El Tribunal de Apelación confirmó a la jueza penal de Garantías Lici Sánchez para que siga entendiendo en el proceso penal que enfrentan Patricia Ferreira, presidenta de la firma Imedic SA, y Nidia Godoy, funcionaria de la referida empresa.
Facturas falsas de Imedic: confirman a jueza Lici Sánchez
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El Tribunal de Apelación integrado por los magistrados José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Gustavo Ocampos confirmó a la jueza penal de Garantías Lici Sánchez para que siga entendiendo en el caso Imedic SA sobre falsificación de facturas para el ingreso de medicamentos a nuestro país, en el que están procesadas Patricia Ferreira, presidenta de la citada firma; Nidia Godoy, directora de la misma empresa, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
En el presente caso, la magistrada Sánchez se apartó de seguir entendiendo en el proceso, pero su colega Miguel Palacios no estuvo de acuerdo con la inhibición e impugnó la separación de la jueza. Ante este hecho el Tribunal de Apelación tomó la determinación de confirmar a Lici Sánchez para que siga siendo la magistrada del publicitado proceso penal.
Días atrás, ambas imputadas se presentaron ante la mencionada magistrada, quien decidió conceder el arresto domiciliario a Ferreira y Godoy. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que insiste en que ambas procesadas pisen la cárcel del Buen Pastor debido a que se trata de un hecho sumamente grave.
Ahora los camaristas Servín, Sánchez y Ocampos deberán decidir si confirman el arresto domiciliario o, en su defecto, revocan la resolución de la jueza Sánchez y ordenan que ambas imputadas vayan a guardar prisión preventiva.
Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez, y José Agustín Fernández deben estudiar la apelación sobre la condena contra la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa. Foto: Gentileza
Muerte de Sol Chávez: se integró el tribunal de apelación que estudiará si se anula exigua condena
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández deben analizar la apelación que se presentó contra la exigua condena de 2 años y 6 meses de cárcel de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, sentenciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió a causa de la ingesta de una dosis letal de flúor.
Los referidos camaristas deberán resolver si corresponde anular la mínima sentencia por tan grave hecho que acabó con la vida de una joven con futuro enorme. En caso de que se anule la leve condena, se deberá llevar a cabo un tercer juicio oral contra las dos acusadas.
La leve condena llamó la atención de todos, atendiendo la gravedad del hecho debido a que a raíz de la negligencia de las hoy condenadas falleció la joven Sol Chávez. Los jueces que votaron por la exigua condena son Laura Ocampos y Fabián Weinsensee, mientras que la jueza Cándida Fleitas votó por la pena de 3 años de cárcel para las acusadas.
En los alegatos finales, la Fiscalía pidió la pena de 5 años de cárcel al igual que la querella adhesiva luego de comprobarse la gravedad del hecho. En un primer juicio oral, Espinoza fue condenada a 4 años de cárcel y Hermosa a 3 años de pena privativa de libertad.
Operativo Bet: jueza ordenó la prisión preventiva de los imputados
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La jueza penal de Garantía, Alicia Pedrozo, ordenó la prisión preventiva de seis personas imputadas por estafa, coacción, y asociación criminal, por supuestamente integrar parte de una red criminal dedicada a amañar resultados de partidos de fútbol con el fin de obtener ventajas económicas en apuestas deportivas.
La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que los imputados Milciades Senen Cañete Grance, Víctor Pantaleón Valiente Piris, Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonatan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga comparecieron y luego de la audiencia ya fueron trasladados hasta su lugar de reclusión.
El fiscal Federico Delfino imputó a siete personas por los delitos de coacción, estafa y asociación criminal, por supuestamente formar parte de un grupo delictivo con el objetivo de amañar resultados de partidos de fútbol en competiciones organizadas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), a fin de obtener ventajas económicas en apuestas deportivas.
Luis Esteban Cañete Torres, presumible líder del grupo, junto a Milciades Senen Cañete Grance y Víctor Pantaleón Valiente Piris, estarían implicados en los sobornos a jugadores para que estos bajen su rendimiento en los partidos y así lograr ganancias a través de apuestas. También están implicados Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonatan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, quienes habrían reclutado a otros jugadores.
Ratifican condena de 30 años de cárcel por tortura para excomisario
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Un tribunal de apelación en mayoría integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, ratificó la condena de 30 años de cárcel para el excomisario Eusebio Torres, quien fue sentenciado tras ser encontrado culpable del hecho de tortura. Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente el condenado está cumpliendo su condena bajo el régimen de arresto domiciliario debido a que tiene 88 años de edad. Durante el juicio, quedó demostrado que Eusebio Torres Romero sometió a torturas físicas y psicológicas a los hermanos Carlos y Luis Alberto Casco, y a Teresa de Jesús Aguilera.
Torres Romero era el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional durante el gobierno de Alfredo Stroessner. Los hechos ocurrieron en abril de 1976. Los relatos durante el juicio indican que Carlos Casco recibió diversas agresiones físicas y sociológicas tras su detención y posterior traslado en una embarcación hasta el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, donde permaneció privado de libertad.
El tribunal que dictó este histórico fallo estuvo integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre y al inicio de la lectura de la sentencia hablaron de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
El colegiado aplicó la pena máxima tras analizar las pruebas y testificales que hallaron culpable a Torres Romero de los crímenes de lesa humanidad. Debido a la avanzada edad del condenado, este no irá a prisión y gozará de arresto domiciliario, especialmente mientras quede firme la condena, con posibilidad de salir de su casa en caso que tenga problemas de salud.
Exhortan al Poder Judicial y a otros a proteger Ley de Seguridad Fronteriza
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La Cámara de Senadores a través de la Declaración Nro 208 (documento que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia) exhortó a los Poderes Ejecutivo y Judicial a emitir pronunciamiento e impulsar acciones pertinentes para evitar la violación de la Ley 2532/2005 que establece la zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay a los efectos de impedir que cualquier resolución o acuerdo vulnere el cumplimiento de disposiciones vinculadas con la seguridad nacional.
Asimismo, el Senado exhorto al Poder Ejecutivo vía Procuraduría General de la República a impulsar las acciones para que se respeten las normas que protegen la seguridad fronteriza de nuestro país. Misma recomendación se extiende al Ministerio de Defensa Nacional.
Semanas atrás el juez penal de Garantía Yoan Paúl López elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, acusada por prevaricato por entregar presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación de la fiscala adjunta Soledad Machuca fue contundente en vista de que describe los hechos irregulares que cometió la exmagistrada Irún.
El caso judicial está en el tribunal de apelación, donde los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez deben confirmar la resolución del juez López, quien elevó a juicio oral el proceso penal.