A las 07:30 de este miércoles se deberá realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares para el empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino donde falleció toda una familia.

La diligencia judicial se realizará ante el juez penal de garantía de Caacupé Augusto Acuña, quien tendrá que definir si ratifica la prisión preventiva de Sanabria Vierci en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en otro recinto penitenciario. Por su parte, la querella adhesiva pedirá al juzgado penal de garantía que se ratifique la prisión del imputado.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.

La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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• Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

“Marzo de 1999 constituye un capítulo del pasado que, sin dudas, seguirá en nuestra memoria histórica por muchas generaciones”, manifestó el historiador José Federico Samudio Falcón, al conmemorarse en estos días los 26 años de la crisis política y social marcada por el luto y el despertar del clamor popular en defensa de la democracia paraguaya, que se conoce como el Marzo Paraguayo.

“Por vez primera ocurrieron cosas en distintos ámbitos, que no habían ocurrido hasta entonces. Fue la primera vez que un vicepresidente de la República paraguayo fue asesinado. También, la primera vez que colapsó un gobierno en democracia”, sostuvo al diario La Nación/Nación, haciendo referencia al magnicidio del último caudillo colorado, Luis María Argaña, registrado en la mañana del 23 de marzo, cuando transitaba en la entonces calle Diagonal Molas, de Asunción, en compañía de su chofer y guardia.

Su camioneta Nissan Patrol, de color rojo, que debía transportarlo desde su vivienda en el barrio de Las Carmelitas hasta la sede de la Vicepresidencia, fue acribillado a balazos y se arrojó una granada debajo, que no se detonó; su muerte fue confirmada poco después en el sanatorio Americano.

El ataque contra Argaña dio inicio al evento histórico denominado Marzo Paraguayo, en que se registró una serie de manifestaciones en las plazas y calles aledañas al Congreso Nacional para reclamar la renuncia del mandatario Raúl Cubas Grau, sindicado junto con el general retirado Lino César Oviedo de ser los responsables del magnicidio.

“Fue, además, la primera vez que el pueblo paraguayo pudo comprobar empíricamente, que la supervivencia o el fin de un gobierno podía definirse no solamente mediante golpes militares, como tantas veces ocurrió en nuestra historia, o a través de elecciones. El vigor del clamor popular en las calles, que se descubriría en esos álgidos días entre el 23 y 28 de marzo, también podía jugar un rol definitorio”, indicó Samudio Falcón a La Nación.

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Los lugares en donde se desarrollaron las protestas ciudadanas pasaron a convertirse en territorio de batallas campales, que alcanzaron su máxima tensión el viernes 26 de marzo, con una intensa represión policial, y tiroteos que dejaron como saldo 8 muertos y 769 heridos entre los manifestantes.

La nomina de los fallecidos estuvo conformada por Cristóbal Espínola, Manfred Stark González, Henry Díaz Bernal, Armando Espínola, Víctor Hugo Molas, José Miguel Zarza, Tomás Rojas y Arnaldo Paredes (quien murió un año después como consecuencia de las heridas recibidas durante las manifestaciones).

“Ese marzo con apodo, vive y vivirá en la mente de los paraguayos, como lección de que el sentir de la sociedad paraguaya debe ser tenido en cuenta. No puede ser descartado mediante meros actos de fuerza, trátese de un magnicidio o la salida de tanquetas a la vía pública. Pues, para bien o para mal, cuando la indignación colectiva se siente provocada, sin respuesta a los agravios recibidos y arrastrada a disputas por fuera de la institucionalidad, puede sorprender a propios y extraños con un rugido capaz de hacer temblar las plazas y calles, y con ellas, los cimientos del status quo”, dijo el historiador.

El conflicto cerró por la noche del 28 de marzo, con la renuncia de Cubas, quien permaneció en el poder solo 8 meses para posteriormente partir al exilio en Brasil; y el juramento del senador Luis González Macchi como jefe de Estado. Mientas que Oviedo escapó a Argentina, donde obtuvo asilo político.

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“Estos hechos dejaron bien claro que Oviedo no era tan valiente como presumía, ni tenía el gran respaldo popular del que presumía, sino sólo el de los nostálgicos de la dictadura stronista y los oportunistas de siempre. El marzo paraguayo fue una gesta patriótica de la ciudadanía, cansada de la injerencia de Lino Oviedo en las decisiones del gobierno de Cubas Grau, quien se encontraba constreñido en sus funciones por la fuerte influencia de Oviedo en el Partido Colorado y las FF.AA.”, mencionó el analista político Marcelo Duarte.

“Los gobiernos que se someten a la presión de factores externos opuestos a lo decidido democráticamente por la voluntad popular causan una reacción inversa y directamente proporcional de la ciudadanía contra quienes la provocaron y quienes ceden ante ellas de ahí que Oviedo tuvo que huir del país y refugiarse en el extranjero y el presidente Cubas Grau renunciar”.

Posteriormente, Oviedo retornó al Paraguay, y a prisión, en junio del 2004. En octubre del 2007 fue absuelto de la condena de 10 años fijada en 1997, tras un intento golpista contra el expresidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y en el 2008 en la causa judicial conocida como la Masacre del Marzo Paraguayo. Se postuló, sin éxito, a la presidencia en el 2008 y el 2013. Falleció el 2 de febrero de 2013, en un accidente aéreo.

“El pueblo paraguayo se demora en reaccionar, pero cuando lo hace su fuerza es incontenible, esa es la lección que nos dejó el marzo paraguayo y debe servir de ejemplo a los aprendices de dictadores, sus títeres y a las nuevas generaciones de paraguayos”, sentenció Duarte.

Arrancó este miércoles la audiencia preliminar para los acusados por el operativo Pavo Real I que desbarató un esquema de lavado de dinero del narcotraficante, Jarvis Chimenes Pavão, preso en una cárcel de máxima seguridad en Brasil. La diligencia judicial se realiza ante el juez Osmar Legal quien tendrá que definir si eleva a juicio oral y público de los 24 acusados. En la audiencia, el Ministerio Público se ratificó en su acusación para que los presuntos lavadores de Jarvis puedan afrontar el juicio oral y público.

La audiencia prosigue el próximo martes 25 de marzo con la presentación de los incidentes de parte de la defensa de los acusados.

La fiscalía en su momento pidió el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente USD 150 millones y USD 2 millones, respectivamente, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.

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Están acusados en el presente caso: Adrián Rolando Brizuela Olmedo, Daniel Montenegro Menesez, Gabriela Esther González Jacquet, Carlos Andres Oleñik Memmel, Pedro Pablo Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala De Silva, y Jorge Fernando Mora Galeano.

La lista de acusados sigue con: Renan Gilberto Mora Benítez, Ronaldo Adalberto Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, y Nancy Del Carmen Alfonso Prieto.

Asimismo los acusados, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro Mendoza, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Manuel Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Elena Reichardt De Souza, Alexandre Reichardt De Souza, Amilcar Battaglín De Souza y Rosely Messias Da Silva Pavao.

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Se realizó la audiencia preliminar del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, acusado por el delito de lesión de confianza por el caso conocido como Metrobús. La diligencia judicial se desarrolló ante el juez Humberto Otazú.

El abogado Ricardo Preda, representante legal del extitular del MOPC, fue claro en puntualizar las irregularidades y los vicios que tiene la acusación del Ministerio Público por lo que se debe hacer lugar al sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona.

Preda indicó que “la propia pericia de la Fiscalía concluyó que no existe perjuicio patrimonial en el caso investigado, un argumento clave que debilita la acusación presentada”. Sostuvo que “el informe técnico fue presentado después de que la acusación fuera formalizada, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia y solidez del proceso judicial”, señalo el citado profesional. Añadió que “la acusación del Ministerio Público, tiene muchos vicios y eso hace que caiga en contradicciones”.

Del mismo modo, el abogado citó las falencias de la investigación mencionando que “no existe precisión y detalle en la descripción de los hechos punibles, así como se usó un tipo penal derogado, lo que genera nulidad procesal del presente caso”. También agrego que “la investigación fue deficiente, sin pruebas concluyentes que justifiquen la acusación”.

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Otro punto importante que describió el abogado fue que se ha “violado el derecho a la defensa, ya que los acusados fueron indagados por hechos distintos a los expuestos en la acusación fiscal, por lo que se debe hacer lugar a la nulidad de la acusación y por ende el sobreseimiento definitivo”. Del mismo modo, se dejó constancia la ausencia de perjuicio patrimonial real, ya que los pagos fueron aprobados por fiscalización y el BID.

Otro punto importante que mencionó el citado profesional fue que “la obra se ejecutó y se pagó en un 18,5 % y lógicamente en este estado no podría cumplir con todas las expectativas “sociales” depositadas en el proyecto; la misma quedó inconclusa no por una inviabilidad técnica, sino por una decisión política de la siguiente administración, que igualmente fue la que tomó la decisión de demolerlas parcialmente”.

Preda concluyo que “En agosto de 2018, al fenecer el mandato, la administración de Ramón Jiménez Gaona entregó un avance de obra del 18,5 %, como se afirmó, así como pólizas de seguro y contratos vigentes. La siguiente administración dispuso la suspensión de las obras, la intervención del proyecto. Luego de meses de trabajo, en junio de 2019 la intervención recomendó la continuación del proyecto; pero en febrero de 2020 la administración decidió la cancelación del proyecto” refirió el defensor del exministro del MOPC.

La audiencia preliminar prosigue este jueves y ya el juez Humberto Otazú tendrá que resolver si corresponde hacer lugar a los incidentes planteados por la defensa de Jiménez Gaona y ordenar el sobreseimiento definitivo o enviar a juicio oral. También en el presente caso está acusada la exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez.

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