El juez penal de Garantías Raúl Florentín fijó por segunda vez para el próximo 14 de agosto la audiencia de imposición de medidas para la extitular de Petropar Patricia Samudio, imputada por lesión de confianza tras el escándalo generado por la millonaria compra de insumos hospitalarios, en la que fue incluida una importante cantidad de agua tónica para la lucha contra el COVID-19 en nuestro país.

La audiencia de Samudio no se pudo realizar el pasado 24 de junio debido a que su defensa presentó varios incidentes que evitaron que se pueda desarrollar la diligencia judicial, donde se tiene que conocer si será beneficiada con medidas alternativas a la prisión o, en su defecto, se ordena su prisión preventiva.

Además de la extitular del ente petrolero, fueron imputadas y procesadas penalmente otras 21 personas por lesión de confianza en calidad de cómplices, Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres, Freddy Agustín Careaga Arias, Óscar Adrián Gómez Rodríguez, Rodolfo Benítez Sandoval, Eduardo Miguel Ángel Sánchez López, Plácido Guerrero Rodríguez.

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También figuran en la lista Liz Adolfina Chamorro Ferreira, Víctor Ramón Cabañas Fernández, Lorenzo David Silvero Cantero, Édgar Raúl Villalba, Néstor Humberto Cabañas Fernández, Yenhy Aurora Leyton Gossen, Rolando Maciel Martínez, Esteban Rodríguez, Ruth Emanuela Céspedes López, José Huberts Stevens, Lourdes H. Stevens, Walter Osmar Men­doza Giménez y Adams Javier Ávalos.

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Antecedentes del caso

Samudio, tras haber presen­tado finalmente su renun­cia al cargo el pasado 22 de abril, se llamó a un rotundo silencio. Durante su administración se adquirió un total de 5.000 botellas de agua tónica; además, se compraron unas 3.000 mascarillas a un precio unitario que excede el referencial fijado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), encabezado por Julio Mazzoleni.

La investigación se inició por el hecho punible de lesión de confianza en el marco de la compra de dichos productos, lo que habría ocasionado un perjuicio de G. 134.500 millones. Según el acta de imputación, Samudio montó un esquema de corrupción pública compuesto por funcionarios infieles en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas.

De acuerdo a la investigación, Agroindustrial Fortaleza, que sería una empresa de maletín, fue la que compró las 5 mil unidades de agua tónica para luego venderlas a una tercera firma y, a su vez, esta última las volvió a vender a Solumedic, que fue la que finalmente proveyó a la estatal las botellas de agua.

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