El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) durante la sesión de esta tarde decidió enjuiciar y suspender en sus funciones a la jueza penal de la Adolescencia de Pilar Lidia Larroza de Sisul tras existir sospechas de mal desempeño en sus funciones. La referida magistrada ya no podrá firmar ninguna resolución judicial.
Asimismo, el órgano juzgador de magistrados dispuso el enjuiciamiento, pero sin suspensión, de Isabel Beatriz Bracho, jueza penal de Garantías de Lambaré; Mercedes Balbuena Ortiz, miembro del Tribunal de Apelación de Villarrica, y Graciela Scalada de Giménez, jueza en lo Civil y Comercial y Laboral de Encarnación. Los citados magistrados seguirán cumpliendo sus funciones hasta tanto el JEM pueda tener una resolución definitiva.
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También los integrantes del jurado tomaron la determinación de rechazar varias denuncias contra la jueza Lici Sánchez, Norma Salomón y Roberto Villamayor Lugo. También contra los fiscales Gustavo Yegros, Daniel Fleitas, Marta Elena Leiva y otros.
Participaron de la sesión el presidente del JEM, Enrique Bachetta; los ministros de la Corte Gladys Bareiro de Módica, Manuel Ramírez Candia, los diputados Eusebio Alvarenga y Hernán Rivas, el senador Fernando Silva Facetti y Adrián Salas y Esteban Kriskovich.
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Joven con discapacidad denuncia que fue víctima de discriminación en un bus
Un joven con discapacidad física denunció que fue víctima de discriminación al intentar utilizar una unidad del transporte público. Acreditó su condición con la presentación de su carné que le habilita a viajar gratuitamente, pero fue agredido por el chófer que le negó el acceso y, además, se burló de él.
Eduardo Juan José Páez Cuenca relató a los medios de prensa el episodio que afrontó cuando fue obligado a descender del colectivo e incluso estuvo a punto de ser golpeado físicamente, conforme expresó.
“Yo tengo el certificado de discapacidad que es para pasaje gratis. Salí de mi facultad y quise tomar la Línea 5, exactamente la unidad 25. Me quise subir, le mostré el certificado y me dijo que no me iba a aceptar. Yo le pregunté por qué si hay una ley”, señaló.
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“Comprá para tu bici o para tu caballo”
El denunciante grabó un vídeo para avalar sus acusaciones contra el conductor del ómnibus, quien respondió con sorna al reclamo del usuario del transporte público. “Anda, denúnciame. Si no querés pagar el pasaje, comprá para tu bici o para tu caballo”, dijo el chofer al joven universitario que le avisó que lo denunciaría.
La víctima contó que aparte de improperios casi fue agredido físicamente. “Empezó a agredirme verbalmente. Me dijo pelotudo y todas esas cosas. Y después cuando ya me estaba por bajar, él quiso bajar del colectivo para agredirme físicamente. Yo vine directo a denunciar”, manifestó.
Juan José afirmó que no es la primera vez que sufre esta discriminación. “La verdad es que desde que tengo todos estos beneficios sería la tercera vez que me está pasando. Y ahora me animo a denunciar porque ya pasó el límite y muchos choferes suelen ser así, que no te aceptan. Y yo quisiera alzar mi voz para que no ocurra más eso más adelante”, subrayó.
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Supuestos barrenderos recorrieron la zona días antes del robo al banco en Naranjal, denuncian
A medida que pasan las horas van surgiendo más datos sobre el atraco a la entidad bancaria en Naranjal, departamento de Alto Paraná, como por ejemplo una alerta por parte del Departamento de Inteligencia sobre una sospecha de robo y también la denuncia de vecinos que reportaron que unos desconocidos vestidos de barrenderos estaban recorriendo la zona días antes.
En redes sociales se viralizó un video que fue captado por un vecino, a quien le pareció sospechosa la actitud de estas personas que días antes estaban recorriendo la zona vestidos de barrenderos. Estos iban en una camioneta y hacían como que recogían basura, pero no eran funcionarios municipales.
Según el reporte, los pobladores denunciaron el caso a la comisaría local, por lo que tomaron intervención e incluso lograron detener a los sujetos, pero luego de hacerles unas preguntas los volvieron a liberar. Los vecinos indicaron que la respuesta de los intervinientes fue: “No pasa nada”.
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A todo esto se suma que tres horas antes del asalto, desde el servicio de Inteligencia dieron aviso de que había sospechas de un posible robo al banco e incluso emitieron un comunicado interno, pero atendiendo a que son solo seis uniformados en la comisaría local no pudieron dar cobertura.
Se presume que un total de 15 personas participaron de este atraco en el redujeron a los guardias y luego usaron dinamita en gel para volar las entradas. De la bóveda lograron llevar G. 2.800 millones y dejaron esparcidos G. 700 millones. Tras el hecho abandonaron los automóviles en los que huyeron.
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Funcionarias denuncian injustificados despidos en empresa de servicios exequiales
Cuarenta trabajadores de una conocida empresa de servicios exequiales fueron despedidos en forma injustificada, hace un mes, según una denuncia de los afectados, quienes realizaban las tareas de asesoría de ventas.
En contacto con el diario La Nación/Nación Media, Norma Domínguez y Lilian Gisselle Ortiz denunciaron que fueron convocados por la oficina de Recursos Humanos de la empresa para informarles sobre la desvinculación laboral sin motivo alguno.
Una de las afectadas, Norma Domínguez, refirió que solamente le querían abonar una indemnización equivalente a 9 millones de guaraníes, a ser efectivizada en tres cuotas y con cheque diferido, cuando en realidad le correspondía 17.400.000 guaraníes, según los años de trabajo en la empresa y la correspondiente indemnización legal verificada por el Ministerio de Trabajo.
“La firma exequial nos quiere pagar muchísimo menos de lo que corresponde de acuerdo a la ley. Aparte, nos hacían trabajar 8 horas diarias cuando nos pagaban por 4 horas y esas horas declaraban a IPS”, dijo una de las asesoras de ventas.
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Norma junto a otras compañeras, como Lilian Ortiz, Katherine Fleitas, Beatriz Gaona, Andrea Bordón, y Hernán Benítez, realizaron la denuncia formal ante la dependencia ministerial, que realizó las correctas verificaciones correspondientes al resarcimiento legal.
Ante esta situación, el Departamento de Mediación de conflictos individuales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a la empresa de servicio exequial, a raíz de esta denuncia. En la primera convocatoria, los representantes de la firma no acudieron a la audiencia. Nuevamente, se fijó una nueva audiencia para este viernes 22 de noviembre.
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A Utranza Py: el 5 de diciembre se define si el pastor José Insfrán irá a juicio oral y público
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.
En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
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Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
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