El juez penal de Garantías Raúl Florentín fijó para 9 de julio, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar para el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, acusado por el presunto hecho punible de enriquecimiento ilícito. En la referida diligencia judicial se discutirá si el proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El 13 de agosto del 2019, el fiscal Anticorrupción, Osmar Legal, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público. El Ministerio Público menciona que cuenta con suficientes elementos para que el presente caso se pueda discutir en un juicio oral y público.
Te puede interesar: Denuncian a jueza de la Niñez por violar el interés superior del niño
Francisco Javier Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria en vista a su delicado estado actual de salud. El ex responsable de la Fiscalía General estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa María Selva Morínigo está procesada por lavado de dinero y actualmente se encuentra con arresto domiciliario.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y 2016, Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de 1.147.058.591 que no se justificaba con sus ingresos económicos. El ex fiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Podes leer: Se volvió a suspender audiencia preliminar del ex ministro de la Corte Bajac
Dejanos tu comentario
A Utranza Py: el 5 de diciembre se define si el pastor José Insfrán irá a juicio oral y público
La jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, fijó para el 5 de diciembre, a las 09:00, la audiencia preliminar para el pastor José Insfrán, acusado por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py.
En la diligencia judicial se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo. El fiscal Deny Pak fue quien presentó la acusación, solicitando que el caso se discuta en un juicio oral y público.
De acuerdo a una parte de la extensa acusación, Insfrán Galeano creó varias empresas con dinero producto del narcotráfico, que fue ganancia obtenida por su hermano Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, para abrir varias cuentas bancarias y así acceder a créditos para blanquear la ganancia que deja el narcotráfico.
Te puede interesar: Delincuentes fuertemente armados asaltaron boca de cobranzas en Asunción
Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que Insfrán Galeano cumplía un papel importante dentro de la organización liderada por su hermano Miguel Ángel Insfrán y del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
Otro punto que se detalla en la acusación es que el pastor Insfrán usó una asociación religiosa como fachada para insertar las ganancias ilícitas en el sistema económico de Paraguay. Esta organización, llamada Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se transformó en una herramienta clave bajo la dirección de José Insfrán, quien asumió su presidencia en 2020. Bajo su liderazgo se realizaron inversiones millonarias en propiedades y proyectos vinculados al CCA.
Podes leer: Itá: vecinos detienen a un ladrón cuando el mismo salía de una de las casas de la zona
Dejanos tu comentario
El 9 de diciembre se sabrá si religiosas van a juicio por servidumbre de adolescente
El juez Osmar Legal fijó para el 9 de diciembre, a las 8:30, la realización de la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña, acusadas por trata de personas. En la diligencia judicial se definirá si las acusadas estarán sentadas en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso penal se pueda elevar a un juicio oral y público, por lo que se ratificará en la audiencia en la acusación fiscal.
La fiscal Vivian Coronel fue quien presentó la acusación contra Olga Bogado Cubas, religiosa que presuntamente mantuvo durante varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y trabajo forzado, además de maltratarla física y psicológicamente. Igualmente, el Ministerio Público analiza presentar el requerimiento conclusivo en relación con la procesada Rufina Salinas Acuña.
Te puede interesar: Corte Suprema de Justicia designó a 18 nuevos defensores públicos
La acusación fiscal señala que Olga Bogado Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la menor fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña, para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el Km 14 de Minga Guazú.
Desde su llegada a Luque, la víctima fue presumiblemente sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante siete meses. Según los investigadores, Bogado la habría sometido a todo tipo de malos tratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según la acusación.
Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.
Podes leer: Paraná Country: desmantelan supuesta piratería de señales audiovisuales
Dejanos tu comentario
Autoridades paraguayas acudieron a foro mundial para proteger a la niñez
Una delegación paraguaya participó de la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez que tuvo lugar en Bogotá (Colombia). La comitiva estaba integrada por Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia; Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia; el defensor general Javier Esquivel; Ángel Ortellado, viceministro de Salud; Raquel Lovera, representante del ministerio de Salud, y Rosana Vega, representante de Unicef en Paraguay,
La conferencia reunió a más de 100 gobiernos que asumen el compromiso para erradicar la violencia contra los niños, incluyendo la prohibición de castigos físicos, que afecta regularmente a tres de cada cinco niños en su hogar. El evento fue organizado por los gobiernos de Colombia y Suecia en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.
Entre los compromisos asumidos se abordó la mejora del servicio para víctimas de violencia, con que algunos países aceptaron optimizar la asistencia para los niños. Asimismo, erradicar el acoso escolar. También algunos países se comprometieron a invertir en la prestación de apoyo esencial a la crianza, una de las intervenciones más eficaces para reducir el riesgo de violencia en el hogar.
La conferencia se desarrolló en dos jornadas, los días 7 y 8 de noviembre, organizada en paneles que enfocaron diversos abordajes de la protección de los niños en todo el mundo. El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con defensores especializados para la defensa y protección de los niños, niñas y adolescentes.
Podes leer: Decretan prisión en Tacumbú de Luis Montanaro, imputado por amenazar a fiscala
Dejanos tu comentario
El efecto Netflix: fiscal recomendará una nueva sentencia para los hermanos Menéndez
El fiscal de distrito en Los Ángeles dijo recomendaría una nueva sentencia para los hermanos Lyle y Erik Menéndez, encarcelados de por vida por el asesinato de sus padres en 1989, dictamen que los haría elegibles para libertad bajo palabra. El fiscal George Gascon afirmó que pediría a un juez que dictamine que los dos hombres, cuyo caso ha vuelto a recibir atención por una serie y un documental emitidos en Netflix, deberían ver reducida su sentencia de forma que fueran elegibles para libertad condicional en los próximos meses.
“Luego de una muy cuidadosa revisión de todos los argumentos... Creo que bajo la ley, una nueva sentencia es apropiada y voy a recomendar esto a una corte mañana”, dijo Gascon a reporteros. Los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras el juicio que fue televisado y que ocupó los titulares de medios en todo el mundo.
En la época, los fiscales argumentaron que ambos hombres conspiraron para acabar con la vida de sus padres ricos en un intento por acelerar una herencia por 14 millones de dólares. Sin embargo, la defensa se basó en que los hermanos habrían sido víctimas de abuso sexual y físico continuo por parte de su padre, y del silencio cómplice de su madre, por lo que estallaron después de años de sufrimiento.
Lea más: Estafas piramidales con criptomonedas sacuden a la Argentina
El auge de la serie
El fiscal reconoció que el auge de la serie sobre el caso llevó a la fiscalía a ver el proceso con nuevos ojos. “Creo que muchas veces, por razones culturales, no les creemos a las víctimas de agresión sexual, ya sean mujeres u hombres”, afirmó el fiscal. El asesinato en 1989 de José y Mary Louise Menéndez en su elegante casa de Beverly Hills fue objeto de un auténtico frenesí mediático en Estados Unidos.
El juicio de Lyle y Erik se retransmitía diariamente por televisión, una novedad para la época, e incluso se considera la antesala mediática del “juicio del siglo”, que comenzó meses después contra el futbolista estadounidense O.J. Simpson. Los hermanos, que en ese entonces tenían 18 y 21 años, no fueron condenados en primera instancia porque el jurado se estancó sin la unanimidad necesaria para pronunciar su veredicto.
En 1996, un segundo juicio en el que el juez se negó a examinar numerosos elementos relacionados con agresión sexual concluyó con su condena a cadena perpetua irreductible por asesinato premeditado. El padre de la familia era José Menendez, inmigrante cubano impulsado por el sueño americano, que amasó una fortuna y fue vicepresidente de la empresa de alquiler de autos Hertz y luego director de operaciones del sello discográfico RCA.
Los dos hijos, que inicialmente no fueron considerados sospechosos, desviaron la atención de los investigadores y acusaron del crimen a la mafia, pero una denuncia reveló la confesión del asesinato, grabada durante las sesiones con un psicoterapeuta. La serie de ficción “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, producida por Netflix, reavivó el interés por este caso, al punto de que el gigante del streaming también le dedicó al caso un nuevo documental.
Lea también: “Ruptura de confianza” entre Venezuela y Brasil en los BRICS
Nuevos elementos
Ambas producciones han sido ampliamente comentadas y replicadas por en TikTok e Instagram, y provocaron una amplia movilización digital a favor de los dos hermanos, que ya completan 35 años en prisión. El nuevo examen al caso reveló nuevos elementos, como una carta en la que Erik le cuenta a una prima sobre las agresiones sexuales de su padre, o el testimonio de un artista en el que dice haber sido drogado y violado por José Menéndez en los años 80.
El fiscal Gascon dijo que su recomendación solo sería para una nueva sentencia por asesinato en un grado menor, un cargo que podría acarrear una pena desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua. “La decisión final la tomará el juez”, aclaró. “Sin embargo, debido a su edad, bajo la ley, al tener menos de 26 años al momento de los crímenes, ellos serían elegibles para libertad condicional de forma inmediata”, explicó.
Fuente: AFP.