Un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Escobar condenó a 2 años y 6 meses de cárcel al agente policial Fernando Agüero Benítez tras ser encontrado culpable de golpear a dos mujeres durante la manifestación del 31-M, en el año 2017.
El Ministerio Público en sus alegatos finales ha solicitado la pena de 3 años y 6 meses de cárcel para el agente policial. Ante este pedido, el colegiado decidió condenar a 2 años y 6 meses de cárcel al uniformado.
Por su parte, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar la resolución dictada por el tribunal colegiado. En caso de ser así, será el Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si confirma el fallo de primera instancia o, en su defecto, revoca el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia.
Te puede interesar: Tribunal de Apelación ratifica imputación contra titular del PLRA, Efraín Alegre
Antecedentes
Según los antecedentes, el suceso se registró el 31 de marzo del 2017, cuando durante una manifestación pública en las calles Palma casi Independencia Nacional, en el centro de Asunción, el ahora acusado en su rol de autoridad policial habría atacado con golpes de puño y patadas en diversas partes del cuerpo a Blanca Brizuela.
Posteriormente, la mujer inclusive recibió disparos de balines de goma en la espalda. Igualmente, Agüero Benítez habría golpeado de la misma forma a otra mujer identificada como Diana de Amado, a quien presuntamente golpeó en la cabeza produciéndole un corte en la oreja.
Podes leer: Merienda escolar en Guairá: el fiscal Luis Said interinará en la causa
Dejanos tu comentario
Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
Te puede interesar: Vecinos reducen a ladrón tras asalto a una joven en parada de colectivos
En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
Podes leer: Unas 47 mujeres se incorporarán a las filas del Grupo Lince
Dejanos tu comentario
Caso Sol Chávez: familiares de la víctima no pueden nombrar a la odontóloga condenada
En un giro controvertido dentro del caso de Sol Chávez, la joven fallecida por intoxicación con flúuro, un juez dictó una medida cautelar que prohíbe a sus familiares mencionar o acercarse a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada por homicidio culposo. La decisión ha generado indignación en los padres de la víctima, María Edith Franco y José Domingo Chávez, quienes recibieron un oficio judicial que, según su abogado, presenta numerosas irregularidades.
La medida fue dictada tras una denuncia presentada por Espinoza contra la familia de Chávez, amparándose en la Ley 5.777/2016 de violencia contra la mujer. Sorprendentemente, el documento judicial señala a la odontóloga como “víctima”, lo que ha sido fuertemente cuestionado por la defensa de la familia Chávez.
El abogado José Armoa denunció errores graves en el oficio judicial, que van desde incongruencias en los nombres de los involucrados hasta la carátula del documento, donde se menciona un hecho punible de violencia doméstica. “No sabemos si es un error de tipeo o qué, pero un error de esta naturaleza no puede tener esas incongruencias. Lo que más nos llama la atención es que la carátula del Juzgado enuncia un hecho punible de violencia doméstica”, expresó Armoa en declaraciones al canal GEN/Nación Media.
El abogado también explicó que no se puede caratular como “violencia doméstica” un conflicto entre personas que no conviven juntas. En este caso, ni la odontóloga Espinoza ni la química Sandra Hermosa (también acusada por la muerte de Sol Chávez) tienen relación de cohabitación con la familia de la víctima.
Piden investigar al juez del caso
Ante las irregularidades en el documento judicial, la familia Chávez solicita que se investigue al juez José Segundo Velázquez Alfonso, responsable de la medida cautelar. La defensa de la familia destaca que el oficio presenta errores desde el encabezado, mencionando a un jefe policial ajeno al caso, hasta restricciones impuestas a personas extrañas, cuyos nombres fueron corregidos a bolígrafo.
Antecedentes del Caso
Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 debido a una intoxicación con flúuro. Tras un proceso judicial, Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa fueron condenadas a solo dos años de prisión, lo que generó indignación en la opinión pública. Sin embargo, la sentencia fue anulada, y actualmente se lleva a cabo un nuevo juicio.
La decisión de prohibir a la familia de la víctima mencionar a la odontóloga condenada ha generado un fuerte rechazo y ha reavivado el debate sobre la transparencia y equidad en el sistema judicial. La familia Chávez insiste en que seguirá luchando por justicia para su hija y exige que se revisen las acciones del juez a cargo del caso.
Puede interesarle: Cáncer colorrectal: especialistas alertan sobre detección tardía en Paraguay
Dejanos tu comentario
Vínculo narco: fijan para el 23 de abril el juicio oral contra Arnaldo Giuzzio
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planas, Mathias Garcete y Yolanda Morel, fijó para el 23 de abril el juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante detenido en Brasil Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Días atrás, el Tribunal de Apelación rechazó la recusación presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra los integrantes del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás.
La chicana fue promovida en su momento por el abogado Emilio Fúster, el pasado 14 de marzo. El exfuncionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien se encuentra detenido en Brasil.
El Ministerio Público había solicitado al tribunal de sentencia que sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, asociados con Marcus Vinicius Espíndola y que se había fugado de un operativo en Hernandarias, en 2022.
Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Podes leer: Imputan a cinco funcionarios penitenciarios por supuesta liberación de presos
Dejanos tu comentario
Condenan a 15 años de cárcel a Rafael “Mbururu” Esquivel por abuso sexual en niños
Tras un juicio oral y público, un tribunal de sentencia condenó a 15 años de cárcel a Rafael “Mbururu” Esquivel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, cuya víctima fue una niña de 12 años de edad. La fiscala del caso fue Vivian Coronel.
El colegiado sostuvo que se pudo probar la responsabilidad del acusado en el grave hecho sucedido. Agregaron que la cámara Gesell resultó de vital importancia para poder llegar a la verdad.
Ahora, la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación de Alto Paraná el que deba decidir si confirma la sentencia condenatoria.
Te puede interesar: Detienen al supuesto autor del homicidio del dueño de una playa de autos en CDE
Antecedentes
El proceso es por el supuesto hecho de abuso sexual en niños, en carácter de autor. En la misma causa, la madre de la víctima también fue acusada, en calidad de cómplice. El antecedente indica que el hecho habría ocurrido entre junio y julio de 2019, en el interior del motel Samoa del barrio San Miguel de Ciudad del Este, hasta donde fue llevada la víctima por el presunto agresor, con el consentimiento de la madre.
Supuestamente, la propia madre habría ordenado a su hija para acompañar a Rafael Esquivel hasta el referido lugar, donde se produjo la agresión sexual, pero el hecho se conoció recién el 7 de marzo de 2023 cuando la Defensoría Pública de la Niñez y Adolescencia informó a la Fiscalía sobre un supuesto caso de proxenetismo, del cual había resultado víctima la menor y siendo supuesta responsable su propia madre.