La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.

En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.

De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.

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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.

También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.

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El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.

La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.

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La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.

Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.

Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.

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Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee, condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.

Igualmente el colegiado resolvió absolver de culpa y pena al despachante Néstor Ramírez ante la duda existente en torno a los hechos acusados por el Ministerio Público.

Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.

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Actualmente las dos condenadas están con arresto domiciliario desde enero del 2021. Es decir, más de tres años ya están bajo la prisión domiciliaria. El Ministerio Público había solicitado la pena privativa de libertad de 7 años para Patricia Ferreira, 6 años de cárcel para Nidia Godoy y 3 años de cárcel para Néstor Ramírez.

Por su parte, los fiscales del caso, Luz Guerrero y Néstor Coronel, se mostraron conformes con la sentencia dictada en primera instancia, pero adelantaron en relación a la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas que esperarán la lectura integra del fallo para estudiar si corresponde apelar la sentencia de primera instancia.

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Una vez más se suspendió el juicio oral y público para el exministro del Interior, Walter Bower, y los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera, acusados por presunta tortura. La audiencia oral se suspendió porque los tres acusados recusaron a los jueces de sentencia, Fabián Weinsensee, Laura Ocampos y Cándida Fleitas.

La nueva recusación se genero luego de que se filtrara un supuesto audio en el que se escucha a quien, supuestamente, sería la magistrada Laura Ocampo, integrante del tribunal de sentencia, dialogando con quien sería uno de los abogados querellantes. Ante la nueva recusación se suspendió la prosecución del juicio oral y público, en el que ya se debía imponer las condenas respectivas para cada uno de los condenados.

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Para los jueces de sentencia quedó probado que Palacios y Vera participaron de hechos de maltrato físico hacia Jorge Luis López Sosa y otras personas, tanto en la comisaría así como también en la Marina. Respecto a Bower, quedó acreditada la participación en los hechos que se dieron en este último lugar. Aún está pendiente el pedido de pena que deben realizar las partes y el posterior veredicto del colegiado.

El exministro del Interior Walter Bower fue acusado con los expolicías Osvaldo Vera y Merardo Palacios por supuestos hechos de tortura contra dos uniformados en mayo del año 2000 en la Marina, porque supuestamente los mismos participaron del frustrado golpe de Estado contra el entonces presidente, Luis Ángel González Macchi.

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