El departamento de Identificaciones de la Policía Nacional hoy lunes atenderá hasta las 22:00, para los interesados que quieran solicitar y retirar documentos. En tanto que mañana martes, 24 de diciembre, permanecerá cerrado atendiendo al decreto presidencial que establece asueto para los funcionarios públicos de la administración central y entes descentralizados.

Según el comisario León Almirón, asesor jurídico del departamento de Identificaciones, en la mañana de hoy lunes hubo un intenso movimiento de personas y esperan que esto siga hasta la noche. La mayoría de los casos son de personas que deben viajar y retiran sus pasaportes.

“Hoy 23 de diciembre atendemos en horario normal que sería de 6:00 hasta las 22:00. Mañana por asueto presidencial estará cerrado y en Navidad. Volveremos el jueves 26″, detalló Almirón, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Explicó que la cédula de identidad no tiene costo para los que solicitan por primera vez, los que desean renovar tiene un costo de G. 8.500. En tanto que, los pasaportes tienen un costo de 240.000 guaraníes y más de G. 170.000 para la legalización que realizan funcionarios de Relaciones Exteriores. El pago se realiza solo en efectivo y en lo posible presentar el importe justo.

“Tenemos buena concurrencia. Algunas personas están llegando con sus equipajes para poder retirar sus documentos, hay muchos que llegan a última hora y están aguardando para poder retirar. El pago hasta el momento es solo en efectivo y se está en trámites para poder aceptar otros medios de pagos”, aseguró.

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El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que fue establecido el primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2025 en todo el territorio nacional, correspondiente a hacienda general de bovinos y bubalinos, así como su registro.

Según la Resolución Nº 1980/2024 del 9 de diciembre de este año, el periodo de vacunación iniciará el 17 de febrero de 2025 y se extenderá hasta el 28 de marzo del mismo año. En tanto, el registro podrá realizarse hasta el 4 de abril.

Con relación a la recategorización de desmamantes machos y hembras, indicaron que será realizada antes o durante el acto de vacunación. Estará prohibido recategorizar una vez finalizada la vacunación y confirmada la orden de trabajo del propietario de ganado.

En esas fechas, se dispondrá el bloqueo por inicio de vacunación de todos los establecimientos ganaderos hasta tanto se realice el registro y la confirmación de la orden de trabajo de todos los propietarios de ganado que se encuentran en el establecimiento.

El Senacsa agregó que la inmunización de bovinos y bubalinos constituye una estrategia fundamental para el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, el cual es de vital importancia y de prioridad nacional, ya que la prevención de la referida enfermedad constituye una acción esencial de la institución.

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En la campaña anterior, según detalló la entidad, se vacunó a un total de 13.413.512 bovinos y bubalinos, de una población de 13.447.289, logrando una cobertura del 99,7 % y abarcando a unos 130.488 propietarios.

En cuanto al plan de vacunación contra la brucelosis, se inmunizó a un total de 1.038.540 hembras adultas de una población de 1.080.553, llegando al 96 % de cobertura. En este segmento se registraron 441 establecimientos en total.

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Una comitiva fiscal, policial y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad encabezados por el agente del Ministerio Público, Enrique Fornerón, realizaron un allanamiento a una vivienda en la ciudad de Natalio- Santo Domingo, zona rural ubicada a unos 120 kilómetros de Encarnación, donde presuntamente funcionaba una granja de criptomonedas.

Igualmente, participaron del procedimiento funcionarios de la ANDE, a cargo del jefe, el ingeniero Miguel Lugo, acompañado de la asesora jurídica Celia Espinoza, quienes realizaron la medición del consumo de energía eléctrica, determinando que se encuentra dentro de los parámetros del contrato de la ANDE.

Así también, los funcionarios de dicha institución informaron que la granja minadora se encuentra en trámite de registro para la explotación de energía eléctrica con fines de minería de criptomonedas. En el acto, los mismos hicieron entrega de una cédula de notificación de regularización de categoría, que fue recibida por el asesor jurídico, en la que se intima a la regularización en el término de 48 horas.

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Se realizó otro procedimiento en un inmueble ubicado en la compañía Capitán Urbina del distrito de Mayor Otaño. Se detalla que el procedimiento fue en el marco de las actividades de verificación y control de alimentadores en 23 kV de la zona. Los técnicos interventores detectaron, mediante el monitoreo en el portal SCADA, una alta carga en el alimentador CAL2.

Durante la inspección en el lugar, el inmueble fue identificado en ANDE como tarifa social a nombre de Valerio Cuevas Martínez, con medidor 3792227. Al no obtener respuesta en el sitio y dada la alta sospecha de sustracción de energía eléctrica, se procedió a realizar la denuncia correspondiente ante la Comisaría 19 de Mayor Otaño y a la Unidad Penal de Turno, a cargo del agente fiscal Luis Caballero, quien emitió la orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, se constató la existencia de una criptominería en pleno funcionamiento. Por orden del Ministerio Público, todos los equipos, materiales y accesorios relacionados con la sustracción de energía eléctrica fueron incautados. Sin embargo, debido a las inclemencias climáticas, los mismos quedaron en custodia en el sitio, a cargo del GEO. Cabe destacar el éxito de esta operación, logrado gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Grupo GEO, la FTC y la Armada Nacional.

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Un grupo de 18 diputados de diferentes partidos políticos, presentó un proyecto de ley mediante el cual se busca crear el “Observatorio y Registro General de las personas con antecedentes de violencia doméstica”. De acuerdo a lo que indicaron los legisladores, esta iniciativa nace a partir de la cantidad de casos de violencia que desembocan en muertes ocasionadas por personas con antecedentes.

Este registro también contará con los datos de las personas que tengan acuerdos aprobados de régimen de relacionamiento y convivencia con sus hijos niños y adolescentes. En el proyecto se menciona como antecedente el caso de las tres niñas que perdieron la vida, luego de haber sido llevadas por su propio padre, quien tenía antecedentes por violencia sobre quien pesaba órdenes de captura.

“El Observatorio funcionará en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. El mismo podrá celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente acciones tendientes a registrar personas con antecedentes de violencia familiar, que además hayan accedido a acuerdo de parte o dentro de un proceso, acerca del régimen de relacionamiento con sus hijos menores o adolescentes”, expone el proyecto.

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Según los legisladores impulsores, la falta de un sistema centralizado de información dificulta la evaluación de la problemática y la implementación de políticas públicas efectivas. La iniciativa también busca privar de la posibilidad de que aquellos que cuenten con tales antecedentes, les sea suspendido y/o revocado todo régimen o acuerdo arribado de convivencia y/o relacionamiento con sus hijos menores o adolescentes, mientras se realicen las investigaciones judiciales.

Asimismo, de ser comprobados los hechos, les sea retirado el derecho al régimen de convivencia y relacionamiento, así como también les sea declarada la pérdida de la patria potestad. De acuerdo a lo que mencionan el proyecto, esto es impulsado ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar con consecuencias trágicas, pretende establecer un sistema de información destinado al diseño y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y la protección de los niños, niñas y adolescentes.

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