El Tribunal de Apelación en lo penal, integrado por los jueces Arnulfo Arias, José Agustín Fernández y Gustavo Auadre, destrabó el proceso penal que soportan el ex senador Óscar González Daher, el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento Raúl Fernández Lippmann, el ex senador Jorge Oviedo Matto y otros procesados al hacer lugar la impugnación del juez de sentencia Víctor Medina, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de sus colegas Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro, María Fernanda García, Elsa García y Olga Ruiz.
Con la resolución de los camaristas se tiene vía libre para poder conformar el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los procesados en el presente caso. Una vez que se integre el colegiado, se tendrá que fijar la nueva fecha de juicio oral y público.
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La jueza Cynthia Lovera fue la que elevó a juicio oral y público el proceso penal relacionado a los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La fiscala del caso Natalia Fuster había manifestado durante la audiencia preliminar que si bien el caso se inició por los audios filtrados, la acusación se hizo mediante la investigación de cruces de llamadas, informes recabados del Jurado e inspectorías realizadas del Poder Judicial y no se utilizaron los audios como evidencia.
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L-Gante, condenado por amenazas y absuelto por secuestro
El cantante argentino L-Gante, quien saltó a la fama tras una colaboración con el productor Bizarrap, fue absuelto ayer lunes por secuestro, pero deberá cumplir tres años de libertad condicional por amenazas, según un fallo judicial transmitido por televisión. Elián Valenzuela, verdadero nombre del compositor de 24 años, estaba imputado por amenazas, daños y privación de la libertad, y estuvo preso por esa causa entre junio y setiembre de 2023.
“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El deseo y propósito de este veredicto es que (Valenzuela) termine de asumir un rol de modelo para la juventud”, dijo el juez Ignacio Racca al leer la sentencia, citando una frase popularizada por la saga del superhéroe Spiderman.
L-Gante es una figura de la música urbana argentina y referente del subgénero local de cumbia conocido como RKT. Saltó a la fama tras su colaboración con el exitoso productor musical conocido como Bizarrap. “Las palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí”, dijo L-Gante a la prensa al finalizar la audiencia.
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“Ojalá algún día sea un gran ejemplo para la juventud”, señaló el artista. L-Gante fue denunciado por distintos episodios de amenazas y dos personas afirmaron haber sido secuestradas por el cantante en mayo de 2023 tras una discusión en la localidad de General Rodríguez, 50 km al oeste de Buenos Aires.
El juez Racca lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento condicional por las amenazas, pero lo absolvió por la privación ilegal de la libertad, el delito más grave que podría haberlo mandado a la cárcel de manera efectiva. Valenzuela tiene millones de oyentes mensuales en Spotify y su colaboración en 2021 con el también argentino Bizarrap le ha valido 348 millones de visualizaciones en YouTube.
Fuente: AFP.
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Condenan a expolicía de la dictadura uruguaya por crimen con vino envenenado
Un expolicía fue procesado con prisión en Uruguay por el asesinato durante la pasada dictadura (1973-1985) de la esposa de un importante político opositor, cometido con vino envenenado, según documentos judiciales divulgados ayer sábado. Ricardo Zabala, de 74 años, fue procesado “en calidad de presunto coautor (...) de un delito de homicidio”, de acuerdo con el fallo de la jueza Silvia Urioste fechado el 18 de octubre.
Las huellas dactilares de Zabala fueron encontradas en la botella de vino envenenado que el 5 de setiembre de 1978 le causó la muerte a Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional (PN) Mario Heber, hoy fallecido. Fontana era la madre del exministro del Interior y actual senador oficialista Luis Alberto Heber.
“A 46 años del homicidio de Cecilia Fontana de Heber, y luego de más de 16 años de trabajo por intentar esclarecerlo, hoy se hizo JUSTICIA. Una familia conoce la verdad. Un homicida irá preso”, escribió el sábado en la red social X Javier Barrios Bove, abogado de la familia Heber. La botella de vino que provocó la muerte de Fontana era una de las tres que aparecieron en agosto de 1978.
Las botellas iban dirigidas a Luis Alberto Lacalle Herrera, quien luego fue presidente de Uruguay (1990-1995) y es padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou; a Heber, y a Carlos Julio Pereyra, otro histórico dirigente del PN ya fallecido. Pero sólo Fontana bebió el vino adulterado con un insecticida.
La muerte de Fontana motivó inicialmente una investigación plagada de irregularidades que no tuvo resolución judicial. Con el regreso a la democracia en 1985, una comisión del Senado volvió a indagar lo ocurrido, pero la causa finalmente se archivó en 1988. Se reabrió en 2006 a instancias de Pereyra, pero volvió a cerrarse en 2017 por falta de pruebas concluyentes.
El acceso a nuevas técnicas periciales y a documentos desclasificados por Estados Unidos, entre otras informaciones, llevaron a Luis Alberto Heber a solicitar la reapertura del caso en 2020. El pedido y las nuevas informaciones llevaron al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, a pedir el procesamiento de Zabala a fines del año pasado.
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El fiscal le acusó de integrar un grupo de sectores de las llamadas Fuerzas Conjuntas, que coordinaban a militares y policías, “estrechamente comprometidos” con violaciones a los derechos humanos y con “razones serias” para atentar contra quienes promovían un cambio político.
Según Perciballe, “no cabe lugar a dudas” de que detrás de este atentado estuvieron también los militares Amaury Prantl y José Gavazzo, así como los policías Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, todos represores de la dictadura ya fallecidos, quienes ocupaban mandos en los servicios de inteligencia.
Fuente: AFP.
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Senabico lamenta el cese de investigación del caso Cabeza Branca
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) expuso ayer jueves ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisadas de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La institución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.
“Gracias a estas reuniones que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.
García relató que dichos inmuebles, es decir, las estancias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposición del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas propiedades que prohibían la posibilidad de innovar, contratar o cualquier otra modificación registral.
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“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno conocimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publicaciones del remate, él tenía a la vista el informe de condiciones de dominio de la Dirección General de los Registros Públicos en el que taxativamente hablaba que esta propiedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.
El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser aplicado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustración”, manifestó.
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Corte rechaza enjuiciar a expresidenta boliviana por “golpe” contra Evo
Un tribunal de La Paz rechazó ayer jueves enjuiciar a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez por presuntamente haber planificado un “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019. En el primer día de juicio, la corte tomó la decisión de apartar a la exmandataria del proceso, según su abogado Luis Guillén.
Sin embargo, Áñez seguirá cumpliendo una condena de 10 años por hechos relacionados con la violenta crisis de 2019, cuando Morales fue forzado a renunciar tras ser acusado por la oposición de haber cometido un fraude en los comicios de ese año. “No se ha restituido la libertad” de la expresidenta, “por lo tanto no la podemos considerar una victoria, sino que lo consideramos como un respeto (...) a la prohibición de un doble procesamiento”, agregó el abogado.
En 2022, la justicia ya había condenado a la exgobernante de 57 años por asumir la presidencia de manera inconstitucional en reemplazo de Evo Morales. Esta vez, la fiscalía pretendía que recibiera una condena de hasta 20 años por “terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias”. Su actuación configuró “la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno” de Morales, alegó el ministerio público.
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Más procesos
En noviembre de 2019, Áñez, senadora de la oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social. Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.
“Hemos ganado una batalla, pero no la guerra y vamos a seguir luchando por la libertad de mi madre”, dijo su hija Carolina Ribera, quien estuvo en la instalación de la audiencia a la que no tuvo acceso la prensa. Áñez todavía enfrenta ocho investigaciones por hechos relacionados con la crisis de 2019 y por presuntos casos de corrupción durante su mandato de un año.
“No fue golpe, sí fue fraude”, clamó temprano Áñez cuando era trasladada con esposas y chaleco antibalas desde una cárcel de La Paz hasta la corte donde se abrió el juicio conocido como “Golpe de Estado I”. Junto con ella fueron presentados ante el tribunal el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social. Los otros acusados continuarán respondiendo en el juicio, dijeron sus abogados.
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“Fantasioso”
Anticipándose a la decisión de la corte, Áñez había calificado el segundo juicio como “ilegal”, además de “fantasioso”. Ahora su defensa se centrará en el proceso por matanza de civiles en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), con saldo de 20 muertos, en la represión militar que siguió al cambio de gobierno. El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.
Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial. Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez. El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto. Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.
El líder indígena, que rechaza el proceso como “una mentira más”, acusa a Arce de orquestar su posible detención. Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos. El sistema de justicia se encuentra ahora “con un mayor nivel de manipulación política” comparado con otros de la región, remarcó.
Fuente: AFP.