El Consejo de Administración de la Corte Suprema de Justicia, por resolución Nº 69, resolvió declarar desierta la licitación pública para la contratación del servicio médico para los funcionarios del Poder Judicial, así como los magistrados del país.
Asimismo, se autoriza de inmediato a realizar el segundo llamado para que los funcionarios de justicia y los jueces puedan tener cobertura médica durante los próximos meses.
En su momento, la única firma que se presentó al proceso licitatorio es el consorcio Prosalud-Docto V, que ofertó la suma de G. 224.983.200.000 para proveer del seguro a los casi 45 mil funcionarios judiciales con sus respectivos adherentes.
De acuerdo a la determinación adoptada por los altos funcionarios de la máxima instancia judicial, dicho consorcio no reunía los requisitos para adjudicarse con la licitación. A esto se le suma que la citada empresa cuenta con un sumario por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por supuesta mala fe e información falsa.
La apertura de la investigación fue firmada por el propio titular de la DNCP, Pablo Seitz, a través de la resolución 1.390/2020 y designó al abogado Derlis González como juez instructor para sustanciar el sumario administrativo.
Igualmente, días atrás el Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial solicitó a los ministros de la Corte un informe sobre la situación del proceso, debido a que muchos de los funcionarios tienen enfermedades de base que necesitan un tratamiento especial y riguroso, por lo que urgen del seguro.
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