Adorno y Miguel Figueredo, se eleva a cuatro el número de fiscales en la capital de la energía. Según los abogados, “ese esfuerzo contribuirá a una mayor eficiencia en la administración de Justicia y en la respuesta a las necesidades de la comunidad”, en cuanto a acciones ante el Ministerio Público.
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La reunión fue también para ver la factibilidad de mejoramiento de la Fiscalía en cuanto a varios aspectos, entre ellos, la falta de una mejor infraestructura.
En ese marco, con el aval de las autoridades municipales, informaron que la municipalidad de Hernandarias dispone de un predio para la construcción de la sede propia para el Ministerio Público, teniendo en cuenta que la institución funciona en un local alquilado. Una sede propia representaría un avance importante en la consolidación de la institución en el distrito de Hernandarias, según lo referido en la reunión por parte de los visitantes.
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Mafia de los pagarés: imputan a jueces, actuarios, ujieres y abogados de firmas de cobranzas
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.
Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.
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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.
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