Un “depredador en línea” de 26 años fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Belfast, en Irlanda del Norte, tras el suicidio de una de sus 70 víctimas, una niña de 12 años residente en Estados Unidos. Alexander McCartney, que reconoció las 185 acusaciones en su contra, es “la primera persona en Reino Unido en ser condenada por homicidio cuando su víctima residía en un país extranjero”, indicó un responsable de la policía norirlandesa, Eamonn Corrigan, quien denunció a un “repugnante depredador de menores”.

“Las víctimas fueron localizadas en el Reino Unido, Irlanda y otros países europeos, así como en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda”, declaró el juez John Ailbe O’Hara, añadiendo que el acusado, que había sido detenido tres veces antes de ser encarcelado, carecía de circunstancias atenuantes. Alexander McCartney, un exestudiante de informática, se hacía pasar por adolescente para contactar con chicas de todo el mundo en plataformas como Snapchat, antes de chantajearlas. Operaba durante noches enteras desde el dormitorio de su casa familiar en Newry, Irlanda del Norte.

Cimarron Thomas, de 12 años, que vivía en Virginia Occidental (Estados Unidos), se suicidó en mayo de 2018 para no tener que cumplir con exigencias de Alexander McCartney para que involucrara a su hermana menor en actos sexuales. Dieciocho meses después, su desesperado padre Ben Thomas también se quitó la vida.

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El juez denunció el “sadismo” del acusado. “No tuvo remordimientos, ignoró múltiples oportunidades para parar”, subrayó. “McCartney no es más que un repugnante depredador de menores que se hacía pasar por una muchacha en internet y que preparaba, manipulaba y abusaba sexualmente de sus víctimas (...) para satisfacer sus perversiones sexuales y las de otros delincuentes sexuales en línea”, dijo Corrigan.

“Causó daños graves y duraderos a lo que estimamos que son 3.500 víctimas y a sus familias”, subrayó, añadiendo que la policía había intentado identificar al mayor número posible de víctimas, pero que, con el paso del tiempo, algunas nunca serán encontradas.

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Alexander McCartney, que escuchó el veredicto con la cabeza gacha y sin reaccionar, es “la primera persona en el Reino Unido condenada por homicidio cuando su víctima residía en una jurisdicción extranjera”, según Corrigan, que agradeció a las autoridades extranjeras que habían colaborado en la compleja investigación, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El condenado se había declarado culpable de homicidio involuntario en el caso de Cimmarron Thomas y de decenas de otros delitos. Fue condenado a cadena perpetua con una pena no negociable de 20 años. Admitió haber chantajeado, fabricado y distribuido “imágenes indecentes” e incitado a niños a participar en actos sexuales.

Fuente: AFP.

El cantante argentino L-Gante, quien saltó a la fama tras una colaboración con el productor Bizarrap, fue absuelto ayer lunes por secuestro, pero deberá cumplir tres años de libertad condicional por amenazas, según un fallo judicial transmitido por televisión. Elián Valenzuela, verdadero nombre del compositor de 24 años, estaba imputado por amenazas, daños y privación de la libertad, y estuvo preso por esa causa entre junio y setiembre de 2023.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El deseo y propósito de este veredicto es que (Valenzuela) termine de asumir un rol de modelo para la juventud”, dijo el juez Ignacio Racca al leer la sentencia, citando una frase popularizada por la saga del superhéroe Spiderman.

L-Gante es una figura de la música urbana argentina y referente del subgénero local de cumbia conocido como RKT. Saltó a la fama tras su colaboración con el exitoso productor musical conocido como Bizarrap. “Las palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí”, dijo L-Gante a la prensa al finalizar la audiencia.

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“Ojalá algún día sea un gran ejemplo para la juventud”, señaló el artista. L-Gante fue denunciado por distintos episodios de amenazas y dos personas afirmaron haber sido secuestradas por el cantante en mayo de 2023 tras una discusión en la localidad de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires.

El juez Racca lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional por las amenazas, pero lo absolvió por la privación ilegal de la libertad, el delito más grave que podría haberlo mandado a la cárcel de manera efectiva. Valenzuela tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y su colaboración en 2021 con el también argentino Bizarrap le ha valido 348 millones de visualizaciones en YouTube.

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Fuente: AFP.

Un expolicía fue procesado con prisión en Uruguay por el asesinato durante la pasada dictadura (1973-1985) de la esposa de un importante político opositor, cometido con vino envenenado, según documentos judiciales divulgados ayer sábado. Ricardo Zabala, de 74 años, fue procesado “en calidad de presunto coautor (...) de un delito de homicidio”, de acuerdo con el fallo de la jueza Silvia Urioste fechado el 18 de octubre.

Las huellas dactilares de Zabala fueron encontradas en la botella de vino envenenado que el 5 de setiembre de 1978 le causó la muerte a Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional (PN) Mario Heber, hoy fallecido. Fontana era la madre del exministro del Interior y actual senador oficialista Luis Alberto Heber.

“A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años de trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo JUSTICIA. Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso”, escribió el sábado en la red social X Javier Barrios Bove, abogado de la familia Heber. La botella de vino que provocó la muerte de Fontana era una de las tres que aparecieron en agosto de 1978.

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Las botellas iban dirigidas a Luis Alberto Lacalle Herrera, quien luego fue presidente de Uruguay (1990-1995) y es padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou; a Heber, y a Carlos Julio Pereyra, otro histórico dirigente del PN ya fallecido. Pero sólo Fontana bebió el vino adulterado con un insecticida.

La muerte de Fontana motivó inicialmente una investigación plagada de irregularidades que no tuvo resolución judicial. Con el regreso a la democracia en 1985, una comisión del Senado volvió a indagar lo ocurrido, pero la causa finalmente se archivó en 1988. Se reabrió en 2006 a instancias de Pereyra, pero volvió a cerrarse en 2017 por falta de pruebas concluyentes.

El acceso a nuevas técnicas periciales y a documentos desclasificados por Estados Unidos, entre otras informaciones, llevaron a Luis Alberto Heber a solicitar la reapertura del caso en 2020. El pedido y las nuevas informaciones llevaron al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, a pedir el procesamiento de Zabala a fines del año pasado.

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El fiscal le acusó de integrar un grupo de sectores de las llamadas Fuerzas Conjuntas, que coordinaban a militares y policías, “estrechamente comprometidos” con violaciones a los derechos humanos y con “razones serias” para atentar contra quienes promovían un cambio político.

Según Perciballe, “no cabe lugar a dudas” de que detrás de este atentado estuvieron también los militares Amaury Prantl y José Gavazzo, así como los policías Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, todos represores de la dictadura ya fallecidos, quienes ocupaban mandos en los servicios de inteligencia.

Fuente: AFP.

Un tribunal de La Paz rechazó ayer jueves enjuiciar a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez por presuntamente haber planificado un “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019. En el primer día de juicio, la corte tomó la decisión de apartar a la exmandataria del proceso, según su abogado Luis Guillén.

Sin embargo, Áñez seguirá cumpliendo una condena de 10 años por hechos relacionados con la violenta crisis de 2019, cuando Morales fue forzado a renunciar tras ser acusado por la oposición de haber cometido un fraude en los comicios de ese año. “No se ha restituido la libertad” de la expresidenta, “por lo tanto no la podemos considerar una victoria, sino que lo consideramos como un respeto (...) a la prohibición de un doble procesamiento”, agregó el abogado.

En 2022, la justicia ya había condenado a la exgobernante de 57 años por asumir la presidencia de manera inconstitucional en reemplazo de Evo Morales. Esta vez, la fiscalía pretendía que recibiera una condena de hasta 20 años por “terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias”. Su actuación configuró “la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno” de Morales, alegó el ministerio público.

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En noviembre de 2019, Áñez, senadora de la oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social. Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.

“Hemos ganado una batalla, pero no la guerra y vamos a seguir luchando por la libertad de mi madre”, dijo su hija Carolina Ribera, quien estuvo en la instalación de la audiencia a la que no tuvo acceso la prensa. Áñez todavía enfrenta ocho investigaciones por hechos relacionados con la crisis de 2019 y por presuntos casos de corrupción durante su mandato de un año.

“No fue golpe, sí fue fraude”, clamó temprano Áñez cuando era trasladada con esposas y chaleco antibalas desde una cárcel de La Paz hasta la corte donde se abrió el juicio conocido como “Golpe de Estado I”. Junto con ella fueron presentados ante el tribunal el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social. Los otros acusados continuarán respondiendo en el juicio, dijeron sus abogados.

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Anticipándose a la decisión de la corte, Áñez había calificado el segundo juicio como “ilegal”, además de “fantasioso”. Ahora su defensa se centrará en el proceso por matanza de civiles en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), con saldo de 20 muertos, en la represión militar que siguió al cambio de gobierno. El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.

Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial. Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez. El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto. Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.

El líder indígena, que rechaza el proceso como “una mentira más”, acusa a Arce de orquestar su posible detención. Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos. El sistema de justicia se encuentra ahora “con un mayor nivel de manipulación política” comparado con otros de la región, remarcó.

Fuente: AFP.