La fiscala Susana González exhorta a la ciudadanía a evitar caer en los excesos en el consumo del alcohol, ya que es un factor detonante en los casos de violencia familiar. Señala que el calor juega un papel preponderante en el ánimo de las personas, al igual que el consumo de sustancias prohibidas. Las víctimas deben evitar la convivencia con las personas violentas, exhorta a que soliciten ayuda y acudan a las autoridades pertinentes.

La agente de la Unidad Especializada de la lucha contra la Violencia Familiar explica que las mujeres, tanto adultas y menores de edad, al igual que adultos mayores son en su mayoría las víctimas de violencia. En ese sentido, revela que muchos de los adultos mayores tienen como agresores a sus propios hijos con problemas de adicción, tanto de alcohol y sustancias prohibidas.

Las estadísticas del Ministerio Público señalan que los últimos 4 meses del año aumentaron los casos de violencia familiar en Paraguay. Los datos procesados por el área de estadísticas y analizados por el Observatorio, indican que, de setiembre a diciembre, se registró un crecimiento significativo de las cifras y que guardan directa relación con el alto consumo de alcohol, sustancias estupefacientes y las altas temperaturas.

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De enero a noviembre de este año se registraron 34.310 causas de violencia familiar a nivel país. En enero se registraron 3.585 causas; febrero reportó 3.374 causas a nivel país. En marzo, la oficina de denuncia recibió 3.195 causas; en abril ingresaron 3.201 causas. En mayo hubo 2.793 causas; en junio, 2.700 causas; en julio, 2.647 causas; agosto cerró con 2.831 causas.

Desde setiembre se registran aumentos importantes, con 3.091 causas; en octubre, 3.474 causas, y en noviembre, 3.419 causas. Las cifras revelan que en tiempo estival se disparan los casos, y en ese sentido, enero figura entre los meses críticos, debido a las situaciones mencionadas. Los departamentos Central, Alto Paraná y Asunción son los puntos de mayor registro de casos, según los datos de la jefatura de estadística del Ministerio Público.

Si sos testigo de algún hecho de violencia contra una mujer denuncialo en la comisaría más cercana (Policía Nacional), el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial (Juzgado de Paz). También podés llamar al 137, de manera gratuita desde cualquier teléfono público, línea baja y desde todas las líneas de telefonía celular.

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El Ministerio Público presentó acusación contra Armando Rotela y otros 8 integrantes de la agrupación criminal denominada como “Clan Rotela”, por el amotinamiento que fue organizado este grupo, quienes eran internos de la penitenciaría de Tacumbú en ese momento, mientras se llevaba adelante el operativo Veneratio que tuvo lugar en diciembre del 2023.

Además de realizar la acusación, los agentes Fátima Girala y Marcial Machado, los que llevan a cabo esta investigación, solicitaron que el juez penal de Garantías, Yoan Paúl López, eleve la causa a juicio oral y público a estas nueve personas a quienes se les atribuye la comisión de los hechos punibles de motín de internos, transgresión a la ley “de Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines” y asociación criminal, todos en calidad de coautores.

Los otros integrantes del Clan Rotela que forman parte de este proceso penal son Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Alan Ricardo Caballero.

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De acuerdo a lo que expuesto por la propia Fiscalía, durante el operativo Veneratio se pudo observar la capacidad del primer anillo del clan Rotela, para resistirse a intervenciones policiales, valiéndose de armas blancas y de fuego, explosivos caseros tipo molotov e incluso dinamita en gel. “La resistencia y organización de estos miembros subraya su rol esencial en la protección y ejecución de las órdenes del líder”, sostiene la acusación.

Asimismo, indicaron que los integrantes de esta organización criminal además de caracterizarse por su capacidad de combate, también recurren al uso de símbolos y expresiones que refuerzan su identidad y lealtad al clan. El puño cerrado, es señal de pertenencia, y el lema “vencer o morir”, forma parte del código interno que manejan para comunicarse.

“Esta estructura jerárquica y simbólica criminal, junto con las comodidades que obtenían dentro del penal (como armas blancas, alcohol, y tecnología), demuestran el nivel de control y poder que ejercían en el mencionado penal”, añade el Ministerio Público, quien afirma que estas personas actuaron contra el orden público, la seguridad pública y penitenciaria y generaron un clima de zozobra y violencia tanto dentro como fuera de Tacumbú.

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Durante el desarrollo de Veneratio, operativo por el cual las fuerzas de seguridad ingresaron a la penitenciaría con el objetivo de tomar control total del recinto, los integrantes del Clan Rotela propiciaron el ataque hacia agentes policiales, desde el momento de su arribo al penal, utilizando como logística todo tipo de armas de fuego, armas blancas, explosivos, y el implemento de barricadas desde el acceso a la cárcel hasta el último pabellón.

Todo esto tenía el objetivo de producir disparos y heridas en defensa de los ideales del clan y así evitar que los líderes sean recapturados. Es así que el líder, (Armando Rotela), junto con sus demás miembros realizó la distribución de los roles en la noche madrugada del día del motín, ya que la información se había filtrado.

“La conducta desplegada por los hoy acusados es considerada antijurídica y no puede decirse que hayan actuaron en defensa propia ya que en todo momento, durante las seis horas que duró la intervención, se les dio la posibilidad de cesar con sus acciones vandálicas y no lo hicieron. Además, no existen indicios que hagan presumir la existencia de algún tipo de trastorno”, sentencia el documento de la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público informaron sobre la promulgación de la normativa que establece la creación de su Instituto Superior de Estudios, con cinco ofertas académicas. Esta iniciativa permitirá mejorar la formación integral de los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público, con el objetivo principal de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

La propuesta educativa institucional contempla los aspectos jurídicos, la identidad institucional, los objetivos, los fundamentos del modelo educativo, la infraestructura y los recursos que se destinarán a su cumplimiento.

Durante su elaboración, ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El Instituto Superior de Estudios reemplazará al actual Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.

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La oferta educativa del ISEMP contempla: maestría en derecho penal, procesal penal y gestión fiscal; especialización en gestión fiscal en el proceso penal; especialización en investigación fiscal del crimen organizado; especialización en gestión fiscal en el proceso civil; y capacitación en didáctica jurídica.

El proyecto fue impulsado desde la Cámara de Senadores por los parlamentarios Derlis Osorio y Juan Afar, con dictamen favorable de la comisión de Educación y Cultura de ambas Cámaras y la posterior aprobación de la Cámara de Diputados.

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El Ministerio Público investiga un presunto desfalco de G. 12.000 millones en la Cooperativa Luque Ltda., mediante un presunto esquema de créditos irregulares y en la que estarían involucrados las propios directivos de la institución. En junio pasado, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) había realizado una revisión ante el reclamo planteado por las mismas personas que hicieron la denuncia judicial.

“La denuncia realizaron tres personas, en su momento miembros titulares del consejo, de alta gerencia, en setiembre pasado. A raíz de eso, hemos realizado las investigaciones, hemos pedido declaraciones testimoniales”, señaló el fiscal Jorge Escobar, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Respecto a la anterior intervención de Incoop, dijo: “Ellos contaban ya con una fiscalización que hicieron en el mes de julio, una semana con altos técnicos, contadores, escribanos y auditores. Ellos presentan un informe a la cooperativa a la cual nosotros tenemos, de 28 páginas, en donde existen varias sospechas de irregularidades de montos muy altos”.

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El agente del Ministerio Público afirmó que las anomalías se verificaron en el otorgamiento de préstamos a socios con aparente falta de capacidad económica. Por ello, el Incoop efectuó algunas sugerencias con respecto al manejo administrativo. Los denunciantes refieren que se detectó una alteración del balance correspondiente al ejercicio 2023, donde supuestamente no habían sido consignados montos reales en pérdidas.

“En el informe del Incoop dice: ante la falta de sinceramiento contable ha puesto en riesgo el patrimonio de la cooperativa. Entonces, ese es el disparador que nosotros estamos teniendo en esta causa”, refirió. El abogado Escobar manifestó que durante el allanamiento, practicado ayer jueves, la Fiscalía retiró documentos que ya fueron analizados por el Incoop. “También nosotros debemos munirnos de esas documentaciones porque si vamos a realizar una pericia debemos hacer no solo informes sino sobre documentos reales, originales”, subrayó.

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