El juez penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, Martín Areco, confirmó que el intendente de la citada ciudad, José Carlos Acevedo imputado por violar la cuarentena sanitaria, debe comparecer este lunes ante el juzgado para la audiencia de imposición de medidas. En la mencionada diligencia judicial, el magistrado tendrá que decidir si ordena la prisión preventiva así como pidió el Ministerio Público o le concede medidas alternativas a la prisión.
La Fiscalía había ordenado la detención del jefe comunal por violar las restricciones de seguridad impuestas como medida de prevención del COVID-19, al cruzar al lado brasileño. A consecuencia, el político está cumpliendo la cuarentena obligatoria en una sede militar de Concepción.
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El repudio por la actitud del jefe comunal fue generalizado, ya que utilizó su prepotencia con los militares que vigilaban la zona, para pasar al vecino país. Tanto políticos como la ciudadanía en general dejaron sentada su postura a través de las redes sociales. La actitud de Acevedo incluso le costó el cargo al comandante de Operaciones de Defensa Interna (Codi), general Leonardo Ibarrola.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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El cantante Pablo Benegas se sentó en el banquillo, acusado por abuso sexual en niños
El cantante Pablo Benegas, conocido por su éxito Soy de mi tierra, ya está en el banquillo de los acusados. Se inició el juicio oral y público donde el músico es acusado por presumiblemente drogar y luego abusar de dos menores de 11 y 16 años. La defensa del artista planteó varios incidentes que deberán ser estudiados por los integrantes del Tribunal de Sentencia.
La acusación del Ministerio Público es por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo, pornografía relativa a niños y coacción sexual y violación.
Días atrás, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Lourdes Garcete, ratificó la prisión preventiva del cantante. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en Palacio de Justicia.
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Acusación
La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas solicitó desde su casa el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho, cercana al barrio Chacarita, hasta su domicilio particular. El escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta, esto con el objetivo de hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas, para luego filmarlas desnudas.
El escrito del Ministerio Público señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.
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Aprehendieron anoche a quien habría robado y violado a una joven
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El personal policial de la Comisaría 4ª. del barrio Pablo Rojas realizó la aprehensión del supuesto autor de un hecho de violación de una joven, ocurrido en la madrugada del 3 de abril en su casa. Se trata de Odilón Miguel Amarilla Gómez (31), alias “Macaco”. El procedimiento fue a las 20:00 en la vía pública del asentamiento Belén de Ciudad del Este.
El fiscal Osvaldo Zaracho, de la Unidad Penal No. 10, había dictado orden de captura, tras la declaración de la víctima realizada ayer y los elementos proporcionados por los agentes policiales en base a imágenes de circuitos cerrados de grabación de las adyacencias de la casa, donde ocurrió el hecho denunciado.
Consultado por la Nación/Nación Media, el fiscal Zaracho dijo que en el transcurso de la mañana se le tomará la declaración al aprehendido y, luego, lo imputaría por robo agravado, coacción sexual y violación. El agresor se había apoderado de los documentos, un aparato celular marca Xiaomi, calzados, ropas y joya de la víctima, antes de someterla sexualmente.
El hecho denunciado ocurrió a las 02:40 del 3 de abril, en una vivienda del barrio Pablo Rojas. El hombre se encontraba solo, forzó la puerta para ingresar a la misma y con arma de fuego en mano cargó varios objetos en dos mochilas y una maleta, para luego exigir a la víctima a que se saque su vestimenta. Después huyó a pie.
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