Un intenso debate se realizó ayer en el Senado sobre el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), que plantea la fusión de la Dirección General de Regis­tros Públicos, la Dirección de Catastro y el Departa­mento de Mensura y Geo­desia.

El debate se dio con la mediación de la Comisión de Hacienda y otras comisio­nes asesoras de la Cámara Alta, con la participación de los representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

Al término de la reunión, el ministro Eugenio Jiménez, de la Corte Suprema de Jus­ticia, dijo que recomienda la aprobación del proyecto que podría traer solución al con­flicto de la tenencia de tie­rras en el Paraguay.

“Yo creo que la propuesta es la correcta, creo que esto en algún tiempo va a ir solucio­nando uno de los más graves problemas que tiene nues­tro país, que es el problema de la tierra. Creo que la aprobación de este proyecto va a ser un paso muy impor­tante”, indicó el ministro de la Corte Suprema.

El senador Javier Zaca­rías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Cons­titucionales, se mostró muy satisfecho con el pro­yecto de Registro Unificado Nacional. Valoró la apertura al diálogo de sus autores e insistió en que es lo mejor para el país.

“Estamos contentos porque vemos con muy buenos ojos esta alianza estratégica. No se ve normalmente lo que hoy estamos viendo, ese diá­logo permanente para bus­car lo mejor para el país”, manifestó el senador.

Indicó que la implementa­ción del proyecto represen­tará la modernización del Estado y brindará seguri­dad jurídica a la inversión extranjera.

Por su parte la senadora Celeste Amarilla dijo que celebra el planteamiento. “Que sea un primer paso, que se había que hacer en algún momento, el desas­tre en titulación, tenencia y registros es insostenible, cualquier cosa que haga­mos espero que mejore, pero también puede empeorar”, agregó.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Gustavo Santander Dans y César Diesel Junghanns, participaron del Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, cuya edición número 29 se desarrolla del 25 al 27 de setiembre en Lima (Perú). Esta conferencia anual reúne a jueces constitucionales de la región, junto con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, con el cual se crea un foro común de discusión y reflexión.

El ministro Santander acudió en su rol de vicepresidente primero y presidente de la Sala Constitucional, cuyo colega Diesel también integra. Este evento es considerado como un espacio clave, cuyo objetivo es el intercambio de ideas sobre los principales desafíos del derecho constitucional en la región. Se trata de uno de los eventos más prestigiosos y relevantes en el ámbito de la jurisdicción constitucional.

La presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, Luz Pacheco Zerga, en su discurso de inauguración, el miércoles pasado, destacó la importancia de fortalecer los principios fundamentales de derechos y libertades. “Es crucial consolidar estos conceptos, ya que de lo contrario corremos el riesgo de desvirtuar las nociones de respeto”, refirió.

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A su vez, el magistrado del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Peter Frank, se refirió a la importancia del Estado de derecho que garantiza los derechos de las personas, y subrayó que la justicia social debe ser inclusiva.

Mientras que el director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Hartmut Rank, resaltó que el objetivo principal del evento es fortalecer la justicia constitucional y promover un Estado de derecho sólido en la región. “Es esencial que quienes se vean afectados por actividades empresariales tengan acceso a mecanismos efectivos de protección de sus derechos”, puntualizó.

“El evento reúne a representantes de 14 Cortes Constitucionales de América Latina, quienes colaboran e intercambian experiencias en busca de consolidar la justicia constitucional en la región. Este encuentro fortalece la cooperación internacional y reafirma el compromiso de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en América Latina”, destaca el informe de la CSJ.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no dar lugar al pedido presentado por Enrique Kronawetter, para suspender los efectos de la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. La máxima instancia judicial considera que los promotores de la acción no pudieron demostrar cuál era el “perjuicio irreparable” de esta designación.

“La Sala Constitucional resuelve no hacer lugar a la suspensión de efectos, solicitada por Alfredo Enrique Kronawetter y Calor César Trapani por sus propios derechos bajo el patrocinio de los abogados Luis Lezcano Claude y Jorge Rolón Luna del decreto N.° 714 por el cual se nombran representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura”, dice el auto interlocutorio de la Corte.

Kronawetter, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo, presentó esta acción ante la CSJ apuntando a dejar sin efecto la designación realizada por el presidente Santiago Peña, quien postuló a la doctora Alicia Pucheta para ocupar dicho lugar. El exmiembro del Consejo alegó que su permanencia en el órgano debía extenderse hasta el 2026.

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“Haciendo un análisis de lo expresado en el escrito presentado, los accionistas ni alegaron ni demostraron concretamente el perjuicio irreparable. En efecto la sola mención de forma genérica de la existencia de un perjuicio o gravamen no es equiparable al gravamen ‘irreparable’ previsto por la norma”, refiere la resolución.

La argumentación de Kronawetter para permanecer en el cargo se sustentaba en que al ser designado por el entonces presidente Mario Abdo en en el 2023 para representar al Ejecutivo, su mandato se extendería hasta el 2026, cumpliendo así los tres años de duración en el cargo. No obstante, él solo estaba ocupando la vacancia generada por la designada original del expresidente, Mónica Seifart, nombrada en el 2020, por lo que su periodo feneció en octubre del 2023.

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El ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), cuestionó la falta de celeridad de la justicia con respecto al robo de energía reportado por el ente. En los últimos cinco años se formalizaron 60 denuncias, pero un solo caso recibió una condena. El reclamo fue planteado incluso a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Hay unas 60 denuncias presentadas en el ámbito judicial desde el año 2019 a la fecha creo que hay solo un condenado por sustracción de energía eléctrica. El presidente de la Ande se reunió esta semana con el fiscal general y el presidente de la Corte”, señaló a la 1000 AM.

Con respecto al procedimiento realizado el día de ayer miércoles a una criptominería ilegal en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí, confirmó que la empresa generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a la Ande. “En lo que va de este 2024, esta es la intervención número 11, con estas intervenciones se evitan una pérdida de G. 6.500 millones por mes”, indicó.

Rolón manifestó que los propios pobladores fueron quienes hicieron la denuncia debido a los constantes problemas en el servicio. “Personal técnico, con asesoría jurídica llegaron al lugar, se solicitó el allanamiento y se constató una conexión directa en media tensión, de manera irregular”, remarcó.

El funcionario de la Ande explicó que en el citado establecimiento se encontró una potencia de más de 3 megavatios y más de 700 máquinas de criptominería. Según el informe de la Ande, en el lugar se encontró un transformador de 45 kVA de pantalla y otro transformador de 3.150 kVA que alimentaba a las máquinas procesadoras de criptomonedas que fueron incautadas como parte del proceso de investigación por el ilícito de sustracción de energía eléctrica detectado en dicho local.

Para las autoridades resulta claro que una de las principales causas de los inconvenientes que afecta la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico constituyen estas actividades ilícitas, que además ocasionan un grave daño patrimonial a los intereses de la institución.

La granja de criptominería intervenida el miércoles en Qui­indy (Paraguarí) generaba una pérdida estimada en G. 800 millones al mes a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). En el predio se hacían trabajar más de 700 máquinas con un transformador de 45 kilovoltamperios (kVA) que ali­mentaba a otro de 3.150 kVA, según lo denunciado.

“Se encontró una potencia de más de 3 megavatios y poco más de 700 máquinas de criptominería en el lugar intervenido, esto generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a esa zona”, expresó Hugo Rolón, gerente comercial de la Ande, a la 1000 AM.

Señaló que se trata de la intervención número 11 en lo que va de este 2024, mediante las cuales se evita una pérdida de G. 6.500 millones por mes a la Ande. Las pérdidas se dan debido al uso que las criptominerías emplean a través de una conexión directa en media tensión de manera irregular, ya que precisan de mucha más potencia para generar las mone­das digitales.