La fiscala de la Unidad Anticorrupción Natalia Fúster fue designada para investigar a la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción Tania Irún, quien fue denunciada por violar la ley de seguridad fronteriza y prevaricato (desconocimiento de la ley). La citada representante del Ministerio Público podría convocar para una audiencia indagatoria a la referida magistrada judicial.

La grave denuncia contra la Irún fue presentada por el abogado José Domingo Almada en representación de Evaristo Fernández, quienes sostienen que la criticada magistrada actuó en total desconocimiento de la ley en el expediente judicial caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, al hacer lugar al referido juicio otorgando 310 mil hectáreas ubicadas en zonas fronterizas en el Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían offshore.

Los denunciantes refieren que la magistrada violó expresamente la Ley 2.532/2005 que regula la zona de seguridad fronteriza y es importante hacer notar que dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes.

El documento explica que dichas zonas son demarcadas por el Ministerio de Defensa Nacional y tal situación también se anota en la Dirección de Catastro y en los Registros Públicos.

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Sostienen que ni un escribano público ni mucho menos el juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad. Por lo tanto, la determinación adoptada por la magistrada Tania Irún es completamente irregular y antijurídica debido a que la misma ordenó la transferencia de inmuebles que están en zonas fronterizas.

Mencionan que el artículo 8 de la Ley 2.532/05 establece que los actos jurídicos que están en contra de lo dispuesto en la ley serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe analizar si enjuicia y suspende en sus funciones a la jueza Irún por varias irregularidades cometidas en el presente caso.

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