La defensa legal del diputado colorado Miguel Cuevas apeló la resolución del juez Julián López Aquino por la cual se rechazó el pedido de arresto domiciliario para el legislador, recluido desde febrero en la sede de la Agrupación Especializada.

Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera, en representación del parlamentario, presentaron una apelación general contra la confirmación de la prisión. En ese sentido, solicitan al Tribunal de Apelación que anule el fallo del citado magistrado o que ordene directamente el arresto domiciliario de su cliente.

Este jueves 17 de setiembre, el juez penal de Garantías, Julián López Aquino, rechazó la solicitud de revocar la prisión preventiva decretada y el subsidiario pedido de revisión con el otorgamiento de otras medidas menos gravosas que la prisión preventiva, como el arresto domiciliario.

En caso de no ser anulada la decisión tomada por el juez López, la defensa de Cuevas solicita al menos que se le conceda el arresto domiciliario en un inmueble de su propiedad ubicado en el distrito de Sapucái, Paraguarí.

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El juez penal de Garantías, Julián López Aquino, decidió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario del diputado colorado Miguel Cuevas, por lo que deberá continuar recluido en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. El legislador está imputado por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

En ese sentido, se mantiene vigente la medida cautelar de la prisión preventiva impuesta el pasado 14 de febrero, para continuar con su reclusión en la mencionada división policial, en libre comunicación y a disposición del juzgado en cuestión.

El magistrado argumentó que el inmueble ofrecido como caución real no se halla acompañado de las condiciones de dominio actualizado y que resulta insuficiente por estar valuada en G. 1.270 millones, suma que no llega a cubrir el monto que se le imputa a Cuevas como parte del hecho punible de enriquecimiento Ilícito.

Además, en el edificio ofrecido para el caso de ser beneficiado con el arresto, la defensa no ha mencionado a quién pertenece, ni mucho menos ha presentado constancias de la residencia. Por otra parte, se indica que la magistratura considera que aún existe el peligro de obstrucción a actos concretos de investigación citados por el propio fiscal en el acta de revisión.

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La Fiscalía había imputado al legislador luego de constatar que incrementó su patrimonio de manera desmedida durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario público. Desde que ingresó a la función pública tuvo un ingreso de G. 5.734.307.036 y su egreso fue de G. 7.439.622.171. Con ello, existe una diferencia de G. 1.705.315.135 entre los años 2009 y 2019. Tras una serie de pericias contables, se lo procesó por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública y declaración falsa.

La pesquisa se inició luego de la denuncia del concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, quien señaló que Cuevas supuestamente malversó al menos G. 1.200 millones. En la misma causa también están procesados su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, y su hijo, Enzo Cuevas.