La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.

“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.

En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.

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“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.

“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.

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Tras la desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado, no obstante, anunciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la auditoría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría además de algunos parlamentarios”, expuso José González, asesor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS, había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el asesor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministerio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para realizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

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“Yo creo que con ese elemento debería contar la Fiscalía para eventualmente confirmar su desestimación o presentar la imputación que corresponda. Tiene que haber sanciones, sino no hay nadie que asuma ninguna responsabilidad y se deja un mal precedente para la administración pública”, aseveró.

Igualmente, manifestó que están confiados en que el juez que dará trámite a la desestimación, se opondrá a la misma y esperan que en caso de que ocurra eso, el Ministerio Público rectifique su dictamen. González advirtió que, caso contrario, impugnarán lo que resuelva el juzgado, pero mientras tanto, queda aguardar la decisión del Poder Judicial

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José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), junto con Alicia Olazar, directora de Auditoría del IPS, coincidieron en “Fuego Cruzado”, por GEN/Nación Media, en que el Ministerio Público no tenía falta de pruebas para proceder con la imputación a Vicente Bataglia, extitular de la previsional.

“Estamos sorprendidos por la actitud prematura del Ministerio Público. Nosotros consideramos que estaban dadas las condiciones para que se formule una imputación, no solo contra las autoridades pasadas del instituto, sino también con aquellas personas que ejercieron cargo de gerente”, sentenció.

González puntualizó que la Fiscalía debió haber aguardado los resultados de la auditoría interna del IPS, así como también de la auditoría externa. Recordó que se habían elaborado una serie de investigaciones, entre ellas se encuentra lo referente al fideicomiso y si se hicieron o no las obras proyectadas con el mismo.

“Confiamos en el juez penal de Garantías, que dé trámite de oposición, agote la instancia y vea si los fiscales se ratifican o rectifican”, indicó, aparte de aclarar que el Ministerio Público ni siquiera contó con un perito contable para llegar a la conclusión de desestimar la denuncia contra Bataglia.

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“El requerimiento de desestimación contiene cinco puntos, que hablan sobre diferencias en saldos presupuestarios, diferencias entre registraciones, etc. Entiendo que la Fiscalía calificó que los hechos corresponderían a diferencias administrativas y no a hechos punibles”, remarcó.

No obstante, hay un informe pendiente por la auditoría sobre uno de los puntos, el cual trata de los préstamos adquiridos por el IPS. Ratificó la importancia de que el Ministerio Público espere primeramente a los resultados del mencionado informe, los cuales podrían darse a conocer en 30 días.

Entre algunas de las irregularidades detectadas se encuentra la verificación de un préstamo sacado por la previsional, el cual supera el presupuesto cuando esto está prohibido por ley. Se hablaría de un perjuicio patrimonial, sin mencionar la falta de identificación sobre la utilización del préstamo.

“La auditoría corresponde a causas abiertas. Líneas de crédito sindicadas, su utilización, saldo inicial de caja, son cuestiones conexas”, señaló Olazar, con respecto al contenido del proceso llevado adelante desde la Dirección de Auditoría del IPS.

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Una comitiva fiscal, acompañada por efectivos policiales del Departamento Antitrata de Personas y Delitos Conexos, allanó un local ubicado en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción, luego de recibir varias denuncias por coacción y explotación.

Según el reporte presentado por las autoridades, en el lugar no se encontraba ninguna persona en el momento de la intervención, pero no obstante, ya con la orden de allanamiento, se procedió al ingreso, encontrando una importante cantidad de evidencia relacionada con el caso investigado.

“Cuando llegamos al lugar no se encontraba nadie y estaba cerrado, el encargado del taller mecánico que se encuentra al lado nos comentó que el sitio permanecía cerrado ese día porque el propietario estaría enfermo; no obstante, cumplimos con la orden de allanamiento y efectivamente encontramos varios elementos que indican que el sitio funcionaba como un prostíbulo y se habla de una situación de explotación sexual”, indicó la fiscala Carina Sánchez en conversación con C9N.