El juez penal de Garantías, Vicente Coronel, admitió la ampliación de la imputación por asociación criminal contra Wiliam Roberto Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados investigado por integrar una red de estafa a colonos menonitas para la venta de propiedades en el Chaco. Se estima que las víctimas del hecho sufrieron un perjuicio patrimonial de US$ 2 millones.

Igualmente, el citado magistrado admitió la ampliación de la imputación contra José Francisco Ljubetic e Ilsa Marisela Paredes, quienes serían cómplices en esta causa. Los citados fueron convocados para el 8 de abril para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá cuáles son las medidas que se les impondrá a cada imputado.

Te puede interesar: Fiscalía pide blanquear a Giuzzio en causa por enriquecimiento ilícito

Bogarín Campuzano está inicialmente procesado por estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Cabe recordar que Bogarín (ya desvinculado de la Cámara de Diputados) fue vinculado a un esquema de estafas a colonos menonitas ubicado en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

Según los antecedentes, Bogarín y los demás implicados habrían ofrecido la venta de propiedades en el Chaco a las víctimas, sin embargo, nunca llegaron a concretar su entrega, pese a que el pago ya fue realizado.

Podes leer: Imputan nuevamente a Luis Montanaro, pero ahora por estafa

El juez penal de Caacupé, Augusto Acuña, otorgó el arresto domiciliario al empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque-San Bernardino, donde falleció toda una familia, el 10 de noviembre de 2024. La resolución judicial se dio a conocer ayer miércoles, luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de Caacupé.

El referido magistrado sostuvo en su resolución que desapareció el peligro de fuga y obstrucción en la investigación de parte del imputado Sanabria Vierci, por lo que corresponde el arresto domiciliario.

De acuerdo a la determinación del juez Sanabria, el acusado deberá cumplir la prisión domiciliaria en Asunción con control aleatorio, cuya comisaría del distrito deberá informar inmediatamente a esta magistratura en caso de incumplimiento de la misma. También tiene la prohibición de salir del país y cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de sustancias prohibidas.

Igualmente, tiene prohibido portar cualquier tipo de arma; tiene la obligación de comparecer a la audiencia preliminar que le será notificada; cuando el juzgado y el Ministerio público así lo requiera, bajo apercibimiento de que será declarado su rebeldía sin más trámites; así como una fianza multimillonaria que asumen sus familiares y ellos son María Lucila Rivarola de Sanabria, María Lucila de Fátima Sanabria Rivarola, María Verónica Sanabria Rivarola hasta cubrir la suma de G. 7.550.783.952.

Te puede interesar: Encarnación: un fallecido y un herido tras robo en obra de construcción

La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 miligramos por litro de alcohol en sangre.

En un automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y su hijo de tan solo cuatro años.

La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), en San Lorenzo.

Podes leer: Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas

El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú admitió la imputación por prevaricato contra la jueza de Paz Nathalia Garcete y convocó para el martes 29 de abril, para su audiencia de imposición de medidas. La magistrada fue procesad en el marco de la investigación del caso conocido como la mafia de los pagarés.

En el presente caso se tiene 61 personas imputadas entre jueces, actuarios judiciales, ujieres, oficial de justicia y abogados de firmas de cobranzas quienes deberán comparecer para las audiencias de imposiciones de medidas cautelares.

Te puede interesar: En asalto domiciliario roban mercaderías de una furgoneta

Los imputados son los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.

Así también enfrentan proceso penal las juezas suspendidas en sus funciones Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y otros.

Asimismo, la nómina de los imputados son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.

Podes leer: Filtración de Seprelad: jueza habilitada para estudiar chicanas de exfuncionarios abdistas

Dos individuos ingresaron a una obra en construcción buscando objetos de valor, pero se encontraron con dos trabajadores a quienes sometieron a golpes, debido a los cuales uno de ellos falleció en el lugar y otro quedó herido. El atraco ocurrió en una obra ubicada en el Barrio Fátima, de la ciudad de Encarnación.

Según la declaración de Venancio Encina Maldonado, de 50 años, él y su compañero Andrés Escobar, de 30 años, se encontraban juntos en la obra y este último decidió ir hasta la parte posterior de la construcción para ingresar al sanitario. Durante ese ínterin, los dos hombres ingresaron a la propiedad y con un palo redujeron a Escobar, quien se dedicaba a ser guardia del lugar.

Tras esto fueron por Maldonado, quien intentó defenderse, pero sufrió lesiones, incluyendo una fractura en el brazo. Cuando los efectivos policiales llegaron al sitio, Escobar ya no tenía signos vitales, mientras que Encina fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Encarnación.

Podés Leer: Hospital Pediátrico atiende 60 consultas diarias en salud mental, alertan

Según el encargado de la obra, esta es la sexta vez que malvientes ingresan a hurtar materiales del lugar y, hartos de esta situación, compraron una escopeta que fue robada por los desconocidos. El testigo habría proporcionado información clave sobre el ataque y la identidad de los agresores, quienes continúan con paradero desconocido.

“Mi hermano me llamó y me avisó que había personas que querían ingresar y me pidió que llame a la Policía. Llamé varias veces y nadie me atendió. Luego de minutos me volvió a llamar mi hermano y me dijo: ‘Ya nos apretaron acá y Escobar está muy mal, vení rápido’. Llegamos, llamamos a la Policía varias veces sin tener respuesta, mi hijo tuvo que ir a buscarle a la Policía”, indicó Norberto Encima, encargado de la obra y hermano del hombre herido, en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Lea También: El niño Santino ya se encuentra en Argentina para probable trasplante