María Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general Javier Díaz Verón, está acusada por lavado de dinero y se expone a varios años de cárcel. Foto: Gentileza.
Ex fiscal general Díaz Verón y su esposa enfrentarán una sola audiencia preliminar
Compartir en redes
El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo enfrentarán una sola audiencia preliminar, en la que se definirá si ambos enfrentarán un juicio oral y público por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Así resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez José Delmás, quien decidió acumular la causa de Morínigo con la de su esposo, que se tramita en el juzgado de Julián López.
Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Bibiana Benítez y Gustavo Santander firmaron la resolución judicial en la que se ratifica la resolución de primera instancia. Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado de Garantías a cargo de Julián López para que este pueda fijar la nueva fecha en la que se desarrollará la audiencia preliminar en la que se tendrá que definir si el proceso se eleva a un juicio oral y público.
Acusación
El 13 de agosto del año pasado, el fiscal Anticorrupción Osmar Legal presentó acusación contra Francisco Javier Díaz Verón por la presunción de enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria luego de que un Juzgado verifique en febrero de este año su estado actual de salud. El exrresponsable del Ministerio Público estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está acusada por lavado de dinero y actualmente se encuentra con arresto domiciliario.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaba con sus ingresos económicos. El ex fiscal general se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Condenan a 4 años de cárcel a Miguel Servín, alías “Celular”, por tener título falso de abogado
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia condenó a 4 años de cárcel al supuesto líder narco Miguel Ángel Servín, alías “Celular”, luego de ser responsable de haber falsificado su título de abogado para obtener su matrícula en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Yolanda Portillo dictó la sentencia condenatoria contra el procesado.
Los jueces de sentencia concluyeron que sí se probó el hecho con documentos y por sobre todo los testigos que declararon durante el desarrollo de la audiencia oral.
La acusación fiscal fue presentada por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. De acuerdo a la investigación, en diciembre del año 2017 Miguel Ángel Servín y su presunto testaferro Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos títulos de contenido falso.
Los títulos fueron expedidos supuestamente por la Universidad de San Lorenzo (UNISAL) y la Universidad Católica (UCA), pero los mismos eran apócrifos, puesto que los acusados ni siquiera fueron alumnos de las instituciones.
La fiscal Nathalia Silva refirió que el día de la fecha se presentó la directora de la UNISAL y también los firmantes del título, quienes desconocieron totalmente que ellos hayan emitido un título a favor del señor Miguel Servín, así como que el mismo ni siquiera se matriculó en dicha institución. Afirmó estar conforme con la decisión, teniendo en cuenta que la pena máxima es de cinco años.
Proceso por narcotráfico
Miguel Ángel Servín, alias Celular, está procesado igualmente por liderar un esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero, en el cual sería pieza clave Hugo Meza Huespe, alias MH, quien manejaba los negocios de la banda a través de diversas actividades.
Ratifican prisión de Elián López, quien arrojó una copa de vidrio a una joven que perdió el ojo
Compartir en redes
El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, ratificó la prisión preventiva Elián López Torres, imputado por el delito de lesión grave, tras arrojar una copa de vidrio a la joven Dahiana Benítez, ocasionándole la pérdida de un ojo, en un local nocturno. De esta manera, se confirma la resolución del juez penal de Garantía Rolando Duarte, quien había decretado la prisión del imputado.
Los camaristas mencionaron que existe aún el peligro de fuga en el presente caso, así como peligro de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, por lo que corresponde ratificar la prisión del imputado, refiere la resolución judicial.
La defensa del procesado había apelado la resolución judicial tratando de que el tribunal de apelación pueda revocar la determinación del juzgado de Garantía y el imputado pueda estar en arresto domiciliario, pero tal situación no se generó y el joven seguirá privado de su libertad.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el joven había arrojado una copa de vidrio a la víctima, quien acabó perdiendo un ojo luego del impacto de dicho objeto contra su rostro.
Por su parte, los familiares de la joven víctima del hecho piden justicia por el grave suceso que se registró y que el presente caso no quede impune.
Caso Berilo: confirman al juez Penal de Garantía Miguel Palacios
Compartir en redes
El Tribunal de Apelación ratificó la competencia del juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, para que siga siendo el magistrado que lleve adelante el proceso penal que enfrenta Reinaldo “Cucho” Cabaña, y otros acusados por delitos relacionados con el narcotráfico.
Ahora el expediente deberá bajar al juzgado Penal de Garantía para que el referido magistrado pueda fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el caso se eleva a un juicio oral y público.
Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, fue aprehendido en Ciudad del Este el 18 de septiembre de 2018 junto a otras 23 personas, en el marco del Operativo Berilo, llevado a cabo por el Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). El mismo se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
La audiencia preliminar para las personas acusadas fue suspendida en más de ocho ocasiones durante todo este proceso por lo que se espera que se pueda llevar adelante la referida diligencia judicial donde se aguarda que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
Acusación
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz fue quien presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el caso están procesadas otras 20 personas más.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
Un grupo de miembros del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) junto a movimientos internos y algunos legisladores presentaron una denuncia contra Hugo Fleitas, presidente de la organización política, argumentando el incumplimiento y la violación de numerosos artículos del estatuto liberal. El diputado Rodrigo Blanco sostuvo que esta decisión apunta a recuperar la institucionalidad del partido ante la crisis dirigencial.
“Yo creo que, independientemente a lo que lo que tenga que decidir o vaya a decidir el Tribunal de Conducta, creo que lo más importante a destacar en este caso es el esfuerzo que está haciendo por recuperar la institucionalidad del partido”, indicó Blanco en conversación con La Nación/Nación Media. Así también, indicó que lejos de tomar decisiones en mayoría, la Convención se ha tomado el camino que marca el estatuto partidario, dejando en manos del Tribunal de Conducta partidario tomar la decisión sobre las sanciones ante esta denuncia. “El único órgano sancionador en el partido es el Tribunal de Conducta, que sea el Tribunal de Conducta el que evalúe y el que decida finalmente conforme a un proceso que tiene que ser llevado con todas las garantías para todas las partes”, aseveró.
La sanción solicitada por el grupo de liberales es la separación del cargo al actual presidente del PLRA. “La sanción que se solicita es una sanción de segundo grado establecida en el estatuto, la cual establece puntualmente la separación del cargo, no la expulsión en calidad de afiliado, sino la separación de las funciones, en este caso de presidente, que hoy le corresponde a Hugo Fleitas”, explicó el legislador.