El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este martes, en el milésimo día de su ofensiva contra Ucrania, el decreto que amplía las posibilidades de utilizar armas nucleares, después de que Washington autorizara a Kiev a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

“Entre las condiciones que justifican el uso de armas nucleares figura el lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia”, afirma el decreto.

“Era necesario adaptar nuestros fundamentos a la situación actual”, declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, aludiendo a lo que Putin considera “amenazas” de Occidente a la seguridad de su país.

El presidente ruso advirtió en septiembre que su país podría utilizar ahora armas nucleares en caso de “masivos” bombardeos aéreos contra Rusia.

También que cualquier ataque de un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos, podría considerarse una agresión “conjunta” susceptible de requerir tal medida.

Ucrania afirmó este martes que disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra territorio ruso, inaugurando una “nueva fase de la guerra”, según Moscú, que volvió a blandir la amenaza nuclear.

Un alto funcionario confirmó a AFP en Kiev que el ejército ucraniano había bombardeado la región fronteriza rusa de Briansk con misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS, después de que Rusia denunciara ese ataque.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que ese ataque abre una “nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia” y prometió una respuesta acorde, en declaraciones a la prensa en Rio de Janeiro, donde participó en la cumbre del G20.

El gobierno del presidente Joe Biden autorizó la semana pasa da a Ucrania a golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance, en un giro estratégico a pocas semanas de la investidura de Donald Trump.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no se refirió directamente a esa nueva situación, pero este martes firmó un decreto que amplía las posibilidades en las cuales su país podría recurrir al uso de armas nucleares.

Esas posibilidades incluyen la de usar armas nucleares contra un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos.

Fuente: AFP

La futura sede del juzgado de primera instancia de Capiatá avanza y ya se encuentra en etapa final, por lo que en meses ya podría culminar la obra. El ministro superintendente del departamento Central, Eugenio Jiménez, realizó días atrás una visita para verificar los avances en la construcción en la futura sede judicial de la mencionada ciudad.

Esta nueva sede albergará los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Civil, Laboral, y Niñez y Adolescencia, con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía y mejorar el acceso a la Justicia, en línea con los objetivos de la Corte Suprema de Justicia.

La obra culminada tendrá una superficie de 10.899 m2 y la apertura de dichos juzgados permitirá facilitar aún más el anhelado acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía de la Circunscripción Judicial de Central, con lo que se cumplirá el mayor objetivo trazado por el máximo tribunal de la República, en el marco de la política de dotar de mejor infraestructura a todo el sistema judicial.

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La Corte Suprema de Justicia tiene prevista la construcción de la nueva sede del juzgado de primera instancia de la ciudad de Fernando de la Mora. La obra cuenta con una superficie de 15.210 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles que albergarán a los Juzgados de Primera Instancia Penales, Civiles y Comerciales, Laborales, Penales Adolescentes y de Niñez y Adolescencia; cuatro tribunales de sentencias, cuatro salas de juicios orales, órganos de apoyo jurisdiccional, dependencias administrativas de seguridad y servicios.

En otro bloque independiente al principal de dos niveles funcionarán dos Juzgados de Paz y programas de apoyo como un salón múltiple para cien personas y una cafetería. Igualmente, contará con estacionamientos diferenciados. La nueva sede estará ubicada sobre la calle Jerusalén y Humaitá, de la ciudad de Fernando de la Mora.

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Tras un largo debate, durante la segunda sesión extraordinaria, el plenario de la Cámara de Senadores aprobó la prórroga, por 60 días más, de la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado y delitos conexos. Un total de 21 senadores acompañaron el pedido de resolución presentado por varios legisladores, mientras que 18 parlamentarios se opusieron a la extensión.

Esta comisión que fue constituida en carácter transitorio fue creado con el objetivo de abrir una investigación parlamentaria sobre temas vinculados a corrupción y lavado de dinero; incluyendo a organizaciones de la sociedad civil y sus presuntos vínculos con actores políticos que recibieron eventuales financiamientos para campañas políticas.

Al respecto, senador Dionisio Amarilla, que preside la CBI indicó que desde que se constituyó la comisión el pasado 26 de agosto, ha establecido tres ejes de investigación que ha sido ampliamente desarrollado, que hace referencia al lavado de activos vinculados al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro.

Como segundo eje, indicó que se enfocó en el lavado de activos provenientes del tráfico de armas y como tercer punto se indagó sobre el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueamiento que ingresaron al sistema financiero vía bancos y empresas.

Informó que durante este tiempo la CBI ha convocado a autoridades de 8 instituciones públicas, así como a periodistas investigadores, y miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Además de representantes de la sociedad civil, entre otras autoridades de Fundassa y equipo técnico.

“Mi intención, como proyectista y presidente de esta CBI es señalar al pleno que esta comisión está preparada y que ha logrado traer a su seno documentos y elementos de convicción que seguramente derivarán en planteamientos de modificación de marcos regulatorios, de denuncias que tal vez se podrán formular más adelante, si así lo deciden los miembros de la comisión ante los órganos jurisdiccionales. Pero sobre todo estaremos entregando un trabajo que nos permita decir que hemos cumplido con el deber que nos han encomendado”, expresó.

Luego de que el plenario se constituyera en comisión, se abrió un amplio debate, donde se escucharon todas las posturas tanto a favor como en contra de otorgar la prórroga. Pero que finalmente, por mayoría, el pedido quedó aprobado y se le otorga un plazo de 60 días más para llevar adelante sus indagaciones.

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Tras años de postergación, el gobierno, a través del Ministerio de Obras y Comunicaciones (MOPC), concretó la firma del contrato para la construcción de la ruta que unirá el Puerto Paredón, el más antiguo de Hohenau, con la Ruta PY06.

Esta vía moviliza hoy la segunda mayor carga granelera en Itapúa, pero hasta ahora no cuenta con una ruta asfaltada. Con esta firma el Gobierno del Paraguay apuesta por el progreso de Hohenau, las Colonias Unidas y todo el departamento de Itapúa.

Para ello, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió a los representantes de la empresa constructora, el ingeniero Óscar Franco, presidente de firma Roggio Paraguay; acompañado del representante legal Emilio Gill. Además asistieron la titular del MOPC, Claudia Centurión, y el intendente de Hohenau, Enrique Hahn.

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“El gobierno de Paraguay está comprometido con desarrollar todo este importante pulmón económico que es Itapúa y firmamos el contrato de pavimentación desde Hohenau hasta Puerto Paredón. Un contrato que va a ser ejecutado por la firma Roggio”, expresó la ministra Centurión a través de un video que fue divulgado por la presidencia de la República.

A su turno, el jefe comunal de Hohenau agradeció la predisposición del gobierno en invertir por mejores infraestructuras en esa zona del país; resaltando que tanto el presidente Santiago Peña como la ministra de Obras Públicas, tuvieron la oportunidad de recorrer este distrito y conocer las obras que estaban pendientes de ejecución y que habían sido postergadas por el gobierno anterior.

Igualmente, destacó que ya cuenta con la aprobación del Congreso Nacional para la construcción del Parque Industrial, mediante la sanción de la ley que desafecta el terreno donde será instalado el parque industrial, y por donde justamente, pasará el importante tramo que será construido mediante el contrato que fue firmado en la fecha.

Explicó que este tramo a ser construido, permitirá unir el puerto Paredón, ubicado sobre el río Paraná, y conectarse, mediante este tramo, con la Ruta PY06.

La ministra de Obras Públicas destacó que las obras que lleva adelante el Gobierno no son obras aisladas, sino que son todo un sistema de inversión que está siendo liderado por el propio presidente Santiago Peña.

“No solamente tenemos la importante noticia de la construcción del parque industrial, sino que a la vez anunciamos la construcción de este pavimento que unirá Hohenau con Puerto Paredón y pasa justamente en frente al Parque Industrial; así como las ofertas para el dragado del río Paraná, que se recibirán la próxima semana. Es decir, es todo un sistema de inversión que es liderado por el presidente Santiago Peña y se está desarrollando en el sector y que va a dinamizar este importante centro logístico de la zona de Itapúa”, concluyó.

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