Los abogados Miryam Areco y Carlos Rodríguez, en representación del ex titular de Puertos, Fernando Nicora, acusado de estafa, apelaron el rechazo de varios incidentes resueltos por el juez José Delmas, quien elevó a juicio oral y público el presente caso. Ahora será un Tribunal de Apelación el que decidirá si confirma la determinación adoptada por el referido magistrado.
Nicora estará sentado en el banquillo de los acusados por presuntamente haber ocasionado un perjuicio de G. 600 millones a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Ciudad del Este, en el alquiler de un inmueble perteneciente a la citada institución.
Además del ex parlamentario, están acusados Adrián Vaesken, Juan Carlos Luciano Muñoz, Rafael Velázquez, Pablo Servín, ex directivos de la ANNP, quienes también enfrentarán un juicio oral y público.
Antecedentes
El caso se remite al alquiler de una propiedad en Ciudad del Este, ubicada en la zona primaria del Puente de la Amistad, a favor de la firma de un comerciante libanés.
En enero del 2013, Nicora dispuso el arrendamiento de la propiedad para que la empresa construya un shopping y un complejo habitacional en el lugar.
De acuerdo a la investigación fiscal, tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría y la administración de la ANNP concluyeron que el contrato de alquiler fue irregular, ya que tuvo un fin netamente comercial y los miembros del directorio tenían prohibido comprometer los intereses de Puertos en operaciones comerciales.
Te puede interesar: Ex diputado liberal Fernando Nicora enfrentará juicio oral por estafa
“Ni el presidente de Puertos ni el directorio tenían autonomía para firmar el referido contrato de locación sin la autorización de Aduanas y mucho menos para un fin comercial”, señala el escrito fiscal. Suisse Investment depositó mensualmente G. 30 millones desde enero del 2013 hasta mayo del 2014 y a partir de junio del 2014 hasta mayo del 2015 realizó los depósitos en una escribanía pública, indica la imputación.
Para la Fiscalía, Nicora incurrió en una declaración falsa al firmar un contrato con la empresa sin tener atribuciones para ello y produjo el error en la firma, que creyó que el contrato fue regular y así produjo un perjuicio en su patrimonio.
Podes leer: El viernes se conocerá sentencia de Soares y Guachiré