La Corte Suprema de Justicia confirmó esta mañana que una jueza del departamento Central dio positivo al COVID-19 y que esta ya se encuentra aislada y en permanente comunicación con las autoridades judiciales.

Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, resolvió que el Juzgado de Paz de Areguá permanezca cerrado por precaución. A través de la resolución Nº 8.248 se suspenden los plazos procesales desde este martes hasta el 14 de agosto, y el lunes 17 del mismo mes se reiniciarán las actividades en dicho juzgado.

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Semanas atrás, la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia informó que se ha confirmado que un funcionario que presta servicios en la sede judicial de Fernando de la Mora ha dado positivo a la prueba de detección del COVID-19.

Por ese motivo, fue activado inmediatamente el procedimiento de actuación ante un caso positivo, aprobado por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Basado en ello, la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial dispuso la desinfección de las oficinas judiciales de Fernando de la Mora, además de asistir al funcionario a través del personal médico de la institución.

Con relación al funcionario afectado, se informa que este dejó de prestar servicio presencial el 14 de julio debido a que presentaba síntomas de resfrío común, haciendo trabajo telemático desde esa fecha. Se sometió a la prueba de detección del virus el día 18 de julio y el resultado de la prueba le fue entregado el día de ayer. Por ese motivo, ya se encuentra en aislamiento domiciliario por el plazo de 14 días.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, decidió suspender las actividades del Poder Judicial en la Circunscripción Judicial del Alto Paraná desde el 30 de julio hasta el 12 de agosto del 2020. Esto se da debido a la determinación adoptada por las autoridades del Ministerio de Salud sobre la cuarentena total en la zona del Alto Paraná.

Asimismo, de acuerdo a la determinación adoptada por el titular de la máxima instancia judicial, se suspenden los plazos procesales y administrativos en la referida circunscripción judicial y se fijó para el 13 de agosto la reanudación de los plazos procesales, quedando expresamente establecido que los plazos registrales no se suspenden.