La Suprema Corte de México rechazó invalidar la elección popular de jueces, que el gobierno de izquierda defiende para enfrentar la corrupción, pero que según sus críticos afectará la independencia de los magistrados y los dejará a merced de criminales. Tras cinco horas de debate, el tribunal resolvió desestimar las impugnaciones presentadas por dos partidos opositores, al no existir los votos necesarios para invalidar una reforma constitucional aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, cuyo corazón es la elección de jueces.

Esta inédita controversia amenazaba con desatar una crisis institucional pues la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había advertido que las votaciones previstas para 2025 y 2027 no tenían marcha atrás. “Sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo (Constitución), con otra insensatez equivalente”, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán, crítico de la enmienda, al anunciar sorpresivamente que votaría contra la anulación parcial propuesta por su colega Juan Luis González.

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Pérez Dayán rompió así la mayoría de ocho votos -de un total de 11 ministros- necesaria para aprobar el proyecto de sentencia. La reforma a la justicia, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en medio de un enfrentamiento con la Suprema Corte, convirtió a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces en las urnas.

El proyecto de fallo planteaba dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirmaba, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes. Se trataba de un acto de “autocontención” para resolver la disputa, según su autor, pero Sheinbaum fue tajante en que no había nada que negociar. “Celebro que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto”, declaró a la prensa Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado.

Previo al debate de este martes, Sheinbaum fue enfática en que el alto tribunal carecía de facultades para anular la enmienda y acusó a sus integrantes de violar la Carta Magna. Los ocho jueces contrarios a la reforma renunciaron el pasado miércoles, como estableció la enmienda para quienes declinaran participar en las elecciones, aunque sus dimisiones se harán efectivas en agosto de 2025.

La controversia había subido de tono además cuando México enfrenta la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su principal socio económico. Decenas de funcionarios judiciales se concentraron este martes frente a la Corte, en el centro capitalino, para respaldar el proyecto de González.

“La reforma debe caer (...) porque México se va a hundir más en el narcotráfico, en la pobreza, en la corrupción de jueces puestos por Morena (partido de gobierno)”, había dicho más temprano a la AFP María Ortiz, de 54 años, secretaria del tribunal. Los propios expertos estaban divididos. “El contenido de una reforma constitucional no es impugnable”, advirtió Diego Valadés, exministro de la Corte. Pero el constitucionalista Francisco Burgoa alertaba que México enfrentaría una “grave crisis sin precedentes” si Sheinbaum desacataba un fallo adverso.

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La pugna entre López Obrador y la Corte creció a medida que el tribunal le echó abajo leyes como una que autorizaba la participación militar en la seguridad ciudadana y otra que reforzaba el papel del Estado en el sector eléctrico. Para López Obrador y Sheinbaum, el poder judicial está sumido en la corrupción, una impunidad casi total y el nepotismo.

Pero los críticos sostienen que esa situación no se remedia únicamente cambiando a los jueces, sino mejorando las capacidades de investigación de las fiscalías. Analistas como Kimberley Sperrfechter, de la firma británica Capital Economics, habían advertido que un choque institucional no hubiera sido “una buena noticia” para la economía, si bien “el impacto de la reforma ya está descontado por los mercados financieros mexicanos”.

La inversión extranjera directa en México alcanzó 36.058 millones de dólares en 2023, mientras el país espera beneficiarse de la relocalización de empresas en sus zonas fronterizas con Estados Unidos. Tras la decisión de este martes, la Suprema Corte aún debe resolver otro recurso de inconstitucionalidad, mientras en juzgados hay numerosas impugnaciones de integrantes del poder judicial contra de la reforma, aunque expertos estiman que difícilmente podrían prosperar. El Congreso modificó el pasado jueves un artículo constitucional para impedir que la Suprema Corte pueda revisar los cambios de la Carta Política.

Fuente: AFP.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de este miércoles, decidió designar a los actuales actuarios judiciales Diego Alejandro Torres Sandoval y Marcelo Rocholl Salinas, como nuevos jueces del fuero civil y comercial. Los altos magistrados consideraron que la elección de ambas ternas fue muy difícil, teniendo en cuenta la preparación de cada uno de los ternados.

Rocholl Salinas ocupará el juzgado civil y comercial del cuarto turno, mientras que Torres Sandoval estará en el juzgado civil y comercial del undécimo turno. Ambos pasaron por todas las etapas antes de llegar a la magistratura judicial.

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Igualmente, los ministros de la Corte designaron a Carlos César González Ríos, en carácter de miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial y laboral, Circunscripción Judicial de Cordillera. A Sandra Stefani Salinas Presentado, en carácter de juez Penal de Sentencia N° 4 Circunscripción Judicial de Cordillera.

Del mismo modo fue designada Cynthia Margarita Sostoa Santander, en carácter de juez Penal Itinerante de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. A Liz Paola Mongelós Aguilera, en carácter de juez de Primera Instancia en lo Penal de la Adolescencia de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. La lista de designaciones para los cargos sigue con Fernando Aníbal Ortiz Medina como juez Penal de la Adolescencia, Circunscripción Judicial de Boquerón.

También fue designada Mariela Patricia Hicks Cantero, en carácter de agente fiscal de Cuentas. Cleider Marlene Velázquez López, fue nombrada como agente fiscal itinerante. Igualmente, Guido Germán Rojas Moreira, en carácter de defensor público para el Juzgado de Primera Instancia de Luque, Circunscripción Judicial de Central y otros.

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“Como presidenta, me comprometo a promover un diálogo social efectivo que integre a todos los actores: empleadores, trabajadores y gobiernos”, manifestó la ministra del Trabajo, Mónica Recalde durante la XXII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, que se realiza en la ciudad de Bogotá, Colombia.

En la ocasión, Paraguay fue designado para ocupar la titularidad del Grupo de Trabajo N° 2 de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Debemos reforzar los sistemas de protección social y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, siempre con un enfoque preventivo y centrado en el bienestar de las personas”, mencionó la secretaria de Estado, tras conocer la designación.

El Grupo de Trabajo N° 2 de la CIMT tiene como finalidad el fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo y la promoción del diálogo social institucionalizado y el tripartismo. Se encargará de facilitar el análisis y el intercambio de experiencias y desarrollar recomendaciones para apoyar a los Gobiernos en áreas como la promoción del diálogo social, la profundización de los procesos de transformación digital y modernización de los Ministerios de Trabajo.

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Asimismo, entre sus principales enfoques figura en el fortalecimiento del Estado en su rol de garante de la protección efectiva contra todo acto de violencia y acoso en el mundo del trabajo. A la vez, diseñar e implementar estrategias de salud y seguridad en el trabajo, coadyuvar con el fortalecimiento y la mejora de los sistemas de protección social, promover el diálogo social tripartito en las reformas de los sistemas de seguridad social.

También fortalecer la inspección del trabajo como instrumento central de la administración laboral, así como promover y fortalecer los servicios de conciliación y arbitraje, y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos laborales.

Entre sus funciones también esta la promoción de un enfoque preventivo para el respeto de la legislación laboral, garantizar, en coordinación con las autoridades migratorias, el respeto de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes en la región, dar un renovado impulso a la Red Interamericana de Administración Laboral (RIAL), así como promover intercambio de información en materia de diálogo social y mecanismos de fijación de salarios.

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Con la premisa de promover el emprendedurismo, facilitar la formalización empresarial, a más de mejorar el acceso a financiamiento, inversión y mercados, suscribieron un convenio para fortalecer el ecosistema rural en el país. Se trata de la alianza entre el Viceministerio de Mipymes y la Confederación Paraguaya de Cooperativas Rurales (Concopar), con el objetivo de colaborar en el desarrollo de los emprendedores rurales.

“El sector cooperativo tiene la infraestructura y el conocimiento necesarios para acompañar a los emprendedores en su desarrollo. Desde el Ministerio, queremos contribuir para que este proceso sea ágil, digital y accesible”, expresó el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez.

Destacó la relevancia de la alianza con el sector cooperativo, que cuenta con una sólida presencia en todo el territorio nacional, ya que la idea es promover la cultura emprendedora, simplificar los trámites para la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, y facilitar su inclusión financiera.

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También contempla la promoción de la investigación, la innovación y la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad de las mipymes y emprendedores asociados a cooperativas.

A su vez, la presidenta de la Concopar, Simona Cavazzutti, compartió su satisfacción por la firma del acuerdo, subrayando la importancia de ofrecer apoyo integral a los emprendedores y cooperativas de todo el país.

“Para la confederación es fundamental fomentar la formalización del trabajo y facilitar el acceso al mercado. Este convenio representa una gran oportunidad para acompañar a nuestros asociados en su camino hacia el éxito empresarial”, sostuvo.

La asistencia contempla capacitaciones, colaboración logística y acompañamiento a los emprendedores, buscando hacer más accesible el camino para quienes desean iniciar su propio negocio.

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