El Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, integrado por los jueces Stella Maris Zárate González, Mario Ygnacio Maidana y Sandra Bazán, revocó la resolución de juzgado de Primera Instancia en lo laboral y por ende deja un precedente en cuanto a la prohibición de embargos ejecutivos sobre los bienes de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco).

La Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, en la defensa del patrimonio público, interpuso un recurso de apelación, contra la determinación adoptada en primera instancia . A su vez, solicitó el levantamiento de los embargos que fueron trabados indebidamente, en el marco del juicio, iniciado por José María Guillermo Medina González contra Copaco, sobre cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes.

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La posición de la PGR se basó, entre otros puntos, en que Copaco SA, al ser la continuadora de la ex Antelco, no modificó su función esencial, que es la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la República del Paraguay y de esta con el exterior. Que el 99 % de las acciones de la empresa pertenece al Estado, cuya representación recae sobre la Procuraduría General de la República, y el 1 % restante sobre Copaco, quien igualmente pertenece al Estado y presta un servicio público imprescindible.

“Al ser inembargables los bienes del Estado, corresponde la revocatoria del fallo de primera instancia dictado en fecha 26 de junio de 2024, debiendo disponerse su inmediato levantamiento de los embargos decretados en estos autos, por las razones que se han esgrimido en el presente fallo” refiere la resolución judicial del tribunal de alzada.

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Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro, condenó a 6 años de cárcel a Ramón González Daher luego de ser encontrado culpable por quebrantamiento de depósito y reducción, en calidad de autor. El fiscal del caso fue Luis Piñánez.

El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los hechos acusados contra González Daher sobre la desaparición de cheques ocurrido en el Juzgado de Delitos Económicos de la capital.

Durante los alegatos finales la Fiscalía pidió la pena de 12 años de cárcel para el acusado como responsable de varios delitos por el hurto de 471 cheques de un juzgado en lo penal de Delitos Económicos.

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González Daher ya cuenta con dos condenas de 15 años de penitenciaría por usura y lavado de dinero; y de 7 años de prisión por falso testimonio. Esta es la tercera condena que recibe el exdirigente deportivo.

La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que definirá si corresponde ratificar la condena contra González Daher o se dispone que se lleve a cabo un nuevo juicio oral y público.

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El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.

“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.

Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.

“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.

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Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.

“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).

El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.

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Luego de la audiencia de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), quedó clar la existencia de un modus operandi en varios bancos, en los que personas sin capacidad de pago accedían a créditos millonarios, afirmó el senador Gustavo Leite, quien también cuestionó la falta de resolución de estos casos por parte de la Fiscalía, pese a que ya transcurrieron 7 años.

“Se compraban propiedades, estancias casi siempre con dinero proveniente del narcotráfico de Brasil. Más tarde, iban personas a los bancos y pedían una línea de crédito. Por ejemplo, le daban USD 3,3 millones, pero le firmaron pagarés por USD 6,5 millones. Este es el primer tema que llama la atención.Con la plata sucia en garantía que es la estancia, consiguieron créditos y pagaron de vuelta con plata sucia del giro, pero lavan ese dinero y usan esa para otras actividades, ese es el modus operandi que quedó claro ayer”, expuso.

Este mecanismo para obtener créditos fue revelado por los agentes fiscales y por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), indicó el legislador en comunicación con “Así son las cosas”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, siendo esta última institución la que se interpuso ante el Poder Judicial para evitar que los bancos remataran las propiedades que estaban ligadas a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

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“Si algo ocurrió en el 2017 y tiene una irregularidad marcada, debería tener un cierre o no hubo delito o es complicidad. Desde hace siete años dicen que están recabando información, que todavía falta y me parece que la ciudadanía quiere que se cierren estos casos para bien o para mal lo antes posible, sino se estira demasiado algo que es muy notorio. Es evidente que en el otorgamiento de esos créditos ha habido algún eslabón de la cadena que no controló ni verificó algo que normalmente los bancos deben hacer”, sostuvo.

Leite indicó que la CBI aún no pudo determinar si es que en algún momento los bancos reportaron estas actividades como sospechosas; no obstante, la Senabico dejó al descubierto que ese mismo modus operandi se produjo en siete ocasiones, es decir, siete estancias valiosas fueron la garantía de personas con poca capacidad financiera para acceder a créditos. “Casualmente cuando cayó Cabeza Branca se dejaron de pagar los créditos y casualmente los tomadores de créditos son todos capangas de Cabeza Branca”, sentenció.

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