Un hombre fue condenado a 14 años de cárcel tras ser encontrado culpable por coaccionar y violar sexualmente a su hijastra de 13 años de edad. La fiscala del caso fue Sonia Pereira.
De acuerdo a los magistrados de sentencia, el Ministerio Público pudo demostrar durante el debate del juicio oral la responsabilidad del acusado, quien es abogado. La sentencia se pudo dictar tras varios años de litigio, debido a que el hoy condenado presentaba chicanas para evitar ser juzgado por un colegiado.
Los antecedentes indican que el sentenciado violó a su hijastra y la amenazaba constantemente para que ella no pueda denunciar el grave hecho, hasta que decidió realizarla y la Fiscalía tomó intervención imputando al profesional del derecho que hoy está condenado por coacción sexual y violación.
Según quedó probado, el ahora condenado sometió sexualmente a la menor desde que tenía 13 años, en el 2007, y a partir de allí en diversas oportunidades. El hombre amenazaba a la menor con matar a su madre y mediante ella cometía los abusos que se dieron hasta que la víctima quedó embarazada en el 2009.
Por su parte, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que deberá analizar si corresponde confirmar la resolución de primera instancia o en su defecto revocar y ordenar que se vuelva a realizar un nuevo juicio oral y público.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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Caso Sol Chávez: familiares de la víctima no pueden nombrar a la odontóloga condenada
En un giro controvertido dentro del caso de Sol Chávez, la joven fallecida por intoxicación con flúuro, un juez dictó una medida cautelar que prohíbe a sus familiares mencionar o acercarse a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada por homicidio culposo. La decisión ha generado indignación en los padres de la víctima, María Edith Franco y José Domingo Chávez, quienes recibieron un oficio judicial que, según su abogado, presenta numerosas irregularidades.
La medida fue dictada tras una denuncia presentada por Espinoza contra la familia de Chávez, amparándose en la Ley 5.777/2016 de violencia contra la mujer. Sorprendentemente, el documento judicial señala a la odontóloga como “víctima”, lo que ha sido fuertemente cuestionado por la defensa de la familia Chávez.
El abogado José Armoa denunció errores graves en el oficio judicial, que van desde incongruencias en los nombres de los involucrados hasta la carátula del documento, donde se menciona un hecho punible de violencia doméstica. “No sabemos si es un error de tipeo o qué, pero un error de esta naturaleza no puede tener esas incongruencias. Lo que más nos llama la atención es que la carátula del Juzgado enuncia un hecho punible de violencia doméstica”, expresó Armoa en declaraciones al canal GEN/Nación Media.
El abogado también explicó que no se puede caratular como “violencia doméstica” un conflicto entre personas que no conviven juntas. En este caso, ni la odontóloga Espinoza ni la química Sandra Hermosa (también acusada por la muerte de Sol Chávez) tienen relación de cohabitación con la familia de la víctima.
Piden investigar al juez del caso
Ante las irregularidades en el documento judicial, la familia Chávez solicita que se investigue al juez José Segundo Velázquez Alfonso, responsable de la medida cautelar. La defensa de la familia destaca que el oficio presenta errores desde el encabezado, mencionando a un jefe policial ajeno al caso, hasta restricciones impuestas a personas extrañas, cuyos nombres fueron corregidos a bolígrafo.
Antecedentes del Caso
Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 debido a una intoxicación con flúuro. Tras un proceso judicial, Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa fueron condenadas a solo dos años de prisión, lo que generó indignación en la opinión pública. Sin embargo, la sentencia fue anulada, y actualmente se lleva a cabo un nuevo juicio.
La decisión de prohibir a la familia de la víctima mencionar a la odontóloga condenada ha generado un fuerte rechazo y ha reavivado el debate sobre la transparencia y equidad en el sistema judicial. La familia Chávez insiste en que seguirá luchando por justicia para su hija y exige que se revisen las acciones del juez a cargo del caso.
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Vínculo de Cartes con Israel expone el terrorismo de Estado en la era Abdo
“Esto tiene un gran mensaje político, se da en un momento muy importante”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la visita realizada por el expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a Israel. Agregó que el acontecimiento terminó demostrando la instalación de un esquema de terrorismo de Estado y persecución política contra su cliente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Cartes fue invitado por el estado de Israel para hablar de la lucha contra el antisemitismo, justamente cuando la sanción más grave de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos se centró sobre este punto”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las sanciones aplicadas por el país norteamericano al empresario derivaron de las acusaciones sobre los presuntos vínculos que mantiene con Hezbolá. La campaña de vincular a Cartes con el grupo terrorista, considerado como uno de los principales enemigos de Israel fue impulsado por el abdismo en confabulación con poderosos medios de comunicación y una oposición sumisa.
“Se demostró que fue una campaña de denuncias falsas, montada por el exgobierno. En marzo del año 2022 ellos enviaron un informe manipulado y falso a FINCEN en EE. UU., lo que derivó en su sanción en julio del 2022″, comentó Ovelar.
El intento de vincular a Cartes con el grupos terroristas fue desplegado con fuerza en junio del año 2022, meses antes de los comicios internos del Partido Colorado, que se desarrollaron el 18 de diciembre del mismo año. En ese entonces, el líder de Honor Colorado y el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, disputaban la titularidad de la Junta de Gobierno de la nucleación.
Llamativamente, la campaña también fue desatada en el marco de los comicios presidenciales realizados el 30 de abril del mismo año. El esquema contó con una activa participación del entonces embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de acuerdo a las denuncias realizadas por cercanos a Cartes.
Antecedentes
Uno de los puntos centrales del intento de vinculación a Cartes con terroristas fue la falsa denuncia impulsada por el entonces ministro de la Seprelad, René Fernández, quien sin fundamentos ni argumentos denunció a la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por posibles conexiones con el terrorismo, en el famoso caso conocido como el “avión iraní”.
La industria tabacalera tenía en ese entonces entre sus principales accionistas a Cartes. La acusación formulada en el gobierno de Abdo Benítez apuntaba a generar no solo un daño político, sino también moral y económico para sacarlo de la arena electoral.
Mediante discursos coordinados, el abdismo instaló con fuerte respaldo de medios aliados que la aeronave con matrícula venezolana YV3531 transportaba en su interior a tripulantes relacionados con supuestos grupos terroristas. Las 18 personas incluso fueron involucradas de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbolá de Líbano.
El avión hizo una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7.086 cajas de cigarrillo vendidas por la firma Tabasa a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba. Recientemente el Ministerio Público requirió la desestimación de la causa al no encontrarse elementos que sustenten la acusación.
“La desestimación de la causa ratifica la falsedad así como la persecución a un inocente orquestado desde el anterior gobierno. Acá hubo un presidente que en convivencia con el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, montaron todo este show mediático, político que está hoy en día absolutamente desbaratado”, sentenció.
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“Yo me pregunto qué temen”, dice Ovelar ante los absurdos procesales de Marito y su gavilla
Pedro Ovelar, abogado del expresidente de la República, Horacio Cartes, requirió la aplicación de sanciones contra los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores ante el bombardeo de chicanas con el afán de paralizar la causa conocida como “filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”.
“El interés es que el caso no avance, y esto debe pararse a través de las sanciones a los abogados. La justicia no puede permitir ni tolerar este tipo de conductas. Este tipo de conductas procesales lo que demuestra es que ellos no tienen absolutamente ninguna posibilidad de discutir el fondo de la cuestión porque quedan descubiertos, evidenciados de ser parte de un terrorismo de Estado con el uso de las instituciones públicas para perseguir a un adversario”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Mario Abdo, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.
En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público. Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de Espínola, actual diputado.
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“Discurso de boca para afuera”
Ante la reculada de Mario Abdo, en no acudir mañana martes 1 de abril ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, para ofrecer su descargo en el marco del tratamiento de su desafuero, Ovelar indicó que “probablemente también chicaneara ahí, pero si quiere hacerlo que lo haga. Cartes no pudo hacerlo porque directamente se le aplicó sanciones sobre la base de mentiras empleadas a través de un terrorismo de Estado”.
En un acto político realizado días atrás en Ayolas, el líder de Fuerza Republicana confirmó que no asistirá ante la citada comisión y solo acudirán sus abogados. A la vez, “ofreció su cabeza” para salvar a sus exministros acusados.
“Él tiene la necesidad política para mantener a raya a esos funcionarios y ministros, por eso sale a decir llévenme a mí, pero realmente es un discurso de boca para afuera porque dice una cosa, pero hace otra cosa. El verdadero autor y actor de la persecución política por lo cual hoy están acusados sus exministros y altos funcionarios es Abdo Benítez”, refirió.
Asimismo, Mario Abdo calificó al llamado de aberrante por convocar también a la defensa del denunciante. “Nosotros no fuimos invitados a la reunión de mañana ni con Mario Abdo ni con sus abogados, pero el presidente Cartes está siempre abierto, si se le da la oportunidad para decir como víctima lo que ocurrió, lo haremos”, comentó.