El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) analizará en la próxima sesión ordinaria si enjuicia y suspende en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, quien habría violado la Ley 2.532/05 que prohíbe otorgar tierras a empresas extranjeras. Existirían algunos miembros del Jurado que protegen a la criticada magistrada y es por ello que el análisis de su situación se estaba congelando.
La citada magistrada benefició a firmas offshore con 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zonas fronterizas en Alto Paraguay al hacer lugar a un expediente judicial caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública".
En la sesión de ayer del JEM el integrante del citado órgano, Eusebio Alvarenga, solicitó a sus colegas analizar el caso de la criticada magistrada debido a que existen voces preocupadas por los hechos denunciados por los diferentes medios de comunicación.
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Investigación por delitos informáticos
La fiscala Silvana Otazú está investigando el acceso indebido al sistema informático del Poder Judicial de la magistrada Tania Irún, quien llamativamente pidió volver de su permiso de maternidad para firmar una resolución judicial beneficiando a empresas extranjeras con 310 mil hectáreas de tierras en el Alto Paraguay. Este fallo llamó la atención debido a que el juez Hugo Becker era el interino de Irún y el citado magistrado seguía en funciones, pero a pesar de ello la magistrada firmó la resolución judicial que deja al desnudo un supuesto esquema de despojo de tierras en el Chaco.
Denunciada por desconocer la ley
El abogado José Domingo Almada, en representación de Evaristo Fernández, presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público por violar la ley de soberanía y prevaricato (desconocimiento de la ley) contra la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún.
Los denunciantes sostienen que la criticada magistrada actuó en total desconocimiento de la ley en el caso conocido como Cusabo y otros. El escrito de la denuncia señala que la resolución judicial firmada por la magistrada Irún viola expresamente la Ley 2.532/2005, que regula la zona de seguridad fronteriza y es importante hacer notar que dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes.
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Asimismo, sostienen que ni un escribano público ni mucho menos el juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad, por lo tanto la determinación adoptada por la magistrada Tania Irún es completamente irregular y antijurídica debido a que la misma ordenó la transferencia de inmuebles que están en zonas fronterizas.
Del mismo se menciona que el artículo 8 de la Ley 2.532/05 establece que los actos jurídicos que están en contra de lo dispuesto en la ley serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes.
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