María Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general Javier Díaz Verón, está acusada por lavado de dinero y se expone a varios años de cárcel. Foto: Gentileza.
Ex fiscal general Díaz Verón y su esposa enfrentarán una sola audiencia preliminar
Compartir en redes
El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo enfrentarán una sola audiencia preliminar, en la que se definirá si ambos enfrentarán un juicio oral y público por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Así resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez José Delmás, quien decidió acumular la causa de Morínigo con la de su esposo, que se tramita en el juzgado de Julián López.
Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Bibiana Benítez y Gustavo Santander firmaron la resolución judicial en la que se ratifica la resolución de primera instancia. Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado de Garantías a cargo de Julián López para que este pueda fijar la nueva fecha en la que se desarrollará la audiencia preliminar en la que se tendrá que definir si el proceso se eleva a un juicio oral y público.
Acusación
El 13 de agosto del año pasado, el fiscal Anticorrupción Osmar Legal presentó acusación contra Francisco Javier Díaz Verón por la presunción de enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público.
Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria luego de que un Juzgado verifique en febrero de este año su estado actual de salud. El exrresponsable del Ministerio Público estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa, María Selva Morínigo, está acusada por lavado de dinero y actualmente se encuentra con arresto domiciliario.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y el 2016 Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaba con sus ingresos económicos. El ex fiscal general se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral el proceso penal de Rodrigo Emilio Montalva Agüero, acusado de formar parte del esquema de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico. Foto: SENAD.
A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
Compartir en redes
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.
Condenan a dos personas a 10 años de cárcel por robar un camión Scania
Compartir en redes
Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.
La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.
Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.
Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.
Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristián González condenó a 21 años de cárcel a una persona acusada de abusar sexualmente de tres niños. Foto: Gentileza
Un tribunal de sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Cristian González condenó a 21 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable del delito de abuso sexual en niños. Las víctimas son tres sobrinos del hoy sentenciado. El condenado ya fue sentenciado a 14 años de pena privativa de libertad por otro caso de abuso sexual en niños.
Tras la sentencia, la fiscala Claide Acosta señaló que “terminamos el juicio oral y público por el caso de abuso sexual en niños, donde el Ministerio Público solicitó la pena de 21 años de cárcel en un caso sumamente grave donde las víctimas fueron tres niños”, explicó.
“El tribunal colegiado encontró culpable al acusado y condenó a 21 años de cárcel, conforme a los testigos y las pruebas documentales ofrecidas durante el juicio oral”, manifestó.
Acotó igualmente que “las víctimas de este grave caso son tres niños entre 6 y 12 años, sobrinos del hoy condenado. Este hecho se registró en una convivencia de familia ampliada porque vivían todos en un inmueble y penosamente surge esta situación que fue denunciada en el año 2022″.
“Se realizó un amplio trabajo con profesionales psicólogos médicos forenses y se abarcó todos los campos y se pudo probar el hecho que es lo importante”, indicó la representante del Ministerio Público.
Igualmente Acosta sostuvo que “dado el temor debido a que las víctimas recibían amenazas los niños lograron contar el hecho en el ámbito escolar y luego se comunicó al Ministerio Público donde se inició la investigación que terminó con la alta condena para el acusado”.
Condenan a 19 años de cárcel a una mujer que asesinó su empleadora
Compartir en redes
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro condenó a 19 años de cárcel a Ydolvina González de Bogarín luego de ser encontrada culpable por el homicidio de Ada Estela Gaona Vda. de Aguilera. El terrible suceso ocurrió en abril del año 2022 en el barrio Tacumbú de la capital.
La hoy condenada fue empleada doméstica en la casa de la víctima durante los fines de semana. De acuerdo a los elementos presentados en juicio, la condenada asesinó a la mujer por asfixia mecánica tras maniatarla, además de propinarle golpes.
La víctima fue encontrada sin vida, fuertemente atada y amordazada. En una aparente maniobra para desviar la investigación, la acusada también se presentó atada, pero de forma burda y poco convincente, lo que desde un principio generó sospechas entre los investigadores.
El fiscal Hernán Mendoza logró demostrar la responsabilidad de la acusada con la presentación de varios testimonios, entre ellos el de la señora Emigdia Cárdenas de Bareiro, quien al llegar al lugar de los hechos encontró la escena del crimen y junto a una vecina, ayudó a desatar tanto a la víctima como a la acusada.
El caso generó conmoción en el barrio Tacumbú, por la relación de cercanía entre víctima y victimaria. El Ministerio Público y la querella adhesiva solicitaron la pena máxima prevista por la gravedad del crimen y la relación de confianza rota, pero finalmente el tribunal colegiado condenó a 19 años de cárcel.