• Ciudad del Este. Agencia Regional

Un descontrolado hombre con cuchillo en mano amenazó a toda su familia e intentó herir a sus padres, según denuncia que recibió la Policía. Cuando llegaron los agentes, el denunciado no aceptó calmarse y hasta forcejeó con ellos, resistiendo a su aprehensión. Se trata de Leonardo Ariel Olmedo Guillén (29), según reportó la subcomisaría 1ª del barrio San Rafael.

Ocurrió anoche a las 22:40 en el barrio San Agustín, en donde fueron víctimas Ada Guillén de Olmedo (50) y Leoncio Olmedo (54). Fue la misma madre quien pidió a los policías que detuvieran a su hijo, ante la actitud de mucha violencia en que se encontraba.

De acuerdo al relato de la madre del agresor, el hombre tenía un cuchillo con el cual amenazó a toda la familia en el interior de la casa; en el intento que hizo para calmarlo, la atacó y casi le aplicó una herida con el puñal. Agregó que ocurrió lo mismo contra su padre.

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Cuando llegaron agentes policiales, estos ordenaron al agresor que se calme, pero el citado seguía ofuscado y se dispuso para enfrentar con golpes de puño a los policías, lo que derivó en el forcejeo violento con los agentes, para luego ser reducido y esposado.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Alcides Giménez, quien dispuso que el aprehendido sea trasladado en la celda de seguridad de la Dirección de Policía por medidas de seguridad, previa práctica del alcotest, con resultado de 0,723 mg/L.

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Un hombre de 59 años fue hospitalizado de gravedad en principio en el hospital de Ñemby, luego de que presentara una herida entre las piernas, según un informe del Ministerio Público. Los médicos tratantes confirmaron que le fueron extirpados los testículos, ya que se presume que habría sido castrado mientras dormía en su vivienda, sin embargo se desconoce el móvil del hecho. Posteriormente, fue derivado al Hospital de Trauma, en donde fue sometido a dos cirugías de emergencia.

Según el reporte dado por la fiscal Gladys González, la víctima identificada como Patricio Bogado, de 59 años, habría sido ingresado al Hospital de Ñemby el pasado miércoles por una herida que presentaba en las partes íntimas y que este pensó que se cortó accidentalmente. Sin embargo, los doctores que lo atendieron confirmaron que no tenía ambos testículos y que este les fueron extirpados mediante la incisión que presentaba.

La víctima en ese momento cambió su relato y resaltó que estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que no recuerda qué fue lo que sucedió, solo que al despertar sintió la humedad entre sus piernas y pensó que se habría herido mientras estaba borracho, por lo que pidió ayuda a la mujer que trabaja como empleada doméstica en su vivienda y esta solicitó el servicio de plataforma de viajes para ir al hospital.

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“Entramos a la casa y no encontramos nada de alcohol o drogas. El hombre se dedicaba a vender plantas y durante esta mañana se sometió a otra cirugía”, detalló la fiscal, en entrevista con canal Trece.

Afirmó que el hombre no aporta mayores datos sobre lo ocurrido y no están avanzando en el caso. Además, en un principio se opuso a que las autoridades ingresen a la vivienda. Actualmente, presenta una infección grave en la zona por lo que su vida está en riesgo, hasta el momento se desconoce el móvil del caso. El paciente no cuenta con antecedentes penales por violencia o abuso sexual.

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• Fuente: AFP

Estados Unidos sancionó este viernes a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Julio Miguel De Vido por “corrupción significativa” y les prohíbe entrar en el país, informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Ambos “abusaron de sus posiciones al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, resultando en millones de dólares robados al gobierno argentino”, afirma Rubio en un comunicado.

En su red social X, el jefe de la diplomacia escribió que hoy viernes anunció la designación de la expresidenta de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y del exministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido. Esto, debido a su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo, agregó en su red social.

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• Por Juan Marcelo Pereira

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

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En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.

Monto demandado: G. 3.010.768.440

Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada

Monto demandado: G. 68.965.418.419

Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones

Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)

Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados

Monto demandado: G. 2.482.950.000

Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados

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