El abogado José Domingo Almada, en representación de Evaristo Fernández, presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público por violar la ley de soberanía y prevaricato (desconocimiento de la ley) contra la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún.

Los denunciantes sostienen que la criticada magistrada actuó en total desconocimiento de la ley en el expediente judicial caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, al hacer lugar al referido juicio otorgando 310 mil hectáreas ubicadas en zonas fronterizas en el Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían offshore.

El escrito de la denuncia señala que la resolución judicial firmada por la magistrada Irún viola expresamente la Ley 2.532/2005 que regula la zona de seguridad fronteriza “y es importante hacer notar que dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes”. El documento explica que dichas zonas son demarcadas por el Ministerio de Defensa Nacional, y tal situación también se anota en la Dirección de Catastro y en los Registros Públicos.

Asimismo, sostienen que ni un escribano público ni mucho menos el juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad, por lo tanto la determinación adoptada por la magistrada Tania Irún es completamente irregular y antijurídica debido a que la misma ordenó la transferencia de inmuebles que están en zonas fronterizas.

Del mismo se menciona que el artículo 8 de la Ley 2.532/05 establece que los actos jurídicos que están en contra de lo dispuesto en la ley serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes.

En dicho orden de ideas, el Ministerio Público como titular de la acción penal, por mandato constitucional debe impulsar los procesos penales e iniciar las investigaciones ante la sospecha de existencia de hechos punibles sancionados por el Código Penal. En este caso, la cuestión puesta a conocimiento del órgano investigador debe necesariamente ser objeto de investigación, más aún considerando que se trata de una persona que posee la facultad de impartir justicia y dirimir asuntos traídos a su conocimiento por particulares.

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Ante las series de irregularidades citadas en la denuncia contra la magistrada Irún, corresponde que el Ministerio Público investigue y formule la imputación correspondiente con base en todo lo mencionado.

La fiscala Silvana Otazú se encuentra investigando el acceso indebido al sistema informático del Poder Judicial de la magistrada Tania Irún, quien llamativamente pidió volver de su permiso de maternidad para firmar una resolución judicial beneficiando a empresas extranjeras con 310 mil hectáreas de tierras en el Alto Paraguay. Este fallo llamó la atención debido a que el juez Hugo Beckerera, interino de Irún, seguía en funciones y a pesar de ello la magistrada firmó la criticada resolución que deja al desnudo un supuesto esquema de despojo de tierras en el Chaco con la presunta complicidad de jueces y autoridades del órgano de magistrados.

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