La Corte Suprema de Justicia deberá informar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que sigue abierta la auditoría a la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, por su llamativa actuación en un juicio en el que benefició violando la ley de soberanía con 310 mil hectáreas de tierras a empresas extranjeras que serían offshore.
El 22 de noviembre del 2019, el entonces presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, ordenó que se reabra la pesquisa contra la criticada magistrada y dispuso que se realice una auditoría informática integral a la actuación de la misma en el expediente judicial caratulado “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited contra Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”. En el marco de la investigación se dispuso la incautación de varias computadoras para su análisis.
El resultado de la pericia sigue pendiente debido a que la citada diligencia se tiene que realizar en el laboratorio forense del Ministerio. Dicho informe aún no fue remitido a la máxima instancia judicial de acuerdo a las informaciones oficiales que se han dado en el presente caso. Si bien existe una auditoría anterior, no se tendrá en cuenta debido a que surgen nuevos indicios de irregularidad en la actuación de la jueza.
JEM analizará si enjuicia a magistrada
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) analizará este martes en la sesión ordinaria si enjuicia y suspende en sus funciones a la jueza Tania Irún, por presuntamente haber violado la Ley 2.532/05 que prohíbe otorgar tierras a empresas extranjeras. La citada magistrada benefició a firmas offshore con 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zonas fronterizas en Alto Paraguay al hacer lugar a un juicio civil. En la sesión del martes pasado, el integrante del citado órgano, Eusebio Alvarenga, solicitó a sus colegas analizar el caso de la magistrada debido a que existen voces preocupadas por los hechos denunciados por los diferentes medios de comunicación.
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Investigación penal
La fiscala Silvana Otazú está investigando el acceso indebido al sistema informático del Poder Judicial de la jueza Tania Irún, quien llamativamente pidió volver de su permiso de maternidad para firmar una resolución judicial beneficiando a empresas extranjeras con 310 mil hectáreas de tierras en el Alto Paraguay. Este fallo llamó la atención debido a que el juez Hugo Becker era el interino de Irún y el citado magistrado seguía en funciones, pero a pesar de ello la magistrada firmó la resolución judicial que deja al desnudo un supuesto esquema de despojo de tierras en el Chaco.
Denunciada por desconocer la ley
El abogado José Domingo Almada, en representación de Evaristo Fernández, presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público por violar la ley de soberanía y prevaricato (desconocimiento de la ley) contra la jueza Irún.
Los denunciantes sostienen que la profesional actuó en total desconocimiento de la ley en el caso conocido como Cusabo y otros. El escrito de la denuncia señala que la resolución judicial viola expresamente la Ley 2.532/2005, que regula la zona de seguridad fronteriza y es importante hacer notar que dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes.
Asimismo, sostienen que ni un escribano público ni mucho menos el juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad, por lo tanto la determinación adoptada por la magistrada Tania Irún es completamente irregular y antijurídica debido a que la misma ordenó la transferencia de inmuebles que están en zonas fronterizas.
También se menciona que el Artículo 8 de la Ley 2.532/05 establece que los actos jurídicos que están en contra de lo dispuesto en la ley serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes.
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