La Dirección de Auditoria de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia confirmó la grave falla del expediente electrónico en el proceso penal caratulado “Víctor Daniel Bogado y otros sobre lesión de confianza”. La denuncia fue presentada por el abogado Milner Núñez, defensor de Román Rafael González Mir en el citado proceso mencionado más arriba.
Núñez sostiene que el sistema electrónico falló debido a que se presentó una apelación el 17 de diciembre del 2019 pero figura el 18 de diciembre, lo cual afectó al estudio del planteamiento formulado por el referido profesional del derecho.
La conclusión del informe revela claramente que “esta auditoria conforme a los informes de la Dirección de Tecnología ha determinado que se ha producido una inconsistencia en el registro de presentación del recurso por lo que recomienda que se tomen los recaudos necesarios a fin de evitar que el usuario de Justicia sea el afectado en sus presentaciones” señala parte del informe donde se revela la grave irregularidad del expediente electrónico.
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Igualmente, parte del informe final menciona que se ha constatado la denuncia formulada por el citado profesional, pero en la presente auditoria no se puede analizar el fondo de la cuestión.
El contundente resultado demuestra que el expediente electrónico debe seguir ajustándose para evitar que se genere inconveniente que puedan privar el derecho a la defensa de los procesados.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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En 2 semanas estará lista auditoría, informó Fleitas
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, indicó que la auditoría externa realizada a la gestión administrativa de Efraín Alegre se encuentra en su etapa final y será expuesta a las autoridades, afiliados y a la ciudadanía en general en menos de dos semanas.
La fiscalización se realizó a pedido de convencionales y miembros de la conducción nacional de la agrupación ante las numerosas irregularidades denunciadas y demandas por falta de pago de las deudas contraídas que generaron embargos y sentencias de llevar a remate locales de comités políticos del PLRA, como el de Capiatá y Ciudad del Este.
“En esta semana está concluyendo el trabajo que hemos encargado a una consultora bastante reconocida, los trabajos de auditoría empezaron a finales del mes de noviembre y en los primeros días de diciembre del año 2023. En no más de dos semanas se estará presentando oficialmente y públicamente los resultados”, manifestó.
Aseguró que de comprobarse las irregularidades denunciadas, no descartan impulsar una denuncia penal contra Alegre. “Nosotros siempre hemos dicho que no apañaremos nada y tampoco vamos a inventar absolutamente nada”, indicó en una entrevista con la 730 AM.
No obstante, Fleitas sostiene que el principal responsable del colapso financiero del Partido Liberal es Alegre, quien, con la finalidad de costear su campaña política a la Presidencia de la República en los comicios generales de 2018, violó la Ley del Financiamiento Político.
“Esto ha sido producto de una irresponsabilidad del expresidente Alegre que le sobreendeudó al partido para las elecciones, cuando la ley del financiamiento autorizaba a todos los partidos a gastar hasta un máximo de G. 33 mil millones. Pero Alegre gastó más de G. 56 mil millones por sobre la ley, y por sobre la decisión del Directorio”, sentenció.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.