Un Tribunal de Sentencia de Luque integrado por Carolina Bernal, Julio López y Juan Carlos Rocholl condenó a la pena máxima de 15 años de cárcel más 10 años de medida de seguridad, para un hombre hallado culpable de abuso sexual y violación de una menor de 15 años de edad.
La agente fiscal Egidia Gómez representó al Ministerio Público en un juicio oral donde fueron analizadas las contundentes evidencias producidas por la Fiscalía durante el debate.
Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 2 de julio de 2018 a las 18:00, cuando la víctima caminaba por la calle hasta que fue interceptada por el hoy condenado, quien la acechaba a bordo de una motocicleta. Primeramente simuló un asalto y luego bajo amenazas obligó a la menor a que simule que eran pareja a fin de caminar unas cuadras y que la situación pase desapercibida. Tras ello, ingresaron a un patio baldío de la zona donde la sometió sexualmente.
Te puede interesar: Juez rechazó que causa penal de hijo de Darío Messer se tramita en Brasil
El hoy condenado al tiempo de ser aprehendido, ya había cometido 8 hechos similares todos en el departamento Central, desde el 2 julio al 24 de agosto del 2018.
La defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo dictado por los jueces de sentencia y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que resolver si confirma la condena o la revoca.
Podes leer: Imputan a María Esther Roa por violar la cuarentena
Dejanos tu comentario
Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
Te puede interesar: Vecinos reducen a ladrón tras asalto a una joven en parada de colectivos
En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
Podes leer: Unas 47 mujeres se incorporarán a las filas del Grupo Lince
Dejanos tu comentario
Realizaron censo a personas privadas de libertad del penal de Encarnación
En el marco de la implementación del programa de Revisión de medidas cautelares, un equipo técnico del fuero Penal de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un censo y recolección de datos en el Centro Regional Penitenciario de Encarnación. En total se hizo el relevamiento de datos de 201 personas privadas de libertad, tanto prevenidos como condenados.
Esta actividad contó con el respaldo del presidente del Consejo de Administración de la circunscripción judicial de Itapúa, abogado Luis Alberto García, y de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además se enmarca dentro de los trabajos que se realizan junto con el Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Te puede interesar: Sistema 911: de 1.732 llamadas, 951 no hablan y solo 427 eran emergencias reales
Participaron de la jornada los jueces de Ejecución Penal, Sonia Rojas y Laura Benítez; los jueces de Garantías, Claudia Scapinni y Miguel Óscar López. Asistieron representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Salud, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, el sector del deporte y otras instituciones vinculadas al sistema penitenciario.
Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Nacional y la Acordada n.° 1.511/2021. Igualmente la misma actividad se realizará en otras penitenciarias de nuestro país.
Podés leer: El ministro Víctor Ríos disertó en Congreso Internacional de Derecho Procesal
Dejanos tu comentario
Condenan a solo dos años de cárcel a distribuidor de droga
El Tribunal de Sentencia en mayoría, integrado por los jueces Olga Ruíz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, condenó a solo dos años de cárcel con suspensión de la ejecución a Ricardo Daniel Guerrero, quien es considerado uno de los principales distribuidores de droga en el barrio San Jerónimo y que sería uno de los integrantes del clan Rotela.
Los jueces de sentencia que votaron por la leve condena son Olga Ruiz y Celia Salinas, mientras que el magistrado Víctor Alfieri voto por una condena más elevada atendiendo a la gravedad del hecho acusado.
Las magistradas en mayoría hicieron lugar a lo planteado por la defensa y cambiaron su conducta al carácter de cómplice, es decir bajo el artículo 30 del Código Penal, haciendo hincapié en su condición de adicto a las drogas, por lo que solo condenaron a dos años de cárcel.
Acusación
En la acusación, el Ministerio Público detalla que en marzo de 2023, Guerrero fue detenido en un procedimiento efectuado por agentes de la Secretaría Nacional de Antidrogas (Senad), en el barrio San Jerónimo de Asunción. Al momento de su captura tenía en su poder 262 gramos de cocaína y dinero en efectivo, totalizando 10.000.000, entre otras evidencias, las cuales sustentaron la hipótesis fiscal de que se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes.
Durante la etapa de juicio oral, el fiscal Andrés Arriola presentó todos los elementos de prueba que sustentan la responsabilidad del acusado y se pidió la pena de 7 años y 6 meses de cárcel.
El fiscal sostuvo que el argumento de adicción de la defensa no fue documentada en la carpeta por lo que llama la atención la sentencia leve del acusado. Además de la suspensión en la ejecución de la condena, el colegiado ordenó la devolución del dinero en efectivo que fue incautado al momento del procedimiento, actualmente depositado en cuenta de la Senabico.
Podes leer: Canindeyú: reportan tres intentos de feminicidio en menos de 72 horas
Dejanos tu comentario
Controlan intento de amotinamiento en cárcel de Misiones
Un intento de amotinamiento de miembros del Primer Comando Capital (PCC) recluidos en la Penitenciaría Regional de Misiones motivó la intervención de la Policía a tempranas horas de este miércoles. El descontento por una requisa aparentemente provocó la reacción de los reclusos, pero la situación ya está controlada, según el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel.
“La mañana de hoy, los agentes penitenciarios que se encargan de hacer el control de las personas recluidas en cada pabellón fueron resistidos por parte de integrantes del pabellón que se denomina PCC. Con uso de la fuerza no permitieron el ingreso para la verificación”, relató el alto funcionario del Ministerio de Justicia a la 1080 AM.
El director del reclusorio pidió el apoyo de la Policía Nacional para concretar la verificación dentro del citado pabellón. “Tuvieron que hacer uso de la fuerza, ingresaron y el procedimiento ya concluyó. También se pidió la presencia del Ministerio Público en el marco de la requisa se detecte algún elemento que indique la comisión de un hecho punible, para que ellos puedan intervenir”, subrayó.
Te puede interesar: INTN repudia beneficio judicial para el abogado que abofeteó a inspectora
No hubo heridos graves
El funcionario aclaró que no se reportaron heridos graves, aunque sí algunos presos resultaron con lesiones leves. Todos fueron asistidos por la sanidad de la propia penitenciaría. “Ya está bajo control, por la última información del director, ya me comentó que concluyeron el procedimiento y que estaban en esa etapa de labrar las actas respectivas”, puntualizó.
Según el viceministro, los que se opusieron al control son todos de la misma facción criminal y están plenamente identificados sus líderes. “Fueron entre 5 y 7 personas identificadas. Aparentemente el origen de esto fue que Misiones es una penitenciaría que está bajo intervención por unas irregularidades”, manifestó.
Comentó que se han detectado varias anomalías entre ellas el ingreso de celulares a la cárcel. Se dispuso la restricción y generó molestias en la población penal, en particular de este grupo del PCC. “Tenemos identificado al líder, pero me reservo todavía el nombre, porque se tienen que tomar medidas administrativas y comunicar también al juez competente de la causa”, expresó.
Separaron a los reclusos
Como medida inmediata se dispuso la separación de estas siete personas que generaron esa resistencia a los controles. “Se los separa, luego se determina en base a un sumario sus respectivos traslados”, confirmó.
Según Maciel los reclusos de alta peligrosidad son ingresados a pabellones diferenciados en donde se le agrupa a las personas que pertenecen a un determinado grupo criminal, para evitar conflictos. “Porque ya se tuvo la experiencia terrible de lo que ocurrió en San Pedro cuando en la misma penitenciaría inclusive tenían dos facciones antagónicas. En el marco de esos pabellones diferenciados se tiene un control especial dada las características de cada grupo”, concluyó.
Leé también: Detienen a una mujer por intentar meter droga a Tacumbú