Peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público procedieron hoy a la extracción de datos del celular del diputado Carlos Portillo en el marco de la investigación de la denuncia presentada por Auda Fleitas, por supuesto tráfico de influencias por parte del legislador.
La pericia se realizó en cumplimiento al procedimiento solicitado por los fiscales que investigan al parlamentario, con la autorización de la jueza penal de Garantías de Ciudad del Este, Cinthia Garcete. Tanto la jueza como la fiscala del caso, Liliana Alcaraz, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, participaron del procedimiento, además de representantes de la defensa del legislador.
Además del celular de Portillo, también fue sometido a la pericia el teléfono móvil de Auda Fleitas, quien denunció que el parlamentario le habría solicitado el monto de US$ 3.000 a cambio de una resolución a su favor por parte del Tribunal de Apelación.
La denuncia había sido presentada por Fleitas en el 2017 y el enero del 2018 el Ministerio Público formuló la imputación de Portillo por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.
Medidas alternativas
El pasado 2 de julio, la jueza Cinthia Garcete otorgó medidas alternativas a la prisión al diputado Portillo tras una audiencia virtual. Igualmente, la abogada Lucía Escobar, coimputada en el caso, fue beneficiada con la libertad ambulatoria.
El legislador puso a disposición como fianza una propiedad, entre otras documentaciones, para justificar su solvencia, lo que inclinó la decisión de la magistrada; mientras que para el miércoles 17 de junio fue fijada la audiencia preliminar para determinar si el caso se eleva o no a juicio oral y público.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
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Luque: realizan pericia de obras en sitio donde fallecieron dos mujeres
Una comitiva fiscal policial se encuentra realizando una pericia de obras en el sitio donde el pasado miércoles fallecieron dos mujeres, tras ser arrastradas por el raudal en pleno centro de Luque. Se busca constatar el sistema de seguridad vial en el marco de las investigaciones del trágico suceso.
Específicamente, la inspección se desarrolla sobre la avenida Mariscal López casi Curupayty, detrás de las instalaciones del Club Balderrama. Los peritos de la construcción deberán elevar un informe técnico sobre las condiciones del puente y si fue objeto de mantenimiento o reparación en algún momento.
El procedimiento se lleva a cabo como anticipo jurisdiccional de prueba e inclusive están presentes el juez penal de Garantías de Luque, Nelson Romero y el fiscal interviniente Jorge Escobar. Acompañan también expertos del departamento forense del Ministerio Público y de la Defensoría Pública.
“Nosotros desde el primer día a las cuatro de la mañana estuvimos colectando a los elementos que justamente queríamos tener para poder realizar este procedimiento, que es una pericia de obra para constatar el sistema de seguridad vial y civil que existe en el tránsito vehicular de esta zona”, señaló el fiscal Escobar a Telefuturo.
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Dijo que por la urgencia del caso, se solicitó al juzgado el anticipo jurisdiccional de prueba conforme estipula el artículo 320 del Código Procesal Penal. Se ha convocado a la defensora pública de turno en lo penal para dar contención ante la eventual imputación de algunas autoridades, según manifestó.
“El juez Nelson Romero es el que autorizó este procedimiento y eventualmente, si esto llega a una imputación, y a un eventual juicio oral, esta prueba ya está adelantada”, refirió. El Ministerio Público encomendó el peritaje a la arquitecta Olga Fleitas, profesional del laboratorio forense.
La línea de investigación gira en torno a la responsabilidad del conductor del automóvil en el que viajaban madre e hija, así como en el intendente municipal de Luque. “Debe haber un responsable de esto, por eso estamos apuntando a esas dos líneas de investigación, quien resulte responsable de esto en caso de que la pericia diga así, entonces deberá rendir cuentas con la justicia”, aseveró.
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Diputado destaca la política de seguridad del Gobierno
El diputado independiente Rubén Rubin celebró este miércoles la incursión de una nueva camada de 507 agentes del Grupo Lince y solicitó al gobierno de Santiago Peña impulsar una constante capacitación de los agentes para el cumplimiento efectivo del combate contra la inseguridad.
“El Gobierno está cumpliendo su promesa de triplicar el grupo Lince, también en lugar de sacar 1.000 nuevos policías al año vamos a comenzar a sacar al año 5.000 nuevos policías; esto es un ritmo que realmente el país nunca tuvo”, puntualizó. Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este miércoles el legislador sostuvo que “el gobierno anterior sacaba más o menos 50 linces por año, este gobierno acabó de sacar 1.200 en ocho meses, sin dudas el ritmo es el adecuado”.
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Los agentes linces se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra la inseguridad tanto en las zonas urbanas como rurales. “No tenemos que convertir la lucha en contra de la inseguridad en una simple estadística, esto tiene que ser real y para eso la capacitación tiene que estar en el centro de la modernización de la Policía Nacional”, indicó el dirigente político de la oposición.
Reglamentar uso de videocámaras corporales
Por otra parte, el congresista urgió al Poder Ejecutivo reglamentar la ley 6757 que establece el uso obligatorio de cámaras corporales en los procedimientos de allanamientos, detenciones, secuestros y otros operativos que realicen agentes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y municipios.
Agregó que su inmediato cumplimiento contribuirá en el proceso de modernización de la Policía Nacional. “Hablé con el ministro del Interior Enrique Riera y le manifesté que presentaré un proyecto de declaración que le insta al Ejecutivo a reglamentar la implementación de cámaras en el pecho de los efectivos. Esto me parece muy importante porque hoy existe una desconfianza para con la fuerza pública, la corrupción también llegó a esta institución (Policía Nacional)”, indicó.
La norma fue promulgada en junio del 2021 por el entonces gobierno de Mario Abdo Benítez, sin embargo, su cumplimiento aún no es efectivo, lamentó Rubin. “Creo que le dará tranquilidad al pueblo paraguayo su reglamentación e implementación. Esta mal decir que esta ley se encuentra activa porque no vemos policías con cámaras de seguridad en el pecho. Se estará grabando todo el procedimiento, será una forma de transparencia”, remarcó.
El organismo regulador será el Ministerio del Interior, que debe proponer la reglamentación de la ley en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información (Mitic), el Ministerio Público y la Secretaría Anticorrupción (Senac).