La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió 35 medidas cautelares más a varias empresas proveedoras del Estado que con la citada determinación de la máxima instancia judicial no presentarán su declaración jurada de bienes. Es en el marco de la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra Ley 6.355, por la cual se establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de las empresas que trabajan con el Estado.
Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia hicieron lugar a la suspensión de los efectos de la citada legislación hasta que se dicte sentencia en las acciones.
Días atrás la misma sala de la Corte ya hizo lugar a varias medidas cautelares en el mismo sentido donde también fueron beneficiadas numerosas empresas que prestan servicio al Estado. Asimismo, existen más de 70 acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas ante el máximo tribunal de modo a que se declare inconstitucional la Ley 6.355 que modifica la ley que reglamenta el artículo 104 de nuestra Carta Magna.
Igualmente la Corte dio trámite a las acciones, con lo que corrieron vista a la Fiscalía General del Estado, de modo que dictamine en las mismas, antes de dictarse resolución.
La mayoría de las acciones son presentadas por laboratorios, farmacéuticas, empresas constructoras, imprentas, firmas de combustibles, constructoras, frigoríficos, entre otros.
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Desde el 2021 se crearon cerca de 16 mil empresas en Paraguay
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dio a conocer que desde la implementación de las Empresas por Acciones Simplificadas (EAS) hasta finales del primer trimestre del 2025, se construyeron 15.938 nuevas empresas en Paraguay, alcanzando un capital social acumulado de USD 700 millones. Esta herramienta entró a regir en febrero del 2021.
Según el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace), el 86 % de estas empresas opera en el sector de comercio y servicios, mientras que el 8 % corresponde a la industria y el 6% a agroganadería. El informe indica además que el 89 % de la inversión proviene de capital nacional, mientras que el 11 % corresponde a inversores extranjeros. La mayor cantidad creada bajo este sistema se encuentran en Asunción, Central, Alto Paraná e Itapúa.
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Crecimiento sostenido
Leticia Giménez, representante del Suace, destacó que el crecimiento de las EAS tuvo un impacto positivo en el ecosistema empresarial del país. “Las Empresas por Acciones Simplificadas se han consolidado como la opción más atractiva para la constitución de negocios en Paraguay, gracias a su proceso rápido y sencillo en línea, sin costos por tasas ni aranceles”, mencionó.
Desde la implementación del EAS, hubo un aumento constante en cuanto a la apertura de nuevas firmas. Hasta el cierre del primer trimestre ya se registraron 1.734 nuevas empresas bajo esta modalidad, cifra que aumentó a 2.734 en 2022 y a 4.487 en 2023. Para el cierre de 2024, se consolidó aún más con la constitución de 5.931 nuevas EAS.
El viceministro de Rediex, Javier Viveros, había informado que desde que asumió el gobierno de Santiago Peña en agosto del 2023, se crearon unas 9.700 empresas bajo esta modalidad. El Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace) permite a inversionistas extranjeros abrir empresas y obtener la residencia permanente en Paraguay.
Cabe destacar además que el Índice de Burocracia 2024 del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos) situó a Paraguay en la posición número 1 entre los países con menor dificultad para la tramitación de apertura de pequeñas empresas.
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Hambre Cero: logran formalizar el empleo con más de 8.200 trabajadores con cobertura del IPS
Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informaron que durante el mes de marzo llevaron a cabo la verificación de instituciones educativas en Central y Presidente Hayes, donde se realizó un control de los trabajadores vinculados a las empresas proveedoras de alimentación escolar, en el marco del programa Hambre Cero.
Este programa permite que hoy 8.200 trabajadores, entre cocineras, auxiliares, limpiadoras y otros, acceden a empleos formales y protección social a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Durante los operativos realizados entre el 14 y el 21 de marzo fueron verificadas 60 instituciones educativas donde se presta servicio de alimentación bajo la modalidad Catering y Cocinando en las Escuelas. Como resultado, se logró registrar en el IPS a un total de 3.190 trabajadores, lo que representa un aumento del 64% en relación con la cantidad que contaba con cobertura antes de la intervención.
En el marco del programa Hambre Cero, ya suman 8.200 los trabajadores que acceden a la cobertura social de IPS mediante su trabajo en el programa de alimentación escolar.
Las verificaciones se realizaron en 52 escuelas del departamento Central y 8 de Presidente Hayes y estuvieron a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en conjunto con el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE).
También fueron inspeccionadas 8 empresas y consorcios responsables del servicio alimentario, donde se detectaron irregularidades como que el 56% de los trabajadores no contaba con copia del contrato, 44% no estaba registrado en el sistema de control de asistencia, 30% no tenía acceso a la seguridad social y un 7% se encontraba trabajando sin contrato formal.
El Ministerio de Trabajo destaca que mediante la rápida acción el 75% de los casos de empleo informal fueron regularizados en un plazo de 48 horas, garantizando así que más personas accedan a los derechos básicos del trabajo formal como cobertura médica, aporte jubilatorio y protección frente a accidentes laborales.
“El compromiso con una alimentación saludable en nuestras escuelas debe estar acompañado de un firme compromiso con los derechos de las personas que la hacen posible. Trabajo digno y alimentación digna son pilares de una política pública justa e inclusiva”, expresó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
Remarcó además que este operativo marca un hito en el cumplimiento de los objetivos del programa Hambre Cero, que no solo prioriza la nutrición de la infancia paraguaya, sino también la dignidad del trabajo en toda la cadena de provisión de alimentos.
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El ministro Víctor Ríos disertó en Congreso Internacional de Derecho Procesal
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Víctor Ríos Ojeda, participó ayer viernes como conferencista en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, realizado en Posadas, Argentina. El evento congregó a destacados especialistas de Argentina, Brasil y Paraguay, con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la Justicia en la región. Así informo el sitio web del Poder Judicial.
Asimismo, mantuvo una reunión con los integrantes del Superior Tribunal de la citada ciudad, donde hizo entrega del informe de gestión 2024 de la máxima instancia, que contiene un resumen de los principales esfuerzos realizados para dar cumplimiento a los ejes de gobierno judicial.
El congreso fue organizado por el Poder Judicial de Misiones y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, bajo el lema “Revalorizando el Derecho Procesal”, en homenaje al profesor Adolfo Alvarado Velloso.
El evento fue declarado de interés judicial en Argentina y permitió debatir sobre las innovaciones y desafíos en la materia, incluyendo las reformas legislativas y el impacto de las nuevas tecnologías en la práctica jurídica de la región.
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Durante la reunión con los miembros del Superior Tribunal, se abordaron los temas centrales del congreso. Asimismo, el ministro presentó los principales logros del gobierno judicial y destacó las metas establecidas para el período 2025 con la entrega del Informe de Gestión 2024 de la CSJ de Paraguay. Subrayó que este informe se presenta como un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, reafirmando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las acciones del Poder Judicial.
Finalmente, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones del Edificio de Tribunales. En la reunión estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto con los magistrados Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Jorge Antonio Rojas.
Los juristas argentinos manifestaron su interés en suscribir un convenio marco con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la colaboración en el ámbito académico y judicial, promoviendo así el estrechamiento de lazos fraternales entre ambas naciones.
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Proveedoras desnudan montaje de Miguel Prieto sobre pupitres
Las empresas cotizantes con las que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confeccionó los precios referenciales para la adquisición de 10.500 muebles escolares chinos, reconocieron haber presentado erróneamente sus presupuestos. Esta situación desborda el falso montaje impulsado por el dirigente opositor contra Itaipú.
Esto, según la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) N 874/25 de fecha 27 de marzo. La DNCP había iniciado una investigación de oficio por inconsistencias en los documentos y datos proporcionados sobre los precios referenciales, cuyo resultado confirmó “la existencia de irregularidad”.
De acuerdo al documento, hubo irregularidad “desde la solicitud de precios de potenciales oferentes y la falta de fundamentación en la combinación de fuentes para el establecimiento de los precios de referencia, lo que induce y vicia el presente procedimiento de contratación desde su planificación”.
Por tanto, la DNCP sostiene que corresponde anular el procedimiento de contratación y ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Esta Dirección Nacional constata la existencia de una irregularidad sustancial que vicia el procedimiento de contratación desde su fase de planificación, al comprometer la legalidad, transparencia, objetividad y eficiencia del proceso”, indica el documento.
La resolución de la institución agrega que “en consecuencia, corresponde anular sin perjuicio a que pueda ser subsanado. Por tanto, se ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado con lD N 460394 “Adquisición de Mobiliarios”. La presente investigación de oficio se da por concluida en los términos expuestos, sin perjuicio de que, en caso de surgir nuevos elementos relevantes, esta Dirección Nacional actúe dentro del ámbito de su competencia”.
Falacia de Prieto
Las firmas que desnudaron las falacias del intendente Prieto son Fiorella Muebles, de Alfredo Aniano González; Intelfly S.A, de Nimio Villalba Gauto, el Grupo L&J de Marcos Antonio López, así como la Distribuidora Paula de Gerardo Rolando Arévalos. Esto, en el marco de la investigación de oficio de la DNCP, encabezada por Agustín Encina.
En la resolución emitida por la DNCP, se detalla que las empresas Fiorella Muebles e Intelfly S.A manifestaron haber recibido un documento en blanco en lugar de las especificaciones técnicas requeridas, motivo por el cual formularon consultas a la municipalidad esteña sin obtener respuesta alguna. Agrega que ante la falta de información oficial, ambas firmas mencionan que basaron sus presupuestos en las especificaciones técnicas estándar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
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Mientras que la Distribuidora Paula indicó a la DNCP haber recibido las especificaciones técnicas por parte de la convocante, aunque no consta en la documentación que permita verificar el contenido recibido. Asimismo, la propia firma reconoció que su cotización fue realizada con base en precios referenciales disponibles en la plataforma Alibaba.
“Esto evidencia la debilidad técnica y la falta de rigurosidad del procedimiento seguido por la Convocante, considerando que tales plataformas electrónicas de comercio internacional no ofrecen parámetros confiables para establecer precios de referencia válidos en el contexto de la contratación pública, ya que no reflejan condiciones reales del mercado local, ni garantizan especificaciones técnicas verificables, términos de entrega aplicables, ni tributos o costos logísticos asociados”, expresa la DNCP.
En el caso de la firma Grupo L&J, la institución refiere que se constató la convocante le remitió un detalle de especificaciones técnicas distintas a las establecidas en las bases del procedimiento, solicitando cotización con base en requerimientos que no coinciden con los publicados oficialmente, lo que refuerza el trato desigual otorgado entre oferentes y la falta de uniformidad en la información transmitida.
“En consecuencia, los presupuestos utilizados para la elaboración del precio de referencia fueron construidos sobre parámetros diversos, erróneos o genéricos, ajenos a las especificaciones técnicas finalmente a probadas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Esta situación genera una distorsión sustancial en la conformación del precio de referencia, viciando la etapa de planificación del procedimiento y contraviniendo el principio de transparencia y de igualdad de condiciones entre potenciales oferentes”, sentencia la DNCP.
Campaña de desprestigio
Prieto apuntó a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias en el proceso de adjudicación que impulsó la entidad binacional Itaipú para la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa local Kamamya SA, que ya están siendo distribuidos por el Gobierno en un total de 22 distritos vulnerables.
La campaña de desprestigio contra la Itaipú, sin fundamentos ni argumentos sólidos, es impulsada por el líder del movimiento Yo Creo con el apoyo de medios de comunicación aliados, legisladores opositores y disidentes colorados.