Este viernes, cuatro personas denunciaron que el gremio Funcionarios de IPS Asociados (Fipsa) estuvo evadiendo los aportes a la seguridad social y esto compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados solicitan a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio.

Según consta en la denuncia, Fipsa enfrenta una denuncia por evasión de aportes a la seguridad social. Esta ya fue presentada por el director Jurídico ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Hasta el momento, son cuatro las personas afectadas en el caso que requieren de una urgente solución debido a que no pueden acceder a los servicios básicos como la salud y la jubilación.

En este caso, la acusación es contra el actual presidente de la asociación, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez. El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.

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Los afectados del caso son: Lourdes Beatriz Suárez, que se desempeña como trabajadora administrativa de Fipsa; Fátima Adelaida Ramírez González, que se desempeña en diferentes áreas reportó la falta de pago de aportes; Martha Dolores Acosta Cuevas, trabajadora en recepción y telefonía, y Víctor Manuel Acosta Causarano, que trabajaba en diferentes áreas. Todos denuncian que la empresa le descontaba el 9 % de su salario para aportes al IPS, pero no lo ingresaba.

En la denuncia sostienen que Fipsa ha incumplido con el pago de aportes a la seguridad social, lo que ha afectado a los trabajadores y sus familiares, quienes no pueden acceder a servicios básicos como la salud y la jubilación. Los afectados solicitan la urgente investigación y el castigo correspondiente a los responsables.

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Desde Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), informaron que siguen adelante con todo lo relacionado a la normativa necesaria para el Tren de Cercanías. En este sentido, indicaron que están ajustando detalles en torno al proyecto y al decreto reglamentario a la ley promulgada por el Poder Ejecutivo.

“Estamos terminando los detalles, estamos culminando el decreto y revisando los números nuevamente. El objetivo que tenemos es empezar el proceso competitivo y licitatorio el segundo semestre del 2025. Todo el proceso podría tomar todo un año y la obra empezaría en el 2026″, detalló el presidente de la institución, Facundo Salinas.

El titular de Fepasa señaló que si bien los proyectos de trenes se realizan en todo el mundo, de todas formas representa un proyecto complejo y demanda un tiempo de discusión de todos los actores que serán parte de este proceso, es decir, el sector público y privado. En este sentido, la labor del sector privado es muy amplia puesto que deben verificar aspectos relacionados a la financiación y la obra en sí.

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“Hay varias aristas como lo que es ingeniería civil, electrificación, lo que hace al material rodante, también entran los bancos, evaluaciones de riesgo y para todo eso los actores necesitan tiempo para que realicen una oferta”, indicó a la 1020 AM. Salinas señaló que la obra, que contempla dos fases, estaría recién finalizada entre el 2029 y 2030.

El presidente de Fepasa manifestó que debido a la complejidad del proyecto, siempre optó por la prudencia en cuanto a los plazos que exige el proyecto, todo esto también con el objetivo de evitar generar falsas expectativas en la ciudadanía.

“Los grandes proyectos trascienden gobiernos y habla bien del presidente que encare un proyecto que no vaya a inaugurar él y eso lo dije siempre, siempre está la aspiración de terminar en un periodo de gobierno, pero lo importante es terminar esta obra y ya tenemos experiencia de la Ruta PY 02 y otros proyectos que iniciaron en la administración de Horacio Cartes y terminaron con Mario Abdo”, refirió.

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El titular del Ejecutivo, Santiago Peña, defendió la licitación impulsada por la entidad binacional Itaipú, para la adquisición de 330.000 muebles escolares que son distribuidos en un total de 22 distritos. El proceso fue duramente atacado por el sector de la oposición, colorados disidentes y medios de comunicación aliados, quienes apuntaron a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa local Kamamya SA.

“Las demandas de transparencia son válidas y tenemos que constantemente estar respondiendo a todo, se mostrará absolutamente todo. En torno a la licitación de los pupitres, no es cierto que no se hayan dado explicaciones, el problema es que cuando se quiere cuestionar el proceso, no hay explicación que vaya a justificar”, comentó a la 1080 AM.

Peña detalló que el proceso inició en enero del 2024 con la finalidad de “enfrentar la problemática lacerante de la infraestructura escolar”. Agregó que se mantuvo un diálogo con el sector privado en el que se analizó la capacidad local, la calidad de los productos ofertados, precios y la capacidad de fabricación y entrega.

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Señaló que la compra de los pupitres también fue impulsada como un complemento al programa Hambre Cero en las escuelas. “Después de analizar todo, se tomó esa decisión y yo participé activamente de eso. El modelo que elegimos para el Paraguay es similar al de Japón, donde los niños almuerzan en las aulas, el problema es que sin los pupitres no podría concretarse esto. A la vez el pupitre de madera iba a ser un inconveniente para la limpieza”, refirió.

Aseguró que los mobiliarios escolares fueron adquiridos por su calidad, precio competitivo y capacidad de entrega. “Compramos pupitres con una garantía de reposición de 3 años y no de arreglo. Esto nos da una certeza de que los niños tendrán una mejora sustancial en su proceso de aprendizaje en aula”, puntualizó.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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