La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.

El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.

La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.

Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.

La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.

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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.

Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.

Fuente: AFP

El senador de la bancada “Yo Creo”, José Oviedo, anunció que presentará un proyecto de ley que crea un registro de pagarés, a fin de buscar una solución a los problemas de las víctimas, atendiendo que la Corte Suprema de Justicia ha informado que no podrá suspender los embargos que pesan sobre ellas.

En charla con varios medios de prensa, desde la Cámara Alta, señaló que acompañó una de las audiencias públicas realizada recientemente sobre este tema de la Mafia de los pagarés, en la que tuvo la oportunidad de escuchar testimonios desgarradores que expresaban que no se está pudiendo detener esta situación. A raíz de esto, indicó que ya está trabajando en algunas propuestas legislativas.

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“La Corte Suprema ha sacado un comunicado en el que decía que cada afectado se haga cargo de su problema, y eso es lo que no están pudiendo hacer, los afectados ya no pueden hacerse cargo de sus problemas. Nosotros desde el Poder Legislativo vamos a tener propuestas de leyes. Por ejemplo, vamos a plantear un Registro de Pagarés, que establezca que si el pagaré no está registrado no podrá tener efectos”, precisó.

Mencionó que en lo personal recibió denuncias sobre usos indebidos de esos pagarés, pero no pudo dimensionar todo lo que venía arrastrando por debajo; como sí lo pudo ver el abogado Rolón Luna, que fue quien descubrió y puso a conocimiento público toda esta mafia de los pagarés. “Vamos a tener propuestas legislativas, pero también debemos tener en cuenta que la Justicia no se está haciendo cargo. No están reconociendo su cuota de culpabilidad en todo este esquema”, remarcó.

Respecto a esa complicidad judicial, el legislador señaló que es necesario auditar todos los juzgados del país. “En las audiencias públicas hemos escuchado muchas quejas contra los Juzgados de Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Villa Hayes, que han sido los juzgados los que han llevado más casos vinculados a la mafia de los pagarés, pero seguramente en todos los juzgados habrá implicados, entonces se deberían auditar todos los juzgados del país”, enfatizó.

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El Gremio de Ingenieros Asociados de Itapúa comenzó una investigación y análisis de los planos del edificio en construcción que se derrumbó el pasado 2 abril en la ciudad de Encarnación, donde fallecieron dos personas. Este trabajo se inició a pedido del Ministerio Público, quien también solicitó un informe para avanzar con los trabajos investigativos y llegar hasta los responsables.

Este trabajo es realizado por ingenieros calculistas que se encuentran analizando e investigando los planos del edificio derrumbado en Encarnación. Los profesionales pertenecen a la Asociación Paraguaya de Estructuras y colaboraron con grandes proyectos como en la Hidroeléctrica Itaipú, y otras obras, por lo que son de amplia trayectoria.

Según el ingeniero Jacob Oda, presidente del gremio, desde la asociación están muy preocupados por la forma en que se da autorización a las obras por parte de autoridades de las comunas. Afirmó que la Ley orgánica municipal y la “ordenanza municipal n.° 56/75: de construcciones y loteamientos de la ciudad de Encarnación” no son muy limitantes a la hora de fiscalizar planos de construcciones.

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“La preocupación es sobre el tema de las leyes vigentes, nos dimos cuenta de que tenemos que tratar de separar las competencias o roles en cuanto a los ingenieros y arquitectos. Se debe poner límite en las competencias, existen más especializaciones en cuanto a estructura que puedan firmar planos para este tipo de estructuras”, detalló Oda, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Explicó que son los ingenieros civiles los que están capacitados para las estructuras y son los arquitectos los que se dedican al diseño. “Creemos que la falla en esta construcción fue por falta de un estudio más minucioso en todos los sentidos. Pudo ser el hormigón, el terreno o lo constructivo. La Fiscalía fue la que nos pidió ayuda para iniciar esta investigación y se conformó un grupo con los datos remitidos por la fiscal”, confirmó.

Agregó que los controles se tienen que intensificar a partir de esta tragedia y que una situación como esta no se vuelva a repetir. “Nosotros como gremio nos pusimos a disposición de la municipalidad como de la gobernación para poder hacer estos controles y poder actualizar las ordenanzas. Así también, buscamos modificar la ley que es muy generalizada y no especifica”, puntualizó.

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Por Lourdes Torres

lourdes.torres@nacionmedia.com

Caio Manhanelli, consultor político del Brasil, brindó su parecer respecto al caso de espionaje que llevó a cabo la Agencia Brasileña de Investigación (Abin) durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Explicó que la publicación de este hecho se debió a una investigación que actualmente lleva adelante el gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, ante las evidencias que el gobierno de Bolsonaro utilizaba la Abin para intereses personales.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el analista brindó detalles sobre cómo repercutió este tema en las esferas políticas y sociales en su país. Por un lado, señaló que la Abin por mandato de Bolsonaro operó de manera paralela y no de forma oficial, basado en acciones de investigación que se rijan en parámetros legales. Lamentó que este hecho se concretó poco antes de la fecha de caducidad para la renegociación del acuerdo del Anexo C del Tratado de Itaipú.

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Explicó que la Policía Federal actualmente está investigando la existencia de una especie de agencia paralela a la Abin, que opera de manera legal, como otras agencias de inteligencia en otros países como la CIA (Agencia Central de Inteligencia en EE.UU), o KGB (Comité para la Seguridad del Estado, conocido por sus siglas en ruso).

Indicó que esta agencia funciona como un órgano de información y de actuación a nivel nacional como internacionales. Dijo además que lo normal, es cuando se tiene un agente de inteligencia desplazado de un país para el otro, si es un país amigo, las autoridades saben de la presencia de este agente en su país.

“Con Paraguay no había ningún motivo en verdad, para llevar estas acciones de inteligencia en el país que el propio gobierno paraguayo no pudiera saber. Entonces, lo que se está indagando ahora es por qué en el gobierno de Bolsonaro se empezó a crear una especie de agencia paralela que al revés de trabajar para la nación brasileña trabajaba para los intereses personales del propio presidente Bolsonaro”, explicó.

A su criterio, la acción de Bolsonaro era para demostrar su poderío, generando conflictos sin razón de existir, alimentando su propio ego o la de su entorno político. Insistió que no había ningún motivo para hacer una incursión investigativa contra Paraguay.

“Desde mi perspectiva analítica, hay que mirar lo que fue el gobierno de Bolsonaro en el sentido de acciones hacia afuera de Brasil, es un tipo que igual a Donald Trump, igual a Javier Milei, y a algunos otros de estos actores, pero en especial, estos dos de américa, Milei y Trump, que son personas que, en vez de crear sinergia entre los países entre los Estados, busca en verdad crear conflicto sin razón de existir”, acotó.

Agregó que, el gobierno de Bolsonaro en relación a lo que fue las acciones internacionales se puede observar una actitud posible, muy posible, para la cabeza de Bolsonaro y la cabeza del gobierno pasado. “Una actitud que no se basa en motivos factibles o reales. Era el único hecho de hacerlo porque siente que podría hacerlo. No había justificativo para hacer una incursión investigativa al Paraguay, parte de la Abin”, remacó.

Resulta llamativa la diplomacia que había entre Brasil - Paraguay y viceversa en ese tiempo, ya que los dos países son bastantes transparentes y cercanos uno al otro. Eran gobiernos alineados, de cierta manera Mario Abdo Benítez, tenía una cierta relación positivo con Bolsonaro, dijo el analista.

“Existía de hecho la perspectiva y el horizonte en la negociación con Paraguay, que no sería una negociación tan sencilla, en relación a la tarifa energética y claro, tener informaciones, hasta en el nivel personal, lo que sea de la vida pública de la vida personal, privada de ciertos actores del prokceso, podría dar algún tipo en la mesa argumentos que no serían oficiales, argumentos torpes, pero argumentos al fin, adentro de la negociación. Solo en la cabeza de un tipo que no tiene noción de lo que es gobernar un país y de lo que es vivir en democracia, esto podría pasar y que finalmente pasó”, remarcó.

El analista brasileño señaló que en su país se percibe que el gobierno de Lula está muy seguro de que se llegará pronto a una solución para retomar la negociación sobre el Anexo C, sobre este punto, consideró que el mayor perdedor fue el gobierno de Brasil, por trabarse esta negociación. No obstante, indicó que a nivel político interno esta situación no está generando ningún daño político, ni social para el gobierno de Lula, ni tampoco fue abordada de manera profunda por la clase política.

El gobierno de Lula Da Silva, con el actual ministro de Justicia no tienen problema en ser transparente; obviamente expone estos hechos, señalando que realmente se pasó la raya. Bien podría el Gobierno dejar en cubierto esto; pero no, es una investigación sigilosa es una investigación pública y se mantuvo público los hechos que recién se descubrieron. Infelizmente fue en el mismo tiempo del cierre del acuerdo sobre el Anexo C.

“Ni en lo político, ni en lo social está afectando el tema, se está tratando de una manera muy técnica. No existe, no hay un ruido tan intenso que podría molestar a la aprobación del gobierno Lula, ya que su gestión tiene una aprobación de al rededor del 50 %; pero esto no tiene que ver con el tema Paraguay, porque no toca la opinión pública de una manera contundente en Brasil, ni la suspensión de la negociación del Anexo C. Lo que hizo de hecho fue nuevamente dar la oportunidad a que se enseñe la buena intención de este gobierno en relación a sus pares internacionales”, precisó.

No obstante, resaltó que el gobierno pierde con esto; pero está muy seguro de poder transparentar esto, sin preocupaciones. “El gobierno de Brasil está muy seguro de que los gobernantes paraguayos también van a comprender la situación y llegaran a un buen término”, acotó.

Finalmente, lamentó lo que está sucediendo, porque una vez más, sale a luz las cosas que el gobierno de Bolsonaro les perjudica en términos de Nación. “Fueron muchas cosas desde que entró la persecución política, el mal hecho durante la Pandemia, la mala gestión, las malas posturas en relación a autoridades internacionales y este es una más de un largo resumen de los resultados negativos que la gestión Bolsonaro dejó en el país”, concluyó.

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