Las Personas Privadas de Libertad que se dedican a la artesanía en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación- Cereso se beneficiarán con el primer lote de exportación de sus productos a la República de China (Taiwán). Así se informó desde el Ministerio de la Defensa Pública.

El programa se denomina Exportando Sueños y está encabezado por el Ministerio de la Defensa Pública, en el marco del plan de oportunidad laboral y reinserción digna de las personas privadas de libertad. Además, beneficiará a sectores vulnerables que se dedican a la artesanía.

El programa se presentó este lunes, en un evento que se realizó en la sede administrativa del Ministerio de la Defensa Pública. En la oportunidad, su titular, Javier Esquivel González expresó su emoción por el proyecto que surgió como una idea de reinserción social, “así como para dar sustentabilidad en el trabajo y dignidad a las personas”.

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Destacó además que, el proyecto se concreta gracias a la buena predisposición de la Embajada de la República de China (Taiwán), ya que el primer lote de productos será exportado a dicha nación. “La intención de esta iniciativa es que las personas privadas de libertad tengan un ingreso económico para ellos y sus familias y que, al recuperar su libertad, estas puedan seguir trabajando”, remarcó el defensor general.

Del acto participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; Khaled Al-Ajmi, encargado de negocios de la embajada del Estado de Qatar en Paraguay, y José Chih-Cheng Han, embajador de la República de China (Taiwán). El programa es la primera experiencia en Paraguay y América Latina y fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados.

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Este jueves, desde el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de San Antonio denunciaron que la fiscal de Luque, Sandra Ledesma, ordenó la detención de los voluntarios porque supuestamente están invadiendo una propiedad. El inmueble en cuestión sería el sitio donde está instalado el cuartel y que habría sido cedido por la comuna.

La orden fue dada luego de que la fiscal Ledesma llegó al cuartel en compañía de efectivos policiales y acusó a los voluntarios por supuesta invasión de propiedad, por lo que todos fueron arrestados y llevados hasta la comisaría. Hace un año inició la causa sobre la propiedad que aparentemente no tenía dueños y fue entregada a los bomberos.

“Le pedí a la fiscal la orden judicial para la detención y ella me dijo que no necesita, que ella puede ordenar nuestra detención porque nosotros estábamos haciendo una invasión. Nos dijo que tenía documentos y nos mostró una foto satelital con una marca de donde está supuestamente el terreno”, explicó la capitán Patricia Coronel, en entrevista con el portal Ypané en Vivo.

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Detalló que los denunciantes son personas que en base a documentación falsa pretenden apropiarse del inmueble y que este fue cedido por la Municipalidad de San Antonio para el cuartel. “Nosotros ya demostramos que no hay dueño de ese terreno y el cuartel está hace más de un año en el lugar”, señaló.

Agregó que Ledesma es fiscal de la ciudad de Luque y que ordenó que los detenidos comparezcan ante la Fiscalía, pero no les aclaró en qué ciudad. “Ella nos quiso hacer firmar un acta, pero nos negamos porque no podemos hacerlo sin el acompañamiento de nuestro abogado. También quiso que hagamos la declaración indagatoria”, indicó.

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Resaltó que en estos momentos el cuartel está sitiado y que no dejan entrar a ningún voluntario, por lo que si existe alguna emergencia no podrán asistir a la ciudadanía de San Antonio o brindar apoyo a otras ciudades. “Nosotros necesitamos la ayuda de la ciudadanía y de otros abogados, para poder aclarar la situación. Estamos en forma inoperativa por este procedimiento ilegal”, puntualizó.

Recalcó que en todas las instancias, penal, civil y administrativa se demostró que los documentos presentados por la otra parte son falsos. Además, de que el proceso penal está con un sobreseimiento provisional, no existe pedido de reapertura del expediente. “Nosotros vamos a presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la fiscala Sandra Ledezma”, concluyó.

El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.

La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.

El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).

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En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.

Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.

Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.

El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.

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Este miércoles, la Policía Nacional de la ciudad de Ñemby logró detener a tres hombres que serían presuntos autores del atraco a un local de venta de celulares y buscan a un cuarto implicado. La intervención se realizó en una vivienda y lograron incautar celulares, ropas y réplicas de armas largas.

Según el reporte policial el atraco se reportó la semana pasada en la ciudad de Itauguá contra un local de venta de celulares. Son tres las personas detenidas y una cuarta persona que no estaba en el sitio, a quienes se los ve claramente en imágenes de circuito cerrado, la última persona actuó como rescate.

“Estas tres personas son las que fueron plenamente identificadas en imágenes de circuito cerrado y que fueron identificadas con nombre y apellido”, explicó el comisario Hugo Velázquez, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Los detenidos fueron identificados como Lucas Fabián Barrios, Gustavo Alberto Villalba Oviedo y Elio José Cabrera Pérez. Espera realizar más procedimientos en búsqueda de un cuarto implicado.

Afirmó que uno de los hombres tiene una herida en el muslo que sería producto de un disparo accidental que se produjo durante el atraco. “Le notamos raro a una persona que salió de una vivienda que sería allanada y llegó a la precaria vivienda, donde estaban estas personas. Uno de ellos tenía una herida en el muslo”, apuntó.

Aseguró que cuando uno intentó huir los otros dos se percataron y también quisieron darse a la fuga, pero todos fueron detenidos. Se logró incautar ocho celulares, también una réplica de arma de fuego de alto poder y ropas. “Estamos contentos de sacar de circulación a tres personas altamente peligrosas”, indicó.

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