Se inició en la fecha el juicio oral y público para el agente policial Fernando Agüero Benítez, quien se encuentra acusado por lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. El Tribunal de Sentencia que juzga al uniformado está integrado por los jueces Sandra Farías, Carlos Hermosilla y Fabián Escobar. Mientras que la agente fiscal del caso es Silvia Cabrera.
Según los antecedentes, el suceso se registró el 31 de marzo del 2017, cuando durante una manifestación pública en las calles Palma casi Independencia Nacional, en el centro de Asunción, el ahora acusado en su rol de autoridad policial habría atacado con golpes de puño y patadas en diversas partes del cuerpo a Blanca Brizuela.
Posteriormente, la mujer inclusive recibió disparos de balines de goma en la espalda. Igualmente, Agüero Benítez habría golpeado de la misma forma a otra mujer identificada como Diana de Amado, a quien presuntamente golpeó en la cabeza produciéndole un corte en la oreja.
El Ministerio Público sostiene que tiene suficientes elementos para llegar a una condena contra el agente policial. Mientras que la defensa mencionó que se probará durante el desarrollo de la audiencia oral la inocencia del uniformado.
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Esteños piden celeridad en los casos judiciales de Prieto: “Sigue libre, campante y robando”
“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.
“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.
En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
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“Estamos cansados que esta justicia sea selectiva”
La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.
Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.
“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.
Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.
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Imputan a presunto autor del crimen de agente de la Caminera
La Justicia actuó con celeridad en el caso del crimen del agente Dario Alberto Delgado Ortiz (51) de la Patrulla Caminera, ocurrido el sábado último en Hernandarias, Alto Paraná. El sospechoso identificado como Nelson Amarilla (36) fue imputado por el Ministerio Público por el hecho de homicidio doloso, en tanto sigue la búsqueda de su cómplice.
Según los antecedentes del caso, el ataque al puesto de control de la Patrulla Caminera se dio como represalia a una multa que había pagado Amarilla tras haber dado positivo a la prueba de alcotest durante una inspección en la citada unidad ubicada sobre la ruta PY07 (antigua supercarretera).
Molesto por la actuación de los inspectores, el hombre habría regresado en motocicleta a esta oficina de guardia y con un arma de fuego efectuó 16 disparos, de los cuales dos alcanzaron a Delgado Ortiz, quien fue auxiliado por su compañero hasta el hospital local, donde posteriormente se confirmó su deceso. El médico forense del Ministerio Público certificó como causa de muerte un “shock hipovolémico por disparos de arma de fuego”.
Tras la balacera, Amarilla abordó rápidamente su biciclo y huyó del lugar. Pero mediante los rastrillajes efectuados por la Policía fue localizado el domingo. En el allanamiento de su vivienda ubicada en la ciudad de Presidente Franco se encontraron armas de fuego y estupefacientes, según los intervinientes. Las evidencias colectadas obran en poder del Ministerio Público.
Luego del apresamiento del sujeto, la fiscal Natalia Montanía requirió al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención del imputado, quien será investigado por el hecho de homicidio doloso. En tanto continúa la búsqueda del hombre que lo acompañó en la motocicleta, quien le habría rescatado tras cometer el crimen.
El hecho causó consternación en la Patrulla Caminera y nuevamente se instaló el debate sobre la necesidad de que los controles del consumo de alcohol se recrudezcan como medida preventiva precisamente de estos episodios luctuosos.
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Trabajadores del Hospital Acosta Ñu exigen reivindicación salarial
Los trabajadores del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu salieron a las calles para manifestarse en reclamo de mejoras salariales. Piden recibir los mismos beneficios que sus colegas de otros centros especializados dependientes del Ministerio de Salud Pública.
Tanto el personal de blanco como administrativo se encuentra en movilización permanente desde el día de ayer lunes para exigir reivindicaciones laborales, ya que indican que hace diez años no reciben ajustes en sus estipendios. Además se cortaron las bonificaciones para algunos trabajadores.
“Nosotros hace diez años que venimos postergados en las reivindicaciones salariales, eso solo para el Hospital Pediátrico. Como hospital especializado exigimos también igualdad y equidad de parte del Ministerio de Salud”, señaló la licenciada Nelly Giménez en diálogo con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Afirmó que “son los únicos olvidados” por parte del Ministerio de Salud. “No solo deben vanagloriarse cuando hay logros institucionales y cuando hay trasplantes. Ahí siempre todo el tiempo ellos convocan a conferencia de prensa y en sus redes todo el tiempo somos el hospital ejemplo”, expresó.
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La trabajadora pidió a las autoridades sanitarias tenerles en cuenta cuando se trata de “reivindicaciones salariales que muchísimo tiempo estamos postergados”.
La enfermera consideró “injusto” que otros hospitales especializados reciban otro trato, sin embargo el trabajo es el mismo. “Trabajamos 365 días del año, no tenemos feriado. Es lo que nosotros elegimos, amamos lo que hacemos, pero creo que eso debería reflejarse también en nuestros salarios para poder vivir dignamente”, sostuvo.
Detalló los salarios que ganan los profesionales de diferentes áreas. “Nosotros no cobramos como los asesores, no tenemos el privilegio de poder ir dos veces a la semana o de manera virtual. Imagínense cuántas veces ya subieron las cosas y nuestro salario ronda entre 4.320.000, 3.650.000, un médico terapista gana cinco millones”, reveló.
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Ciudadanos retomaron manifestación para pedir destitución de Miguel Prieto
Un grupo de 40 personas aproximadamente, convocados por el movimiento ciudadano “CDE Libre”, se manifestó hoy para exigir la intervención de la administración municipal del intendente Miguel Prieto Vallejos y su destitución del cargo. Es lo que refirió Rogelio Núñez, uno de los convocantes.
Se concentraron en la Plaza de la Paz ubicada frente a la municipalidad, luego marcharon por la avenida Pioneros del Este y posteriormente se instalaron en el patio de la Junta Municipal de Ciudad del Este, situada sobre la misma avenida.
“Queremos la destitución de Miguel Prieto por los innumerables hechos de corrupción y por eso estamos reiniciando nuestra lucha; llegamos a la Junta Municipal porque es una de las vías para la intervención, también la Contraloría General puede solicitar y vamos a insistir en eso”, dijo Núñez.
Acusó al intendente Prieto de estar negociando su renuncia y, “según versiones que manejamos, hoy se iba a presentar a la Junta Municipal su renuncia y se iba a tratar la designación del concejal Richard Alfonso, quien hace rato es su aliado”, refirió.
Agregó que se manifestaron ante los concejales, “para que se intervenga la municipalidad y se impida la elección de alguien apoyado por Miguel Prieto”.
Consultado por qué cree que el intendente renunciaría, Rogelio Núñez mencionó que “ya está acorralado por sus más de 40 denuncias, ya no tiene como salvarse y está buscando dejar a alguien de su equipo para completar el periodo”.
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Informó además que llegarán hasta la Contraloría General de la República, dentro del plan de manifestaciones que pretenden realizar, con tal de conseguir la destitución o la renuncia de Miguel Prieto. En sus últimas intervenciones, Prieto volvió a decir que no renunciaría.
“Descabellada” alianza
Por su parte, el concejal de Honor Colorado, Richard Alfonso, refirió a La Nación/Nación Media que “es una teoría descabellada la que plantean, no se de dónde sacaron una cuestión conspirativa así, quizás quieren desprestigiarme, no tiene ningún sustento lo que dicen”.
Mencionó que no habla con el intendente Miguel Prieto, “todos saben que con él (Miguel Prieto) no se habla, es todo a través de nuestra gestión legislativa, es imposible hablar con él y, se supone que si estoy en algún plan, yo debería saber”.
Alfonso agregó que, hoy no existen condiciones para construir una mayoría en la Junta Municipal y la única que puede pedir la intervención es la Contraloría General de la República.
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