La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió para varias empresas proveedoras del Estado los efectos de la Ley 6.355, por la cual se establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos.
Con la citada resolución de la máxima instancia judicial, numerosas firmas no tendrán que presentar su declaración jurada de bienes hasta tanto se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron contra la mencionada ley.
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La resolución está firmada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia. Asimismo, ya se le dio trámite a la acción planteada por varias firmas que trabajan con el Estado.
Igualmente, el Ministerio Público tendrá que emitir una opinión con relación a las acciones que se presentaron para que luego los ministros de la Corte resuelvan sobre el fondo del planteamiento de cada uno de los accionantes.
Acción de inconstitucionalidad
Más de 70 empresas proveedoras del Estado presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de la Ley 6.355, que establece la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos por parte de los proveedores estatales.
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Mousques anuncia acción de inconstitucionalidad
Ayer lunes, la jueza en lo Civil y Comercial Rossana Frutos, en grado de apelación, ha revocado el fallo de la jueza de Paz Gloria Machuca, quien había admitido la denuncia por violencia contra la mujer presentada por Gisele Mousques en contra del empresario Cristhian Chena y la firma Resumen de Noticias.
“Esta sentencia contiene muchos vicios e inclusive contradice disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. Por ello, estaremos arbitrando acciones de inconstitucionalidad y esa es la vía que seguiremos”, explicó a La Nación/Nación Media la abogada de Mousques, Margarita Heralesky.
La representante legal indicó que la propia normativa, tanto del Código Procesal Civil como de la Constitución Nacional, faculta a la parte denunciante a tomar las disposiciones mencionadas. Además, agregó que también se faculta a la propia Corte Suprema de Justicia a intervenir.
La representante legal de Mousques manifestó que con respecto a la resolución que revoca el fallo de la jueza de Paz no se ha estudiado a profundidad lo que hace referencia a la violencia ejercida. Habló así de cómo la jueza se abocó hacia lo vinculante con la censura, lo cual nunca estuvo en discusión.
“No se trata de restricciones a la libertad de expresión, sobre lo cual se centró la jueza. Dentro de la sentencia no se ha realizado ninguna valoración completa de los escenarios completos y los titulares que cuestionamos, los cuales son denigrantes y por qué los consideramos agraviantes”, dijo.
Remarcó que dichos aspectos se encuentran en la línea de violencia telemática, además de atentar contra la dignidad de su representada. Sin embargo, lo mencionado no fue tenido en cuenta en la decisión de la jueza Frutos, solo lo referente a la libertad de prensa.
Gisele Mousques había solicitado medidas de protección contra el empresario Christian Chena, alegando haber sido víctima de hostigamiento y ataques en redes sociales, aparte de manifestar un daño a su imagen luego de una serie de publicaciones.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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Plantean que el Estado tenga su propia flota de buses
El senador José Oviedo presentó este viernes un proyecto de ley que plantea la creación de la Secretaría Nacional de Transporte (Senatran) y la Empresa Nacional de Transporte Público de Pasajeros (Enatrapp), a fin de ordenar el tráfico urbano y suburbano, mejorando el servicio público de transporte de pasajeros.
“Queremos que el Estado preste el servicio y ya no depender de los chantajes de las empresas privadas, que entre a competir. Tendrá su itinerario tanto en el área metropolitana y rural, es un proyecto que pretende solucionar definitivamente el problema del transporte público. Yo espero contar con el consenso necesario para su aprobación”, puntualizó Oviedo en una conferencia de prensa.
La propuesta indica que la Senatran será un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, de derecho público, con domicilio en Asunción. La estructura orgánica básica estará conformada por el Gabinete del Ministro Secretario de Transporte, la Dirección General de Planificación de Transporte, la Dirección General de Transporte Metropolitano y la Dirección General de Transporte Nacional e Internacional.
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Permisos otorgados hace 70 años
En la exposición de motivos la iniciativa refiere que “el transporte público de pasajeros a nivel urbano y suburbano es de pésima calidad en toda la República y en particular en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, donde se concentra el mayor volumen de tráfico de pasajeros urbano y suburbano del país”.
Asimismo el documento indica que “la actual modalidad de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos se basa en concesiones, en general permisos otorgados hace 70 años y más, sin existir un plan de tráfico y transporte público urbano y suburbano, principalmente para el área metropolitana de la ciudad de Asunción”.
La propuesta sostiene además que “mientras que la Ley de Concesiones establece que ninguna concesión, o permiso, podría prolongarse por más de 30 años, la mayoría de los itinerarios concedidos a empresas privadas llevan mucho más de tal plazo de tiempo. Pero lo más grave es la pésima calidad del servicio y la congestión que se verifica en el AMA, en Ciudad del Este y su área metropolitana, principalmente, debido a la falta de una adecuada planificación”.
Fondos actuales del transporte
Mientras que la Enatrapp se constituirá como empresa pública, autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio, prestador del servicio de transporte público de pasajeros en las áreas urbanas y metropolitanas de Asunción, cabeceras departamentales y demás centros urbanos del país que lo requieran.
El proyecto mencionada que la firma se financiará con sus propios recursos y los fondos previstos del Tesoro, que actualmente se destinan al sistema de transporte público. Desde el inicio de la prestación del servicio, la totalidad de los ingresos y egresos provenientes de sus servicios serán administrados única y exclusivamente por la Enatrapp, que está plenamente autorizada para contraer créditos y realizar todas las actividades propias de su función, según las normas establecidas en esta ley y la legislación vigente.
Agrega que la empresa será administrada por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y por un Consejo de Administración, integrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Senatran y por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También lo integrará un representante de la Contraloría General de la República, con voz pero sin voto.