La Justicia actuó con celeridad en el caso del crimen del agente Dario Alberto Delgado Ortiz (51) de la Patrulla Caminera, ocurrido el sábado último en Hernandarias, Alto Paraná. El sospechoso identificado como Nelson Amarilla (36) fue imputado por el Ministerio Público por el hecho de homicidio doloso, en tanto sigue la búsqueda de su cómplice.

Según los antecedentes del caso, el ataque al puesto de control de la Patrulla Caminera se dio como represalia a una multa que había pagado Amarilla tras haber dado positivo a la prueba de alcotest durante una inspección en la citada unidad ubicada sobre la ruta PY07 (antigua supercarretera).

Molesto por la actuación de los inspectores, el hombre habría regresado en motocicleta a esta oficina de guardia y con un arma de fuego efectuó 16 disparos, de los cuales dos alcanzaron a Delgado Ortiz, quien fue auxiliado por su compañero hasta el hospital local, donde posteriormente se confirmó su deceso. El médico forense del Ministerio Público certificó como causa de muerte un “shock hipovolémico por disparos de arma de fuego”.

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Tras la balacera, Amarilla abordó rápidamente su biciclo y huyó del lugar. Pero mediante los rastrillajes efectuados por la Policía fue localizado el domingo. En el allanamiento de su vivienda ubicada en la ciudad de Presidente Franco se encontraron armas de fuego y estupefacientes, según los intervinientes. Las evidencias colectadas obran en poder del Ministerio Público.

Luego del apresamiento del sujeto, la fiscal Natalia Montanía requirió al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención del imputado, quien será investigado por el hecho de homicidio doloso. En tanto continúa la búsqueda del hombre que lo acompañó en la motocicleta, quien le habría rescatado tras cometer el crimen.

El hecho causó consternación en la Patrulla Caminera y nuevamente se instaló el debate sobre la necesidad de que los controles del consumo de alcohol se recrudezcan como medida preventiva precisamente de estos episodios luctuosos.

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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.

“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.

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El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.

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Una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente fiscal Dora Nohl Recalde, intervino un inmueble ubicado en San Lorenzo, donde fue detenida una persona identificada como Arturo Miguel Mendoza Alfonzo y se logró incautar elementos que estarán sujetos a la investigación referente a la producción de documentos no auténticos y otros.

Los intervinientes incautaron del lugar una calcomanía para la elaboración de chapas para vehículos tipo Mercosur, una réplica de chapa para motocicleta, calcomanías varias con la inscripción “Mercosur Paraguay” y escudos de la República del Paraguay, facturas de compra de chapa negra de la empresa “Metalsur” de la ciudad de Ñemby, cortes de chapas de metal utilizadas para la fabricación de chapas de vehículos apócrifas, además de otros dispositivos como: disco duro, CPU, DVR y aparato celular.

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Acompañaron el operativo, el Departamento de Control de Desarmaderos de Vehículos y el Departamento de Control de Automotores - Sede Central. La orden de allanamiento fue firmada por el juez de Luque, Juan Rodolfo Pecci Oviedo.

Ahora el detenido debe declarar ante la citada representante del Ministerio Público, quien deberá presentar la imputación contra el detenido si se tienen los elementos necesarios. En caso de que presentase la imputación, luego el aprehendido comparecerá ante un juzgado penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado estará privado o no de su libertad.

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Este jueves, desde el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de San Antonio denunciaron que la fiscal de Luque, Sandra Ledesma, ordenó la detención de los voluntarios porque supuestamente están invadiendo una propiedad. El inmueble en cuestión sería el sitio donde está instalado el cuartel y que habría sido cedido por la comuna.

La orden fue dada luego de que la fiscal Ledesma llegó al cuartel en compañía de efectivos policiales y acusó a los voluntarios por supuesta invasión de propiedad, por lo que todos fueron arrestados y llevados hasta la comisaría. Hace un año inició la causa sobre la propiedad que aparentemente no tenía dueños y fue entregada a los bomberos.

“Le pedí a la fiscal la orden judicial para la detención y ella me dijo que no necesita, que ella puede ordenar nuestra detención porque nosotros estábamos haciendo una invasión. Nos dijo que tenía documentos y nos mostró una foto satelital con una marca de donde está supuestamente el terreno”, explicó la capitán Patricia Coronel, en entrevista con el portal Ypané en Vivo.

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Detalló que los denunciantes son personas que en base a documentación falsa pretenden apropiarse del inmueble y que este fue cedido por la Municipalidad de San Antonio para el cuartel. “Nosotros ya demostramos que no hay dueño de ese terreno y el cuartel está hace más de un año en el lugar”, señaló.

Agregó que Ledesma es fiscal de la ciudad de Luque y que ordenó que los detenidos comparezcan ante la Fiscalía, pero no les aclaró en qué ciudad. “Ella nos quiso hacer firmar un acta, pero nos negamos porque no podemos hacerlo sin el acompañamiento de nuestro abogado. También quiso que hagamos la declaración indagatoria”, indicó.

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Resaltó que en estos momentos el cuartel está sitiado y que no dejan entrar a ningún voluntario, por lo que si existe alguna emergencia no podrán asistir a la ciudadanía de San Antonio o brindar apoyo a otras ciudades. “Nosotros necesitamos la ayuda de la ciudadanía y de otros abogados, para poder aclarar la situación. Estamos en forma inoperativa por este procedimiento ilegal”, puntualizó.

Recalcó que en todas las instancias, penal, civil y administrativa se demostró que los documentos presentados por la otra parte son falsos. Además, de que el proceso penal está con un sobreseimiento provisional, no existe pedido de reapertura del expediente. “Nosotros vamos a presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la fiscala Sandra Ledezma”, concluyó.