La ciudadana Karen Acosta realizó una denuncia a través de este medio en contra del síndico de Quiebras, Blas Velázquez, por actuar de mala fe. La citada mujer fue adjudicada con la compra de un inmueble de una firma en quiebra en el 2014. Sin embargo, Velázquez solicitó a un Juzgado romper este trato previo y solicitar la autorización de adjudicación para otra persona.

Se trata de un inmueble ubicado en el distrito de Curuguaty, correspondiente al quebrado Banco Unión SAECA. En el 2014 salió la adjudicación a favor de la señora Karen Acosta y como no estaba en condición la documentación para la transferencia del terreno, se realizó la mensura judicial en el 2015.

Documento que solicitó la autorización de adjudicación a favor de la ciudadana Karen Acosta. Foto: Gentileza.

Este proceso duró 5 años y recién en mayo del 2020 se aprobó la mensura judicial, la cual debe ser inscrita en Catastro y Registro Público para finalmente solicitar el certificado de condiciones de dominio para transferir a la señora Karen Acosta. La ciudadana recordó que en el momento de la transferencia se debe cancelar el saldo de US$ 270.000.

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No obstante, según la denunciante, el síndico de Quiebras, Blas Velázquez, solicitó la autorización para adjudicar al ex senador Enrique González Quintana al mismo Juzgado que le autorizó a ella la misma propiedad.

“Esta solicitud no corresponde porque no se puede adjudicar un mismo inmueble dos veces, por lo tanto el síndico Velázquez debe retirar nuevamente su pedido de autorización del Juzgado 7mo. Turno de la Capital”, expuso.

Añadió la ciudadana que lo que corresponde es que el Banco Unión (en quiebra) inicie el proceso para la transferencia a su nombre y que en el momento de la transferencia se cancele el saldo de US$ 270.000. La mujer dejó constancia de que el síndico de Quiebras no quiere cambiar de parecer y que busca seguir actuando de mala fe, según comentó.

No es la primera vez que el nombre del síndico de Quiebras salta al tapete por supuesto mal actuar en casos similares de procesos de compra y venta de inmuebles de empresas que quebraron. Inclusive fue investigado el año pasado por lesión de confianza por el fiscal Édgar Sánchez.

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