El juez Julián López admitió este jueves la imputación contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, y su esposo José Costa Perdomo por el presunto esquema montado para desviar fondos de la institución estatal en la compra de agua tónica e insumos médicos mediante “licitaciones”.
“Una vez que recibimos la ampliación del acta de imputación en el caso de Petropar, en la que está imputada la señora Patricia Samudio y otras personas, el Juzgado procedió a la admisión”, declaró el magistrado a Universo 970 AM.
El juez mencionó que de igual manera Patricia Samudio debe presentarse este viernes a las 8:30 para su audiencia por la primera imputación en su contra, donde no se incluye la ampliación presentada por el Ministerio Público ayer miércoles.
Se estima que el daño patrimonial ocasionado a Petropar durante la administración de Patricia Samudio supera los G. 300 millones por las sobrefacturaciones en la compra de agua tónica y que implica hasta a su marido José Costa Perdomo.
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De acuerdo a los datos de la Fiscalía, el esposo habría contactado con la empresa Solumedic para montar el esquema y “simular” contratos, a fin de desviar los fondos de la institución estatal con las transferencias bancarias tras la “licitación”, que en realidad fue una contratación directa vía excepción y ya había un “acuerdo” antes del llamado.
El Ministerio Público amplió la imputación contra Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, y otras 14 personas más por el hecho punible de lesión de confianza. Esto, en el caso de la compra sobrefacturada de agua tónica, supuestamente para combatir al COVID-19, y otros insumos como mascarillas, termómetros y mamelucos.
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Esteños piden celeridad en los casos judiciales de Prieto: “Sigue libre, campante y robando”
“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.
“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.
En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
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“Estamos cansados que esta justicia sea selectiva”
La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.
Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.
“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.
Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.
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Fiscalía pidió prisión para camionero detenido con más de 1.800 kilos de marihuana
Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la unidad Antidrogas, procesó y pidió la prisión del camionero detenido que transportó 1.800 kilos de marihuana prensada. Se trata de Roque Daniel Núñez (35), imputado por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. La carga estaba en un doble fondo de un tracto-camión.
La intervención de Antinarcóticos de la Policía de Alto Paraná que derivó en el hallazgo de la gran cantidad de drogas y la aprehensión del conductor, se registró ayer 18 de noviembre, alrededor de las 14:30, sobre la Ruta PY07 (antigua supercarretera), en la comunidad de Troncal 3, distrito de Minga Porá, Alto Paraná.
El hoy procesado se encontraba al mando de un Scania, color blanco, con matrícula AADL606, con carreta de color rojo, chapa AAAK 141, que transportaba 1.888 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 555 paquetes pequeños y 45 paquetes grandes.
El cargamento provenía de la zona norte del país y tenía como destino Ciudad del Este. Las drogas estaban ocultas en un compartimiento de doble fondo ubicado en la carreta del camión, preparado especialmente para este fin, según el reporte policial y consignado en el acta fiscal.
La detección de la carga fue mediante un trabajo de inteligencia realizado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes montaron una vigilancia y retuvieron el camión de gran porte, durante un control sobre la carretera.
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El camión parecía estar vacío, pero al ser inspeccionado más detalladamente, los agentes percibieron que la carrocería presentaba modificaciones recientes, según argumentó el fiscal Antidrogas.
Agrega el reporte que la estructura tenía placas de madera terciada sobre el plano de la carrocería, cubiertas con una capa de cal en polvo, lo que hizo suponer la existencia de un compartimiento oculto, diseñado específicamente para el traslado de la droga.
Los intervinientes retiraron las placas de madera y descubrieron una gran estructura de hierro que cubría todo el plano de la carreta, con varios espacios de aproximadamente 15 centímetros de altura, llenos de paquetes de marihuana envueltos en cinta de embalaje.
Cerca de la cabina del camión, el compartimiento tenía una rampa que ascendía hasta unos 30 centímetros, y fue allí donde se encontraron 45 paquetes de mayor tamaño, envueltos en cinta de embalaje verde, azul y algunos con cinta transparente.
El personal policial antinarcótico detuvo al conductor e incautó el camión con el cargamento, siendo comunicado el hecho a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. El fiscal Elvio Aguilera, imputó a Roque Daniel Núñez y solicitó al Juzgado de Garantías que decrete su prisión preventiva.
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Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.
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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.
Cumplimiento de tratados
“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.
Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.
“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.
Modalidades
Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.
“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.
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Imputan a una persona por el hurto de 413 celulares de alta gama
La fiscal Laura Giacummo presentó imputación por hurto contra Pedro Damián González Caballero, por haber presuntamente sustraído 413 aparatos celulares de diversos modelos de la marca Samsung, de una firma de plaza en donde el imputado prestaba servicios. Igualmente se solicitó al juzgado penal de Garantía la prisión preventiva del imputado.
Ahora el juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se va a definir si se decreta la prisión o se hace lugar a la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Los antecedentes del caso señalan que entre los meses de junio y noviembre de 2024 González Caballero se desempeñaba como ayudante de logística en la firma GAFI S.A., en el depósito ubicado en la calle Tte. Fariña 1052 de Asunción, junto con otras personas.
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Supuestamente el imputado habría quitado 413 celulares que estaban siendo utilizados para exhibición, que se encontraban guardados en el lugar. Los celulares que estaban dentro de seis cajas fueron supuestamente sustraídos luego de que las mismas hayan sido forzadas.
González Caballero fue detenido por la Policía Nacional y se sospecha que el perjuicio total que habría sufrido la empresa en cuestión rondaría los G. 700 millones. Los investigadores lograron recuperar 27 celulares que estaban guardados en la casa de un vecino del imputado.
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